Consulta popular en Cajamarca: ¿Lecciones aprendidas?

Resulta necesario plasmar algunos interrogantes de índole jurídico del futuro de la industria minera en el país luego de realizada la consulta popular en Cajamarca (Tolima) el pasado domingo 27 de marzo, donde sus habitantes votaron No a la minería en su territorio.

Luis Felipe Guzmán Jiménez
Luis Felipe Guzmán Jiménez
Investigador
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29 de Marzo de 2017

Lo ocurrido en Cajamarca (Tolima) el pasado domingo ratifica la urgencia, necesidad y conducencia de surtir en el país megadiverso un debate serio, ponderado y argumentado entre la voluntad popular y las garantías de las empresas mineras para invertir en el país; es decir, discernir en torno a la eficacia de la política minera en las regiones.

Hoy existen muchos que cuestionan la legitimidad, vinculatoriedad y perentoriedad de la consulta realizada en la que el 97,92% de los votantes dijeron No a la minería a cielo abierto en su territorio, es decir 6.165 habitantes de Cajamarca, mientras que por el Sí lo hicieron 76 personas, equivalentes al 1,21 %, y según las estadísticas de la Registraduría Nacional del Estado Civil, votó el 38,6 % del potencial electoral, lo cual tampoco representa una amplia legitimidad democrática local.

Ahora bien,  el choque argumentativo se da entre la organización unitaria del Estado y la autonomía de las entidades territoriales, esta colisión debe ser abordada por el órgano legitimado el cual es el Congreso de la República, como foro democrático que representa los intereses de los asociados, como es posible que no ocurra, será la Corte Constitucional o el Consejo de Estado quienes evalúen el debate y propongan fórmulas de arreglo constitucional o de diálogo institucional.

Teniendo en cuenta lo anterior, surgen diversos cuestionamientos; en primer lugar, el futuro del Proyecto La Colosa, como uno de los más importantes proyectos de extracción minera operado por la empresa Anglo Gold Ashanti, donde se identifican dos posiciones radicales, por un lado, quienes afirman que la consulta popular es el mandato soberano del pueblo y por ende, el proyecto no podrá desarrollarse en virtud de la decisión de los habitantes del territorio donde se proyecta.

Y por otro lado, quienes afirman que ese tipo de consultas aplican a futuros contratos de concesión en ese territorio, este mecanismo de participación ciudadana no tiene la capacidad de ser retroactivo; adicional a ello, esta consulta es de tipo política que  solo obliga al Alcalde y al Concejo Municipal para tramitar modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cajamarca; finalmente, este problema jurídico, en mi opinión, será resuelto por una alta corte del país o, eventualmente, algún tribunal internacional que afirme si existe derecho adquirido para explotar o no, además por la necesidad de saber qué pasará con proyectos como Quebradona, Gramalote, Pijao o consultas mencionados como Ibagué, Pijao, Marmato, Cumaral o resolver asuntos en consultas como el caso de Reserva Thomas Van der Hammen o la hidroeléctrica en el Huila de Oporapa.

En segundo lugar, qué va a pasar con los recursos mineros que alberga el subsuelo nacional, pareciera que si la institucionalidad no actúa de forma preventiva y eficaz se podría desatar un problema social y ambiental muy grave, y es que una vez identificados los polígonos del material extraíble llegará la Minería Ilegal y Criminal y esta no tendrá temor en “arrasar” el territorio; algunos afirman que en Cajamarca no pasará, debido a las necesidades tecnológicas para remover roca y extraer oro, pero no lo sabemos.

De otro lado, qué va a pasar con la industria minera en el país, pues esto demuestra que el país carece de seguridad jurídica para los inversionistas y probablemente van a abstenerse de invertir en exploración debido al crecimiento de los conflictos ambientales y sociales en los territorios.

Finalmente, la participación ciudadana que se produce hoy en la aldea global, y en Colombia, es más consultiva que deliberativa, y en algunos casos se usa para renovar relaciones del representante con el representado, a diferencia de lo ocurrido en otros países donde los procesos de participación ciudadana son complementarios a la democracia representativa, los diseños institucionales no son tan determinantes y es vital el rol dinámico de la sociedad civil.

Por ello, es necesario conciliar los intereses de parte y parte en esta pugna democrática, porque excluir todo el territorio nacional de minería es muy grave, por ello resulta importante diseñar una política pública con cierto grado de participación razonable de municipios y distritos, y en si comunidades afectadas en la toma de decisiones respecto de sus territorios para la exploración y explotación minera, donde la participación sea  activa y eficaz y valorada por los actores implicados en la toma de decisiones, especialmente en   aspectos axiales a la vida del municipio como salubridad, recursos naturales, desarrollo económico, social y cultural; de lo contrario, seguiremos haciendo consultas en las que es seguro que ganará el No, afectando de forma grave la economía nacional y regional y el estado de los recursos naturales.