Las mujeres del campo en los programas de la paz

En el tránsito de la guerra a la paz, las mujeres del campo le apuestan a su posicionamiento en el debate público, como sujetos políticos y de derechos. Su objetivo es darle eco nacional a las formas de discriminación que sufren por ser mujeres y por ser campesinas.

Diana Isabel Güiza Gómez
Diana Isabel Güiza Gómez
Investigadora y profesora
42 Seguidores111 Siguiendo

0 Debates

2 Columnas

Columna

379

0

22 de Octubre de 2017

Foto propia.

*Este texto fue coescrito con Ana Jimena Bautista Revelo, integrante del grupo de investigación “Derecho Constitucional y Derechos Humanos” de la Universidad Nacional de Colombia e investigadora de Dejusticia. 

“Somos territorio, somos vida, la paz es de las mujeres campesinas” coreaban más de 200 campesinas, en Chaparral (Tolima), el pasado domingo 15 de octubre, durante la conmemoración del día internacional de las mujeres rurales. Desde el día anterior, las lideresas estaban reunidas en el II Encuentro Nacional de Mujeres de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), que fue organizado por la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesina (ANZORC).

Las participantes provenían de distintos territorios del país y estaban acompañadas por sus familias. En el día, el colegio público Manuel Murillo Toro fue adecuado como espacio para las discusiones políticas; y, en la noche, servía de hospedaje. Mientras las mujeres debatían sus preocupaciones, sus compañeros y esposos participaban de juegos campesinos, y los niños se divertían con las actividades didácticas realizadas por estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia.

El fogón de una olla comunitaria alimentó a todos los asistentes, incluso, a quienes íbamos como observadores de este ejercicio.

En el pasado, los fusiles y los prejuicios sociales acallaron la voz de las campesinas e impidieron tejer este tipo de redes de trabajo político y de solidaridad. Como las campesinas relataron en el encuentro, ser mujer en el campo implica enfrentar ciclos de violencia en distintos espacios: en la intimidad de los cuerpos; la privacidad de las relaciones sentimentales y sexuales; la afectuosidad de las responsabilidades familiares; y el espacio público del trabajo agrario y del activismo político en las organizaciones campesinas mixtas.

Las desigualdades a las que están sometidas las campesinas se traducen en una triple jornada: la del cuidado, la de la labranza de la tierra y la del activismo en sus organizaciones territoriales.

Hoy, en el tránsito de la guerra a la paz, las mujeres del campo le apuestan a su posicionamiento en el debate público, como sujetos políticos y de derechos. Su objetivo es darle eco nacional a las formas de discriminación que sufren por ser mujeres y por ser campesinas. 

Pero sus esfuerzos de posicionamiento político aún enfrentan obstáculos por la falta de mecanismos que materialicen el enfoque de género y territorial en el Fondo de Tierras, los y el Plan Nacional de Sustitución a los Cultivos de Uso Ilícito, que fueron pactados en el Acuerdo Final.

Así lo expresaron las campesinas en el encuentro en Chaparral. El Fondo de Tierras no contiene mecanismos concretos para eliminar las barreras en el acceso y revertir el déficit de tierras de las campesinas. La formulación de los PDET aún no inicia en todos los 170 municipios priorizados y no hay un claro engranaje entre esos proyectos y los planes de sustitución. Donde esos programas ya arrancaron, la participación de las mujeres rurales ha sido marginal y sus reclamos no han sido resueltos por medio de acciones concretas.

Como ha insistido el Grupo de Género en Paz (GPAZ), la participación efectiva de las mujeres rurales es posible si, entre otras acciones, se genera un balance en la distribución del tiempo de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres, lo cual facilitaría la presencia de las mujeres en las discusiones territoriales.

Las veedurías territoriales también contribuirían a vigilar que las propuestas planteadas por las campesinas se realicen. En esos espacios sería deseable que confluyeran actores regionales como universidades y organizaciones campesinas de mujeres.

El Fondo de Tierras debe fijar metas e indicadores que permitan verificar que al menos el 50% de los 3 millones de hectáreas serán destinadas a las mujeres rurales, ya sea de manera individual o colectiva. Además, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural deben dirigirse a detectar y transformar las barreras que tienen las mujeres en el acceso a la tierra, teniendo en cuenta las diferencias regionales.

Los 11 planes nacionales que apuntan a generar bienestar para la población rural y fueron pactados en el punto 1 del Acuerdo Final (“Reforma Rural Integral”) deben incluir capítulos específicos sobre las mujeres rurales y puntualizar las tareas a cargo de las distintas instituciones. Por ejemplo, el Plan Especial de Educación Rural debe precisar qué convenios deben realizar el Ministerio de Educación, los departamentos y municipios con universidades públicas regionales para entregar becas con créditos condonables en programas técnicos, tecnológicos y universitarios a las mujeres rurales, así como apoyos a la manutención.

El Plan Nacional de Salud Rural debe fijar cómo el Ministerio de Salud y las secretarías de salud departamentales y municipales coordinarán con los hospitales públicos, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para ajustar sus servicios a las necesidades particulares de salud de las mujeres rurales, según su ciclo vital. En especial, los programas de salud deben abarcar medidas en salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y mujeres gestantes.

Igualmente, las instituciones estatales deben aprobar e implementar el tratamiento penal diferencial que el Acuerdo Final previó para las mujeres en situación de pobreza, con cargas familiares, que estén involucradas en la producción y pequeña comercialización de la coca, no tengan vínculos con delitos violentos y no hagan parte de estructuras directivas de organizaciones criminales. En esos casos, la respuesta no puede ser más cárcel. Por el contrario, el Estado debe generar condiciones de bienestar y buen vivir para estas mujeres y sus familias. 

El enfoque de género y territorial del Acuerdo Final no puede reducirse a un concepto vacío y meramente retórico. Su potencial transformador se juega en el campo de la implementación. La discusión y puesta en marcha del Fondo de Tierras, los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, los 11 planes nacionales, los PDET y los planes de sustitución deben garantizar no solo la presencia física de las mujeres.

Más que eso, los programas de la paz deben permitir que las voces de las mujeres rurales sean escuchadas cuando los fusiles se están apagado y que sus reclamos sean atendidos. ¡Solo así la paz será realmente de las mujeres campesinas!