Después de la dejación de armas de las Farc en qué va la sustitución de cultivos de coca

 ¿Qué hace de este un programa innovador y comprometido con la transformación del campo colombiano? ¿Más de lo mismo? ¿No será que el Gobierno está improvisando en su peculiar interpretación del acuerdo de sustitución?

César Jerez
César Jerez
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27 de Junio de 2017

Después de los tumbos que dio el gobierno en 2016, dando mensajes encontrados en diferentes territorios, como si la gente no se hablara a pesar de las distancias, el Gobierno suspendió actividades preparatorias tras el plebiscito, porque simplemente no se sabía qué iba a pasar.

 

Luego, con el Acuerdo Final del Teatro Colón en mano, y tras el anunciado lanzamiento del Programa Nacional Integral de Sustitución, en enero, que se refería solo a apartes de lo Acordado en La Habana y no a todos los compromisos, Gobierno y Farc-Ep formalizaron recorridos de socialización y firmas de Acuerdos por casi todo el país.

 

En mayo, se les vio de la mano de organizaciones sociales en Putumayo, Caquetá, Meta, Antioquia, Cauca, Bolívar, Córdoba, Nariño, Valle, Guaviare, con un folleto explicativo.

 

Entre fotos y videos, se vio a Santos, a Pardo y a Eduardo Díaz iniciando la “implementación” en terreno, arrancando matas de coca y sembrando una mata de plátano para el show publicitario. En todos esos lugares estuvieron miembros de las Farc. Pero ningún guerrillero salió en las fotos arrancando matas de coca previamente “ablandadas”. Tres mil familias campesinas creyeron y firmaron un registro para recibir los primeros recursos del Plan de Atención Inmediata - PAI y arrancar sus matas. Mientras tanto en otros territorios el Gobierno no cumplía la cita, dejando plantados a los campesinos después de horas de recorrido: Antioquia, Córdoba y Catatumbo en Norte de Santander.

 

Acabó mayo y un Decreto–Ley le dio vida jurídica al PNIS. Pero algo pasó. Por un lado, no se convoca a las organizaciones porque sigue faltando el decreto que reglamenta el Pnis o no se quiere legitimar procesos bien organizados de sustitución como el de Ascamat en el Catatumbo. Por otro, aunque continúan las reuniones, acuerdos, y hasta los primeros pagos del PAI, también ha habido cancelaciones. Se dejó a la gente citada en El Charco, Nariño, porque no hubo tiquete para el integrante de las Farc-Ep, y en Valdivia, por temas de seguridad (cabe preguntarse ¿solo importa la seguridad de los funcionarios y de los integrantes de las Farc? Si ni la Policía ni el Ejército entran a esas zonas rurales, ¿qué significa para el Gobierno la seguridad de las comunidades campesinas?).

 

De seguridad para los campesinos poco, la presión de las cifras, del hectareaje de los cultivos de coca, del Departamento de Estado gringo en la era Trump y de los negociantes corruptos de los contratos de fumigación y erradicación viene haciendo de las suyas con acciones de fuerza, fumigaciones manuales terrestres con el cancerígeno glifosato y erradicaciones violentas, violaciones sistemáticas de los derechos humanos en territorios campesinos con consenso construido hacia la sustitución e incluso con acuerdos ya firmados. La esquizofrenia del Gobierno al querer erradicar y sustituir al mismo tiempo acaba la confianza y genera incertidumbre, ilegitima a la institucionalidad del Estado, ahora las órdenes de batalla del ejército consisten en erradicar hectáreas de coca.

 

Se sabe, además, que la mayoría de los gastos logísticos del aprestamiento de los acuerdos locales están corriendo por la generosidad y el compromiso de los funcionarios y contratistas de la Dirección de Lucha contra las Drogas. Gastos de hotel, alimentación y transporte.

 

Si lo mínimo de funcionamiento no está garantizado, ¿cómo creerá la gente que el Pnis tiene garantizados los $36 millones ofrecidos a cada familia para la fase del PAI? ¿Dónde está el dinero de los PISDA? Se habla de una fiducia, de una carta de garantía... En estos momentos, gente de Briceño, Tibú, Puerto Asís está arrancando sus matas de coca. ¿Contra qué garantía frente al cumplimiento? Con un primer pago de 2 millones de pesos. ¿Y dónde está la Asistencia Técnica ofrecida desde el primer día? ¿Dónde los estudios de suelos para saber qué es lo mejor para sustituir? ¿Dónde al menos los estudios de vías para saber qué se requiere? ¿Y la ruta de comercialización? ¿Y la formulación de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo – PISDA? ¿Y la sustitución dentro de los Parques Nacionales Naturales -PNN, que se hará según el Decreto Ley de acuerdo al marco normativo vigente? El decreto –ley impide las actividades agropecuarias campesinas y los sistemas sostenibles al interior de estas áreas protegidas. ¿Cómo entonces implementar el PAI y el Pisda en PNN?

 

Si es un despropósito decir que el anunciado PAI es insuficiente, ¿no lo es forzar a los campesinos a arrancar su sustento sin garantías?

 

Para no hablar de incumplimiento a las Farc en las Zonas Veredales, porque el interesado acá no son directamente las Farc sino el campesinado, si este es el programa de avanzada de la implementación, dirigido a los campesinos, ¿cómo será el resto? Ya conocemos de la desfinanciación del día a día y del retraso en los compromisos. ¿Es otra vez lo mismo? ¿Qué hace de este un programa innovador y comprometido con la transformación del campo colombiano? ¿Más de lo mismo? ¿No será que el Gobierno está improvisando en su peculiar interpretación del acuerdo de sustitución?