¿El acceso a la tierra propuesto en los acuerdos de paz es una idea Castro-Chavista?

Quizás a lo que el senador Uribe hace referencia como “castrochavismo” esté relacionado con los profundos conflictos que subsisten en el ordenamiento social y productivo de la ruralidad colombiana; cuyo primer nudo gordiano se sitúa en la desigualdad manifiesta.

Carlos Duarte
Carlos Duarte
Línea de Investigación en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales - Universidad Javeriana de Cali.
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07 de Septiembre de 2016

El punto número uno del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” se titula “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”. Esta parte del Acuerdo puede resumirse en tres ejes fundamentales: i) Dotación y formalización de tierras para el campesinado sujeto de reforma agraria; ii) Construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs); y iii) Construcción de la infraestructura y servicios necesarios para impulsar los motores del desarrollo regional. El presente texto se concentrará en analizar el primer apartado relacionado con el ítem de dotación y formalización de tierras para el campesinado.

 

La Mujer rural

Antes de comenzar con el análisis del ítem anunciado, me parece necesario mencionar la importancia que se le otorgó al enfoque de género en el texto. La mujer rural es un protagonista que atraviesa tanto el Punto uno, como el Acuerdo en su totalidad. Nada más justo para el sector con mayor marginación y desprotección de nuestra sociedad.

En Colombia se estima que el número de campesinos puede estar rondando los 10.5 millones de personas, de las cuales la mitad correspondería a mujeres. A su vez, se calcula que cerca de 2.470.000 mujeres se encuentran en condición de pobreza en el país (OXFAM 2015).

Por otro lado, según el informe de la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1448 de 2012, la condición en que viven las mujeres muestra que un 52.7 por ciento de ellas señaló haber sido víctima de control por parte de su esposo, hijos y hermanos; mientras que un 29.9  por ciento manifestó haber sido amenazada por su esposo (PNUD 2011). A pesar que la Ley 731 de 2002 (Ley de Mujer Rural) representó diversos avances en el camino de acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural, sorprende la precariedad de las cifras necesarias para orientar la política pública. En la actualidad, es imposible conocer cuál es el volumen total de mujeres propietarias, ni a cuántas se les ha adjudicado tierra históricamente.

De igual manera, el machismo estructural de nuestro campo ha significado que para las mujeres sea muy difícil acceder a las convocatorias de política pública: “[…] puesto que al tener al cuidado el hogar, los hijos, la falta de medios económicos e incluso la violencia, se ven menos expuestas a ser beneficiadas, y por ende menos atendidas por las instituciones, aun cuando estas se hagan con inclusión de hombres y mujeres por igual” (Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas 2015:22). En esta medida, para que las reivindicaciones de género no se queden en letra muerta del Acuerdo, la implementación del mismo deberá cuidarse de no otorgar solamente espacios de representación a las organizaciones de mujeres rurales, sino que deberá preocuparse por atacar los factores condicionantes de la inequidad como el acceso a la educación, la propiedad de la tierra y el crédito agrario.

 

La cuestión de la tierra en el escenario de post-acuerdo

En cuanto al acceso y uso de tierras el Acuerdo plantea la creación del famoso Fondo de Tierras. Este Fondo tendrá un carácter permanente y dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 10 años de creación, que provendrán de las siguientes fuentes: tierras resultantes de extinción de dominio, baldíos indebidamente ocupados, Zonas de Reserva Forestal, tierras inexplotadas por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, tierras adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública y, finalmente, tierras donadas por privados en el marco de la construcción de paz.

De igual manera, se ofrecerán subsidios integrales y créditos para compra de tierra destinados a trabajadores con vocación agraria.

Por otro lado, se realizará un proceso de formalización masiva de 7 millones de hectáreas, con el propósito de regularizar y proteger los derechos de las personas que sean legítimas dueñas y poseedoras de la pequeña y mediana propiedad rural. En este sentido, se priorizarán las áreas correspondientes con los PDETs, las Zonas de Reserva Campesina y otras que el gobierno defina. Igualmente, se acordó que tanto las tierras provenientes del Fondo de Tierras, como la de procesos de formalización, serán inalienables e inembargables por un periodo de 7 años. 

Una vez puestas las condiciones anteriores, un análisis preliminar con referencia a los mecanismos de acceso a tierras en un contexto de post-conflicto podría arrojar el siguiente balance.

En primer lugar, el Fondo de Tierras podría estar compuesto por los 2.5 millones de hectáreas de recuperación de baldíos indebidamente adjudicados, que fueron identificados en el trabajo conjunto entre el INCODER en liquidación y la Oficina de Superintendencia y Registro en el 2012. De igual modo, habría que adicionar los predios en extinción de dominio al narcotráfico que suman alrededor de 50 mil hectáreas. De esta tierra incautada al narcotráfico, generalmente ubicada en lugares con una alta vocación agraria, el INCODER ha solicitado históricamente 229 predios al Consejo Nacional de Estupefacientes.

Sin embargo, a la fecha solo se ha podido acceder materialmente a 4 de ellos. A este respecto, basta con revisar el desorden y la mala fe institucionalizada que tuvo como desenlace la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes – DNE, ente administrador de los predios incautados al narcotráfico; así como el pobre nivel de ejecución de su sucesora, la actual Sociedad de Activos Especiales - SAS.

Así las cosas, el recorrido histórico de los fracasos y la corrupción de las instituciones encargadas del sector agrario se remontan tiempo atrás de los Acuerdos de La Habana y, como ha mostrado el excelente trabajo del Observatorio de Tierras Rurales dirigido por el profesor Francisco Gutiérrez Sanín, éstos se relacionan directamente con los mecanismos de despojo institucionalizado que se instituyeron en diversos lugares del país. Como vemos, para estas tierras del Fondo puedan pasar a manos de campesinos se ha visto necesario implementar una contundente renovación de la institucionalidad agraria, si bien su eficiencia se evidenciará en los años por venir.

En segundo lugar, ocupémonos de los 7 millones de hectáreas provenientes de la formalización a la propiedad rural. Es muy posible que dicha cifra esté compuesta por procesos de sustracción de Zonas de Reserva Forestal (con un potencial cercano a los 3 millones de hectáreas a sustraer); así como por las dinámicas de legalización masiva a los baldíos de la nación, a ser realizadas utilizando la metodología de barrido predial “in situ” tal y como lo anunció Miguel Samper, nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras.

En este punto vale la pena subrayar que la formalización de la propiedad rural es una necesidad que precede largamente las discusiones del Acuerdo entre las FARC y el Estado colombiano. El nivel de la informalidad de la propiedad rural en el país es realmente alarmante. De acuerdo con las cifras del Programa de Formalización Rural del Ministerio de Agricultura se estima que a marzo del 2016 existen 3.691.205 predios rurales, de los cuales cerca de 2.030.163 no tienen títulos de propiedad. Igualmente importante para el proceso de formalización es que el Estado dé cumplimiento a la Sentencia T-488 del 2014 que -por increíble que parezca- obliga al Estado a identificar los baldíos de la nación, ya que al momento no se tiene certitud al respecto.

Bajo el anterior contexto, la construcción del Catastro Multipropósito es el eje estructurante de la propuesta de Reforma Agraria Integral. Dicha herramienta es la joya de la corona de la modernización agraria institucional, en la medida en que aspira a constituir un sistema de información eficiente que articule el registro de la propiedad con el catastro rural. Sistema que, a su vez, permita que los datos anteriores puedan cruzarse con información relacionada con el uso efectivo del suelo y con datos sociodemográficos desagregados como, por ejemplo, sexo/género y etnia. Si se tiene alguna duda de la importancia del Catastro Multipropósito, de la identificación de los baldíos y de los procesos de formalización de la propiedad rural, basta con revisar el “Informe de seguimiento a lo ordenado en la Sentencia T-488 de 2014”, realizado por la Contraloría General de la República en 2015. En dicho informe:

“Se evidencia con meridiana claridad la importancia de desarrollar adecuadamente el punto de formalización y actualización de los baldíos, puesto que de lo contrario se podrían plantear el surgimiento o consolidación de problemas, sociales, económicos y de orden público como:

(i) No hay información suficiente para dimensionar el área sembrada en agricultura o dedicada al pastoreo, y quiénes desarrollan actividades productivas o rentistas, lo que facilita que quienes concentran la propiedad de la tierra, mantengan un statu quo de exclusión y de inequidad, que son combustible para el conflicto.

(ii) No permite que se desarrollen políticas públicas con un enfoque de territorio, que no acentúe el desarrollo únicamente en la agricultura sino en todos los recursos que existan en la zona.

(iii) Expone los territorios y sus habitantes a las fuerzas ilegales del mercado que buscan explotar estos recursos en actividades como el narcotráfico o minería ilegal.

(iv) Al no haber información sobre los predios, éstos pueden caer fácilmente bajo una disputa armada por su control, para amparar intereses que definen qué actores ejercen su control por la fuerza con el fin de imponer la forma de usar el suelo.

(v) Facilita que dentro de la dinámica social del campo, en donde se encuentra asentada población desplazada ésta pueda ser objeto de amenazas o crímenes.

(vi) Sobre territorios sin información catastral, grupos armados de presión irrespetan las formas constituciones de organización del territorio propias de los indígenas y afrodescendientes.

(vii) Todo lo anterior afecta de manera contundente la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y los planes de vida, que se constituyen en amenazas directas a la seguridad local, regional y nacional”. (Citado del Auto 222 de 2016 - Cumplimiento de las órdenes emitidas en la sentencia T-488 de 2014. Pg. 6). 

 

Para concluir:

En un evento que tuvo lugar el pasado viernes en la Universidad Javeriana de Cali, donde se buscó generar un espacio de socialización a los argumentos a favor del “No” para el Plebiscito que refrendará el Acuerdo de La Habana, un estudiante le preguntó al Senador Álvaro Uribe Vélez qué opinión le merecía el Punto Número uno del Acuerdo, específicamente la construcción del Catastro Multipropósito. Renglón seguido, el Senador contestó que ese era el primer paso para que el castro-chavismo se implementara en nuestro campo colombiano. Cito este caso porque permite evidenciar el nivel de la información que está circulando en la opinión publica.

A este respecto, y luego de este primer ejercicio de análisis, me parece que una conclusión objetiva con referencia a las vías para proveer de tierra a los campesinos sujetos de reforma agraria es que ni el Fondo de Tierras, ni los procesos de formalización de la propiedad representan novedades reales para el campo colombiano. Ambas estrategias están compuestas por fuentes preexistentes a los Acuerdos de Paz, las cuales no han podido implementarse por problemas relacionados con la inoperancia y la corrupción de las instituciones agrarias responsables.

De igual manera, el Catastro Multipropósito, lejos de representar cualquier intento de reforma cercana al espectro de izquierda, realmente significa el mínimo común necesario para modernizar cualquier instancia de planificación agraria, así como para intentar remediar el actual desorden de nuestro ordenamiento rural. En este sentido, es necesario recordar dos premisas. Primero, que el ordenamiento del suelo, la formalización de la propiedad y el acceso a tierras por medio de la adjudicación de baldíos están lejos de considerarse verdaderos programas de Reforma Agraria en el sentido clásico; más bien, son postulados bastante cercanos a los formulados por la Nueva Ruralidad. Como segunda premisa hay que recordar que el paradigma de la Nueva Ruralidad ha sido fuertemente criticado desde los sectores más cercanos a la izquierda política y, por el contrario, encuentra su bastión ideológico en el liberalismo y la modernización productivista de los procesos agrarios.   

Quizás a lo que el senador Uribe hace referencia como “castrochavismo” esté relacionado con los profundos conflictos que subsisten en el ordenamiento social y productivo de la ruralidad colombiana; cuyo primer nudo gordiano se sitúa en la desigualdad manifiesta entre la función social de la propiedad, el uso efectivo del suelo en ganadería de engorde y la potencial vocación agraria de nuestro campo. Pero dicho elemento, al igual que el papel de las figuras de ordenamiento y gobierno territorial, como las Zonas de Reserva Campesina, y el rol que jugarán otras figuras no mencionadas en el Acuerdo, como las Zidres, serán objeto de una siguiente entrega.

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