Cuando la tierra se corrompe II

Esta es la segunda de dos entregas en las que se analiza el caso de la corrupción en el sector tierras. Después de haber examinado el panorama de este fenómeno a escala global, abordaremos ahora en detalle el caso colombiano. 

Andrés Hernando Bodensiek
Andrés Hernando Bodensiek
Estudiante de Maestria
138 Seguidores63 Siguiendo

1 Debates

4 Columnas

Columna

448

0

03 de Diciembre de 2017

Esta entrada se encarga de analizar el fenómeno en el contexto de la historia reciente de Colombia. Con una aclaración inicial: en el mapa presentado en la entrega anterior Colombia aparece en blanco, esto no quiere decir que en el país no haya corrupción registrada en el sector, sino simplemente que Lanmatrix no cuenta con la información. A contnuación algunos casos que pueden servir de ilustración.

 

Cuando hasta la tierra la corrompen: el caso colombiano

En un documento publicado por la agencia de cooperación del Reino Unido titulado Tackling corruption in land governance (siguiéndole el rastro a la corrupción en la gobernanza de la tierra), se lee lo siguiente: “El análisis de la economía política permite una comprensión más profunda de las relaciones de poder, en particular, la distribución del poder y la riqueza entre los actores y las dinámicas subyacentes que sustentan estas relaciones (Koechlin, L., Quan, J., and Mulukutla, H, 2016, p. 8.)”. Guardemos esta premisa para la comprensión del caso colombiano. 

Colombia podría ser reseñada fácilmente en cualquiera de los documentos citados en la primera parte. Sin profundizar en la contrarreforma agraria que supuso el conflicto de más de 50 años, que implicó el despojo de más de 350,000 propiedades rurales por toda suerte de actores armados -entre las que se cuentan las más de 245.000 ha. que han declarado poseer los miembros de las FARC- y que dicen, algunos estudios, tomaría más de 100 años restituir, puede afirmarse que la corrupción en el sector tierras es otro síntoma del cáncer que corroe el andamiaje institucional colombiano de forma sistémica. Como se verá a continuación, el prontuario criminal es extenso, y como de costumbre implica a miembros de la mayoría de partidos tradicionales.

En el caso de corrupción más reciente, el de la justicia, en medio del circo de versiones y acusaciones cruzadas también la tierra ha jugado un papel importante como destino final de los dineros que los sindicados se apropian como producto de su actuar delictivo. Veamos esta situación con más detalle.

Recientemente, la Fiscalía General de la Nación, dentro de esas actuaciones de eficacia judicial que contrastan con los señalamientos a quien la dirige, ocupó cuatro fincas de propiedad del exgobernador de Córdoba por el Partido de la U, Alejandro Lyons, que suman un total de 525 hectáreas valoradas en más de 4.100 millones de pesos. Los terrenos están ubicados en las inmediaciones del municipio de Sahagún, Córdoba (El Espectador, 7 de noviembre de 2017).

Otros de los implicados en el denominado Cartel de la Toga, al parecer también destinaron parte de los dineros que obtuvieron de forma ilícita para adquirir tierras. El exmagistrado Francisco Ricaurte le figuran, dentro de las investigaciones a su patrimonio, tres lotes en el departamento de Boyacá por un valor de 300 millones de pesos. Mientras que su colega, Camilo Tarquino también adquirió durante su tiempo en la Corte una propiedad rural en el municipio de Pacho, Cundinamarca (El Tiempo,  17 de agosto de 2017).

El otro escándalo de amplias dimensiones, el de la constructora brasilera Odebrecht, que asegura haber financiado las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en dos ocasiones y de Oscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático en 2014, también toca tierra, esta vez en los Montes de María. Según las investigaciones, el excongresista del Partido Liberal, Otto Bula, el “flecho” de Odebrecht para contactar la Campaña Juan Manuel Presidente, habría adquirido propiedades rurales que suman más de 433 hectáreas en esa zona del país, con plata corrupta y además en fincas que terminaron en manos de la cementera Argos luego de que él se las vendiera. Estos predios aparecen mencionados en al menos dos fallos de restitución de tierras pues sus dueños originales fueron víctimas de amenazas en el proceso de venta y de desplazamiento forzado (El Espectador, 22 de abril de 2017).

No menos sombrío es el caso conocido como “Las Tulapas”, que implicó el despojo de más de 100 predios a agricultores de la zona del Urabá orquestado por paramilitares con la ayuda del Fondo Ganadero de Córdoba y que terminó con una investigación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias al entonces director de la Policía Nacional el General Rodolfo Palomino (El Espectador, 8 de mayo de 2017). 

Para brindar un panorama más amplio sobre las profundas implicaciones de este asunto recordemos un par de casos más:

En mayo de 2017 el periodista José David Escobar, documentó de forma detallada también en el diario El Espectador (6 de mayo de 2017), el proceso que la justicia colombiana le adelanta a la transnacional italo-española Poligrow por el supuesto despojo de 1.000 ha. en el tristemente célebre municipio de Mapiripán, Meta.  Además de esas acusaciones la investigación revela que la empresa fue sancionada con una multa de 47 millones de pesos por la autoridad ambiental del departamento, Cormacarena, por el uso sin los debidos permisos y por la contaminación por vertimientos en fuentes de agua aledañas.

Acusaciones similares por apropiación ilegal de predios baldíos en la altillanura han sido denunciadas por el hoy candidato presidencial Jorge Robledo contra las empresas Cargill (EE. UU), Pacific Energy (Canadá/Venezuela, hoy liquidada) y Mónica Semillas (Brasil). Estas empresas tendrían en su propiedad más de 66.000 ha. de terrenos de la nación en esa zona, en las que se implementará la recién aprobada ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) que busca entregar en arriendo grandes extensiones de tierra principalmente a transnacionales para que se asocien con pequeños agricultores, y que según el exministro del interior, Juan Fernando Cristo, es "es totalmente complementaria con lo pactado en la Habana" en materia de tierras (El Espectador 15 de septiembre de 2016).

Un miembro del mismo partido de Robledo, el excongresista Wilson Arias, quien también lideró las denuncias sobre el tema de los baldíos en la altillanura, dirigió en el 2013 una carta a uno de los hombres más adinerados de Colombia, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, dueño de más del 30 % de los activos financieros del país, en la que puede leerse:

“(…) en mis averiguaciones he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad. Así, por ejemplo, su Organización Pajonales S. A. acumula más de 4.000 hectáreas en una zona donde la Unidad Agrícola Familiar alcanza las 699 hectáreas. Considerando solo Pajonales, usted ya ha violado con creces la prohibición de acumular baldíos. ¿De dónde surge su derecho a postularse para acceder a los créditos SUBSIDIADOS por el Estado colombiano, a través de Finagro por valor de 35.600 millones de pesos, mientras usted en sus bancos cobra a los colombianos intereses cercanos a la usura? (Polo Democrático, 2013)”.

Desde la perspectiva de las responsabilidades políticas no sobra recordar las acusaciones e investigaciones que han existido contra varios exministros del ramo durante los últimos dos gobiernos empezando por Andrés Felipe Arias (Partido Conservador), hoy preso en EE.UU por el caso Agro Ingreso Seguro (que destinó subsidios por más de 8.5 millones de dólares de dinero públicos a reconocidas familias aportantes de la Campaña Uribe Presidente), pasando por los exministros Rubén Lizarralde (Conservador), y Aurelio Iragorri (Partido de la U), quienes se declararon impedidos para tramitar leyes relacionadas con baldíos pues familiares suyos aparecen mencionados en procesos judiciales que implican tierras de propiedad pública por 5.064 hectáreas en cuatro predios y 3.816 hectáreas en tres predios respectivamente (Revista Semana, 5 de septiembre de 2017).

No se puede pasar por alto el caso Navelena-Odebrecht, en el que parece implicado (vaya casualidad) de nuevo el nombre del actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez. El caso tiene que ver con el sector tierras y la corrupción en este, pues un banco público cuyo objeto es la financiación de los agricultores, terminó prestándole 120.000 millones de pesos (más de 40 millones de dólares) a la corrupta transnacional brasilera y a su socio colombiano, Luis Carlos Sarmiento Angulo, amigo personal y cliente del actual fiscal. Aunque luego de las denuncias del economista José Roberto Acosta y de Robledo, Navelena-Odebrecht pagó el crédito a Banco Agrario con recursos públicos provenientes de Cormagdalena (el colmo), ahora pretenden ganarse $195.569 millones más con una demanda arbitral (¡tras de ladrones, bufones!). En eso va este caso que valió la apertura de investigaciones penales a varios miembros de la junta directiva de esa entidad bancaria.

En Colombia hasta la tierra la corrompen y en su injusta distribución, probada por un vergonzoso índice de GINI del 0.86 que se traduce en que más del 60 % de las propiedades rurales son de un tamaño superior a 200 ha. y están en manos del 1 % de los propietarios (UPRA, 2015) y en la forma criminal como ha sido apropiada al menos en las últimas cinco décadas está la clave de muchos de nuestros problemas como nación.

Por último, incorporo el pertinente comentario que hizo a este artículo la antropóloga Laura Gutiérrez, a quién agradezco su contribución, sobre las razones de fondo que vinculan a la tierra con la corrupción:

 "(…) la tierra en Colombia no solo da poderío económico sino también político, de control territorial y poblacional. Es decir, esto explica, por dar solo un ejemplo, la razón por la cual el gran latifundio, aunque sea improductivo, funda el poder político y territorial de las élites locales en muchas regiones del país. De igual forma, el acceso a la tierra no está relacionado solo con agronegocios convencionales o transgénicos como sucede en la altillanura, sino que es un tema lucrativo en muchos otros aspectos: para especulación con la tierra o para inversiones en gran minería, obras de infraestructura hidroeléctrica o vial, agrocombustibles, etc. Además, la corrupción se da porque no hay un catastro actualizado lo que genera, entre otras cosas, unas grandes inequidades en el pago de impuesto predial".

Para empezar a cambiar esta inequitativa realidad que refleja nuestro bajo nivel de progreso social, lo primero que hay que hacer es remover por medio de las elecciones a los dirigentes de siempre de la cúpula del Estado. Sin ese requisito inicial, es difícil que algo comience a cambiar.

 

 

 

Fuentes:

El Espectador. (15 Sep 2016). “La ley Zidres es totalmente complementaria de lo pactado en La Habana”: Mininterior. Consultado el 8 de noviembre de 2017.

El Espectador. (6 May 2017). Carlo Vigna Taglianti, director de la multinacional Poligrow, va a juicio.

El Espectador. (22 de abril de 2017). La historia de los posibles despojos de Otto Bula en los Montes de María. En : Consultado el 8 de noviembre de 2017.

El Espectador.  (8 May 2017). El origen de los cargos a Rodolfo Palomino. Consultado el 20 de noviembre de 2017.

El Espectador. (7 de noviembre de 2017). Ocupan bienes del exgoberador de Córdoba, Alejandro Lyons, por $4.100 millones. En: Consultado el 8 de noviembre de 2017.

El Tiempo (17 de agosto de 2017). Esta es la fortuna de los exmagistrados bajo la lupa de la justiciar. En Consultado el 8 de noviembre de 2017.

GIZ. (2017). Land Governance and its importance for Sustainable Development GIZ Student’s Day 2017.

Koechlin, L., Quan, J., and Mulukutla, H. (2016). Tackling corruption in land governance. A LEGEND Analytical paper.

FAO (2011). Corruption in the land sector. TI Working Paper # 04/2011.

Revista Semana. (5 de septiembre de 2017). Uribe, familiares de Iragorri, Lizarralde y otros, en líos por baldíos. Consultado el 8 de noviembre de 2017.

Nolte, Kerstin; Chamberlain, Wytske; Giger, Markus (2016). International Land Deals for Agriculture. Fresh insights from the Land Matrix: Analytical Report II. Bern, Montpellier, Hamburg, Pretoria: Centre for Development and Environment, University of Bern; Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement; German Institute of Global and Area Studies; University of Pretoria; Bern Open Publishing.

Polo Democrático, (2013). En carta abierta a Sarmiento Angulo, representante Arias solicita devolución de tierras y recursos de los colombianos. En Consultado el 8 de noviembre de 2017.

UPRA (2015). Distribucion de la propiedad. En: Consultado el 8 de noviembre de 2017.