Acuerdos de paz un año después: ¿y los pilares del desarrollo rural?

Los pilares del punto uno de los Acuerdos tenían un camino adelantado que auguraba resultados que superarían la etapa del énfasis en los casos puntuales, el derroche de marketing y las comitivas de seudoexpertos recorriendo el país. Lacónico balance.

Un año después de la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc, el debate de quienes jalonan la opinión se concentró exclusivamente en las medidas dirigidas a sus máximos cabecillas. El país se dejó dividir entre quienes quieren encumbrar o ver morir tras los barrotes a un manojo de delincuentes de cuello rucio. Una sociedad a la que desde hace cinco décadas le inocularon progresivamente buenas pócimas de intolerancia, la idea de facilitar el paso a la vida civil de un grupo ilegal y de suprimir el argumento que excusaba al Estado para llegar con hechos a ese 70 por ciento de municipios rurales, cayó en tierra estéril.

Y entonces, en el afán de venganza o de pasar de agache, la atención de la opinión se centró en temáticas diferentes al primer punto de los Acuerdos, el único, que de desarrollarse al menos parcialmente ayudaría a sanar algunas heridas del saqueo del campo y el olvido al que la sociedad sometió a sus comunidades.

Bueno, olvido que nunca padecieron los grandes capitales, que en su mayoría actúan honestamente y apuntalan el crecimiento del país, pero que, cometieron uno que otro pecadillo para agrandar sus arcas a costa del sector rural. Nada que no se pueda lavar con una publicitada entrega de regalos por esta época navideña.

En el marco de la implementación, la institucionalidad rural no pierde oportunidad de recordarnos que fue la primera piedra del posconflicto. Sus eslóganes publicitan que el campo recibirá la atención jamás vista los últimos 60 años. Esa era y es la promesa. Fue comprensible que tuvieran este propósito anticipatorio dada la complejidad del sector, los prejuicios y la inexperiencia para potencializar ese país poco explorado.

La Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Agencia de Renovación del Territorio, son las cuatro instituciones sobre las que debe pivotar el fortalecimiento del sector: actualización del catastro, emprendimiento del censo de baldíos, alcanzar tasas relevantes de formalización de la propiedad, dotación de bienes públicos, construcción de planes de desarrollo territoriales, restitución de predios despojados por ilegales, son algunas de medidas consignadas en el punto uno de los Acuerdos que, así jamás se hubiera firmado, el país está en mora de emprender o corregir el rumbo de estas políticas que brindarían más herramientas para un desarrollo competitivo y justo de la ruralidad.

Ahora, haber esperado que un año después de su firma estas instituciones fueran a toda marcha sería un despropósito solo digno de los líderes innombrables de la polarización. Pero, salvo la Unidad de Restitución que completó seis años de duro trabajo e ingratos avances, el resto de instituciones ya cumplieron dos años de haberse reestructurado a partir de la liquidación del Incoder.

Entonces, si el trasegar de estos años son la referencia de cómo serán los años venideros, se augura que el campo no tendrá una mejor cara en la siguiente década. A lo sumo, decorarán el paisaje de las veredas más cercanas a las cabeceras municipales.

El resto, nada que el marketing no pueda hacer en la mente de ese 70 por ciento de colombianos citadinos, cuyo único referente agrario son el Parque del Café, El Parque Chicamocha y los prados de Alpina en Sopó.

Veamos algunos de estos comienzos.

La divulgación de resultados de estas instituciones parece más cercana a la sección de crónicas de un medio informativo, que a los responsables de llevar las riendas de una política pública. Basta visitar las cuentas de sus redes sociales e inclusive sus portales web.

Allí verán menciones como, “me tomo un delicioso tinto en la tierra formalizada de doña Carmen”, “me regocijo de probar una aguacate de la primera cosecha de don Antonio”, “día y noche trabajando con las comunidades del Huila”, “deleitándonos con una tilapia del proyecto piscícola…”, “firmando acta de intenciones con el alcalde de…”, y así, son las noticias y las “cifras” a que las instituciones nos tienen acostumbrados para demostrar sus avances.

Todo micro, todo en términos absolutos, con cifras porcentuales parciales que dejan verdades a medias, todo manejando los sentimientos del receptor de la noticia y las esperanzas de los beneficiarios.

El país poco sabe de cómo avanza la implementación de los pilares del punto uno de los Acuerdos, o mejor, de la deuda histórica del Estado con el sector rural. Para que conociéramos un poco más, sería prudente que las instituciones responsables meditaran sobre los siguientes cuestionamientos.

¿En la práctica, cuál es el tiempo promedio en que se culmina el trámite de titulación de baldíos?; ¿los títulos que promocionan en sus crónicas son resultado de la implementación ágil de los acuerdos, o en verdad (aunque válido), corresponden al cierre de procesos que se habían quedado adormecidos en el INCODER hace años?; ¿los requisitos para acceder a sus servicios (adecuación de tierras, proyectos productivos, asistencia técnica) facilitan el acceso al pequeño campesino, o, al igual que Agro Ingreso Seguro, tiene tantas, tan complejas y tan costosas exigencias que en la práctica solo pueden cumplir los requisitos medianas y grandes empresas o las ONGs que mercadean con los recursos del agro?; ¿y el catastro multipropósito, política remanufacturada por el DNP, cuándo inicia sus pasos de animal gigante?

Señor lector, si se encuentra con alguien que defienda que la implementación del punto uno de los Acuerdos va a todo vapor, note que se trata de funcionarios bogotanos o bogotanizados que solo saben funcionar con el dossier de la nueva legislación, que no le habla de inconvenientes sino de cuellos de botella y que la única alternativa para solucionarlos es, ¡Eureka!, la realización de un taller de socialización o un paper donde en unas salidas gráficas “puede observarse una tendencia positiva”.

Del otro lado, están las autoridades regionales que en pro de la paz lo único que hasta ahora han hecho es crear más burocracia. A secretarías u oficinas de enlace se les va el tiempo y millones de recursos haciendo talleres, participando en foros, y literalmente, acompañando los incipientes pasos de la implementación. Pero de iniciativas concretas, poco a nada.

Un año después de la firma de los Acuerdos, la implementación del punto 1 desperdiga por todo el territorio demasiados síntomas de que sus pilares están sembrados sobre un suelo arenoso y que en la medida que no trasladen semillas a un terreno más fértil, muy poco ayudarán a recuperar el campo.

En cambio sí, dentro de 10 años habrán ejecutado miles de millones de recursos provenientes de nuestros impuestos y agencias de cooperación, las organizaciones no gubernamentales de los grupos empresariales habrán ganado por punta y punta, y la trilogía de profesionales que nos gobiernan desde el nivel central (abogados, economistas y politólogos), tendrá en sus redes sociales el registro del ecoturismo que hicieron sobre un discurso del que solo se apropiaron de dientes para afuera.

Y como colofón, las comunidades rurales, envejecidas y enfermas, revivirán la esperanza de que los delfines o burgueses con ínfulas de intelectuales, aprueben dentro de 10 años un nuevo marco jurídico que tampoco se cumplirá.