¿Hay con quien hacer desarrollo rural en los territorios?

Las organizaciones civiles se están moviendo por sus territorios, acá algunos ejemplos que vale la pena conocer. 

Jaime Piedrahíta Yepes
Jaime Piedrahíta Yepes
Consultor Desarrollo Rural y Territorial
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29 de Marzo de 2017

En el proceso de construcción de la institucionalidad y de los lineamientos para la implementación de la política de desarrollo rural desde los territorios, se identifica el tema de la participación ciudadana como uno de los ejes centrales sobre el cual se plantea estructurar la transformación del campo.

La recuperación del tejido social de las comunidades rurales en los espacios que han sido objeto del conflicto armado y de bandas criminales, en donde líderes y miembros de organizaciones sociales han sido objetivo militar durante años, genera condiciones bien difíciles de superar.

La ausencia de espacios de concertación en la gestión pública, ha sido otro factor que ha socavado la participación ciudadana y la confianza en la institucionalidad para amplios sectores rurales.

Sin embargo, pese a estas circunstancias negativas, ha existido en Colombia un amplio número de experiencias en donde organizaciones de la sociedad civil han logrado enormes éxitos transformadores de las condiciones de vida de cientos de familias en el campo.

La participación de la Iglesia Católica en la creación de escenarios de desarrollo social y económico en zonas caracterizadas por altos niveles de violencia, ha sido destacable.

Casos como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el retorno de poblaciones desplazadas, el impulso de zonas de reserva campesina, como la del Valle del Río Cimitarra, lideradas por el padre Francisco De Roux desde la Compañía de Jesús, han permitido arrebatarle a la guerra amplio número de comunidades.

Destacados han sido los trabajos desarrollados por el padre Ramón Gonzales Parra, en el Departamento de Santander, que tuvieron como resultado la construcción de toda una red de Cooperativas con la participación de cientos de asociados.

Pastoral Social, en diversos espacios, ha logrado transformaciones sustantivas en comunidades azotadas por la guerra.

Ejemplos de alianzas de organizaciones no gubernamentales y campesinas con el sector empresarial y entidades estatales, como el caso de la Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco (CORDEAGROPAZ), con el desarrollo de proyectos productivos en  palma de aceite, cacao, camaronicultura y micronegocios urbanos, en los cuales se han incorporado a más de 30 asociaciones de productores y generado cientos de empleos.

 Experiencias como las de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en los municipios de Granada, San Carlos y Cocorná (Oriente antioqueño) que, con aportes directos, gestión y alianzas con el sector público y privado, hicieron férrea resistencia pacífica a la guerra, reconstruyeron sus pueblos y han logrado el retorno de cientos de familias desplazadas por la violencia.

Organizaciones civiles como el Comité Interinstitucional de Granada (Antioquia) que, en alianza público-privada, reconstruye el municipio y se convierte en el brazo derecho de la administración municipal desde hace ya varios años.

La respuesta de las comunidades en resistencia pacífica al conflicto armado, ha mostrado la capacidad de la sociedad civil de reconstrucción de sus vidas, tal como lo han hecho las Comunidades de Paz en Urabá, en donde al menos 58 poblaciones campesinas agrupadas en cuatro comunidades de paz: San José de Apartadó, San Francisco de Asís, Riosucio y Natividad de María, en Curvaradó - Choco, han logrado neutralizar a los actores armados y encontrar rumbos de desarrollo.

Igual lo han hecho los Indígenas del Cauca, Paeces y Yanaconas, que llevan años luchando por impedir su involucramiento en el conflicto armado. Tal es el caso, por ejemplo, de los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco.

El papel jugado por los comités y cooperativas de cafeteros en zonas afectadas por la violencia, ha permitido que decenas de municipios hayan podido continuar sus vidas en los territorios afectados por el conflicto.

Movilizaciones sociales de resistencia pacífica y participación ciudadana, como las que se han dado a través de las Asambleas Municipales Constituyentes, que se inician en el municipio de Mogotes Santander, seguida por Tarso (Antioquia) y otras muchas iniciativas similares en el país, han permitido neutralizar a los actores armados y transformar los municipios.

Otros muchos casos similares se han dado en todo el entorno nacional como: el Alto Ariari (Meta), Cimitarra (Santander), Apartadó (Urabá), Barrancabermeja (Santander), las mujeres de María la Baja (Bolívar),[i] Sur de Bolívar, …

Iniciativas como las de presupuestos participativos, de las cuales ya existen un buen número, han llevado a una efectiva participación de las comunidades en la determinación del destino de algunos recursos de inversión de municipios y logrado una apropiada veeduría ciudadana sobre ellos.

Interminable sería hacer un recuento, por breve que sea, que dé cuenta del enorme potencial humano y social que existe en la Colombia rural dispuesto a la reconstrucción de los territorios.

El PNUD, en la formulación del proyecto: “Capacidades Locales para la Paz”, identifica, en el 2.016, la existencia de al menos 800 organizaciones en 125 redes de organizaciones sociales[ii] con las cuales se ha venido teniendo relación y que constituyen un invaluable patrimonio social.

Otra muestra de la capacidad de respuesta de la sociedad civil en los territorios, se refleja en la respuesta a las convocatorias del Premio Nacional de Paz con más de 800 proyectos en solo tres convocatorias.

La enorme riqueza que poseen quienes construyeron paz y desarrollo en medio de la guerra, a riesgo de sus propias vidas, se convierte en un invaluable capital social para la transformación del país rural.

La acción institucional articulada y con la participación de estos actores de la sociedad civil, será la pieza clave del desarrollo territorial. Diagnósticos participativos, priorización de necesidades, planificación participativa, cogestión y veeduría ciudadana, son elementos clave para una adecuada intervención con enfoque territorial.

Enorme riesgo se corre cuando las intervenciones institucionales se realizan de manera descoordinada y sin horizontes de desarrollo territorial claros, pues en lugar de fortalecer el tejido social de las comunidades, lo que se logra es generar disputas internas y el fraccionamiento de las organizaciones locales.

 

[i] El Tiempo. Noviembre 25 de 2001

[ii] PNUD. Proyecto Alianzas Territoriales para la Paz y el Desarrollo. 2.016