La participación ciudadana: ¿bloqueo o estímulo para el desarrollo?

A pesar de los esfuerzos que se dieron normativamente  para aumentar la participación democrática en la formulación e implementación de los instrumentos de desarrollo territorial, ha sido el mismo Gobierno quién ha limitado estas facultades, evidenciando un temor ante los alcances de esta autonomía, y frente a su impacto en los proyectos de interés nacional y estratégico

Milena Umaña
Milena Umaña
Investigadora Adjunta de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
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18 de Noviembre de 2016

La participación ciudadana en los Estados modernos es un derecho que se materializa a través de los espacios y mecanismos que brinda  cada democracia para permitir y fomentar la injerencia de la ciudadanía en los asuntos que tradicionalmente han sido competencia de sus corporaciones públicas. La democracia participativa busca transformar a los actores sociales y políticos en sujetos activos en el ejercicio de la política y el desarrollo de sus territorios. De esta forma, cuando los ciudadanos son realmente capaces de participar democráticamente e influir en las decisiones que los afectan es posible construir la gobernanza.

 

Cuando se logra enfocar y materializar los procesos de participación ciudadana frente a metas específicas, es posible que ésta se convierta  en  un estímulo que potencia   el desarrollo territorial, pues se convierte en un instrumento para la resolución de conflictos territoriales y de planeación. Teniendo en cuenta que en la actualidad la resolución de conflictos de este tipo se ha dado por vías jurídicas o usando los mecanismos de participación de forma reactiva y no constructiva, se debe procurar que las intervenciones de la ciudadanía sean aprovechadas positivamente, al permitir procesos basados en la confianza y el reconocimiento de los saberes que tienen los pobladores de sus territorios. Donde prevalezca el bien común, con reglas del juego claras, metas definidas y delimitada a fines concretos y medibles respecto al desarrollo territorial.

 

En el caso de Colombia, se destaca el desarrollo de un marco normativo que promueve la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos, los cuáles fueron fomentados principalmente por la Constitución Nacional y se reglamentaron en la Ley 134 de 1994. Posteriormente en la Ley Estatutaria 1757 de 2015 se establecieron los principales mecanismos de participación ciudadana: el referendo constitucional o derogatorio de una ley, la iniciativa popular, la consulta popular y la revocatoria del mandato, formulando así disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Lo anterior se complementa con lo estipulado en la Ley 388 de 1997 frente a la participación democrática en el ordenamiento territorial, la cual quedo sujeta al alcance interpretado por las entidades territoriales y los planteamientos generales que al respecto se hicieron en le Ley 152 de 1994, Ley  orgánica del plan de desarrollo frente a la coordinación con los Consejos Territoriales de Planeación.

 

A pesar de que se cuenta con un marco legal que brinda instrumentos para ejercer este deber y derecho de todo ciudadano, aún no se logra su conocimiento y apropiación generalizada, así como su pleno ejercicio, sobre todo en materia de incidencia en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial.  Al respecto, la Encuesta de Cultura Política del DANE del 2015, evidencia los pocos avances que se han dado frente los espacios de participación ciudadana, solo el 34,6% de las personas de 18 años y más afirmaron conocer o haber escuchado hablar de las veedurías ciudadanas, el  30,2% conoce las audiencias y consultas públicas y solo el 29,2% conoce los comités de desarrollo y control social en salud y servicios públicos. Lo anterior evidencia los pocos avances dados frente al conocimiento de estos mecanismos y espacios, aún falta mucho trabajo y voluntad política para lograr la eficacia en su comprensión y uso.

 

Si bien se ha logrado un mínimo avance frente al conocimiento de las herramientas de participación ciudadana, aún no se ha logrado consolidar procesos  vinculantes y activos respecto a la intervención de la ciudadanía en la formulación, discusión y ejecución de los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial, ni en los procesos de seguimiento y monitoreo a éstos. A su vez la posibilidad de esta participación se vuelve inasequible entre más alejados se encuentren la población de los centros urbanos donde se toman estás decisiones.

 

Lo anterior se enfatiza con el corto alcance que se le ha dado a la participación democrática en la toma de decisiones de estos procesos de planeación, limitándolas a un carácter únicamente consultivo.  Con lo cual no se ha logrado desarrollar un mecanismo legal e institucional vinculante que garantice que las instancias y mecanismos de participación tengan un rol decisivo dentro de los procesos de planeación territorial.

 

La limitada relevancia que se le ha dado a la participación de los ciudadanos en la agenda pública, se explica por un lado, ya que la ampliación de su alcance se ha visto como un obstáculo en los proceso de planeación e implementación de los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento territorial, argumentando que son actividades y discusiones que los retrasa y los vuelve inviables operativamente. Por este motivo, y a pesar de los esfuerzos que se dieron normativamente  para aumentar la participación democrática en la formulación e implementación de los instrumentos de desarrollo territorial, ha sido el mismo Gobierno quién ha limitado estas facultades, evidenciando un temor ante los alcance de esta autonomía, y frente a su impacto en los proyectos de interés nacional y estratégico.

 

De otra parte, estas posiciones parecen evidenciar la concepción de algunos sectores sociales, muchos de los cuáles votaron por el NO en el plebiscito, de que algunos ciudadanos tienen más derechos que otros, de acuerdo con su estatus político y económico, y por este motivo se atribuyen el derecho para decidir sobre su propio desarrollo y el de los demás. Mientras que otros ciudadanos, que a su parecer no cuentan con los mismos derechos, no deberían tener injerencia frente a temas que los afectan directamente como la minería ilegal o grandes proyectos de infraestructura, entre otros, que modifican drásticamente la configuración de sus territorios, generando impactos ambientales que son muchas veces irreversibles, y de los cuales sus pobladores sufren las consecuencias directas para su salud y bienestar. Por este motivo, el Acuerdo de participación política y ciudadana de la Mesa de negociaciones con las FARC produce tanto malestar, puesto que amplía las facultades de todos los ciudadanos para incidir en los proyectos y programas que los afectan. 

Si bien los procesos que se realizan participativamente requieren esfuerzos adicionales en términos logísticos y humanos, se debe destacar sus potencialidades para complementar y viabilizar un desarrollo territorial más efectivo e incluyente. Ya que los procesos de planeación participativa permiten reducir los conflictos que se dan por la interposición de intereses frente a proyectos y planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, al promover diálogos en donde los distintos actores de un territorio deben conciliar y concertar sus diferentes visiones del territorio, teniendo en cuenta lineamientos muy claros frente al desarrollo territorial que se quiere lograr y cómo medirlo.

Es evidente que lo que bloquea la incidencia de la participación ciudadana es producto de la incomprensión y el temor sobre su alcance, así como del desconocimiento de sus beneficios para optimizar los procesos de planeación, desaprovechando de esta forma sus potencialidades para estimular el desarrollo territorial.

 

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