La Reforma Rural Integral es una propuesta moderna y retadora

El acuerdo resalta la tierra como un activo para el desarrollo económico rural, pero no el único, reconociendo que la dotación de tierra por sí sola no eliminará la pobreza de las zonas rurales si no se cuenta con la provisión  eficiente de otros bienes y servicios.

Ángela Maria Penagos Concha
Ángela Maria Penagos Concha
Directora Rimisp Colombia. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
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29 de Septiembre de 2016

Uno de los errores más frecuentes al analizar el campo o lo rural en Colombia es concebirlo como un sector y no como lo que en efecto es: un espacio geográfico en el que además de actividades económicas viven personas que, al igual que los habitantes urbanos, son ciudadanos colombianos. Este error es el que comete Jorge Humberto Botero en su columna publicada en la revista Semana, al analizar el primer punto de los Acuerdos de La Habana.

Si bien su argumentación comienza advirtiendo que la visión del Acuerdo solo concibe a los territorios rurales como espacios donde viven campesinos, indígenas y afrocolombianos y no como un espacio en donde converge la actividad empresarial, termina centrándose en el enfoque tradicional y sectorial del campo colombiano.

Es claro, y ya lo advierte la Misión para la Transformación del Campo, que la brecha urbano–rural, en términos de pobreza, es bastante amplia. Más del 90% de la población dispersa es pobre o vulnerable, es decir, con alta probabilidad de caer en pobreza. Y, contrario a lo que ocurre con las zonas urbanas, la brecha se sigue ampliando para las zonas rurales. De los cuatro activos posibles en el mundo rural,  acceso a tierras, asistencia técnica, crédito y riego interpredial, el 63% de los pobladores no tiene acceso a ninguno de ellos.

También es importante precisar que las actividades económicas rurales, en general, no son rentables, precisamente por la falta de bienes y servicios sectoriales que favorezcan el desarrollo económico territorial y la inclusión social. Además, resalta la tierra como un activo para el desarrollo económico rural, pero no el único, reconociendo que la dotación de tierra por sí sola no eliminará la pobreza de las zonas rurales si no se cuenta con la provisión  eficiente de otros bienes y servicios.

Adicionalmente, el primer punto del Acuerdo ubica a los habitantes como agentes del desarrollo de sus territorios. De hecho, pareciera que para muchos los habitantes rurales tienen un grado menor de ciudadanía y que, por tanto, las políticas públicas deben orientarse a favorecer a los sectores más que a los ciudadanos y, en ese sentido, no es necesario tenerlos en cuenta al momento de tomar decisiones sobre su propio territorio.  Incluso, en el artículo mencionado, se interpreta la participación ciudadana como un proceso que genera trabas y retrasos a los procesos de desarrollo.

En mi concepto, la participación no genera incertidumbre, como lo manifiesta el Exministro. Por el contrario, permite focalizar más eficientemente la inversión pública, al conocer de primera mano las necesidades y potencialidades de los territorios rurales y sus pobladores, haciéndolos participes de las políticas de desarrollo que los afectan y ejerciendo plenamente su ciudadanía.

Además, una de las premisas del Acuerdo es que para avanzar en el desarrollo de Colombia se requiere incluir a las zonas rurales y reducir sus desigualdades, solo así será sostenible y certero, como tanto los desean los inversionistas y general todos los colombianos.

Existe suficiente evidencia, incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pone como uno de los requisitos de entrada para Colombia, la reducción de las desigualdades territoriales, así como propiciar territorios más funcionales y entender la ruralidad en sus diferentes grados para potenciar el desarrollo competitivo y sostenible de los países.

En este sentido, es posible afirmar que a pesar de que el Acuerdo no se sustenta en las directrices OCDE, son muy coincidentes los lineamientos que ahí se mencionan en la medida que buscan un crecimiento menos desigual y con mayores oportunidades para los habitantes rurales.