Una apuesta por lo “fantástico”: llamémonos por el nombre

El 7 de octubre, el alcalde de Cali firmó un decreto simbólico en el que invita a los funcionarios a llamarse por su nombre y desincentiva el uso de marcas de jerarquía, como la palabra "doctor". ¿De qué puede servir esa intervención sobre el lenguaje? ¿Acaso las palabras pueden tener algún efecto sobre la realidad?

Juan Afanador
Juan Afanador
Investigador de Corpovisionarios
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02 de Noviembre de 2016

Un buen día, el alcalde de una ciudad por la que cruzan siete ríos decretó que los funcionarios se debían llamar entre ellos por sus nombres y que, en concordancia, quedaba prohibida la palabra “doctor”. Esta pequeña narración parece sacada de un cuento fantástico, pero es algo que efectivamente ocurrió en Santiago de Cali y es de esperarse que su osadía haya generado revuelo, entrevistas y noticias.

El decreto no puede sancionar realmente: es un acto teatral que simula la firma de un decreto real. Y a pesar de ser un símbolo, la parafernalia que lo acompaña —la redacción del texto con lenguaje jurídico, la firma, el acto público y las cámaras— carga de repente el contenido de este documento con un peso más grave, lo vuelve un centro de atención. En breve, hace que llamarse por el nombre importe más que nunca. Y esto, por lo inusual que es, lleva a una agitada discusión.

“Tenemos un nombre”, se llama esta estrategia de Cultura Ciudadana que salió a la luz el pasado 7 de octubre cuando Maurice Armitage, alcalde de Cali, firmó el decreto pedagógico que establece la mencionada prohibición simbólica a los funcionarios. Es una idea que surgió del trabajo conjunto entre la Asesoría de Cultura Ciudadana y Corpovisionarios, donde construimos acciones poco convencionales inspiradas en el trabajo de Antanas Mockus durante sus alcaldías en Bogotá. 

Hay, por supuesto, personas indignadas con la medida. “Me parece ridículo. No me importa cómo se digan, pero que trabajen”, dice alguien. Parece una medida “suave” que no ataca los problemas “de fondo”. Pero más allá de la indignación inicial que puedan generar estas actividades simbólicas en la Alcaldía, invitamos a estas personas irritadas a detenerse a pensar que el lenguaje tiene consecuencias directas sobre la manera en que nos relacionamos. Desconocer esto es ignorar uno de los móviles más fuertes del comportamiento humano. El lenguaje tiene poder real. Tan real, que, como bien lo dijeron J. L. Austin y J. Searle el siglo pasado, a veces el lenguaje es una acción que modifica el mundo: cuando un cura dice “los declaro marido y mujer” está cambiando el estado de las cosas de una forma misteriosa que se acerca a la magia. No está describiendo un hecho, está convirtiendo con su voz, con el solo hecho de decirlo en el momento preciso, a dos personas en marido y mujer.

Más allá de este ejemplo extremo, el lenguaje afecta nuestro comportamiento cotidianamente, incluso sin ser plenamente conscientes de ello. Un reconocido experimento social realizado por Paul Rozin, Maureen Markwith y Bonnie Ross demuestra que las personas consumen menos azúcar de una botella que dice “esto no es veneno” que de otra que dice “azúcar”, aun cuando ambas tienen el mismo contenido y los participantes lo saben de antemano. La influencia de la palabra “veneno” basta para que los participantes del experimento eviten usar el contenido de esa botella. Insisto, las palabras tienen fuerza.

Y en medio de esa fuerza, algunas porciones del lenguaje ayudan a ejercer y a mantener el poder que unos tienen sobre otros.  Llamar “doctor” a alguien, con el sentido preciso en que se utiliza en Colombia esta palabra para dirigirse a personas con mayor poder o posición social, determina la relación siempre desigual que se tiene con esa persona. Algunos aclaran que lo usan por respeto, pero esto es un eufemismo: se trata de un “respeto” que se exige siempre desde arriba y que se ofrece siempre desde abajo. Ahora bien, cuando se propone eliminar ese tipo de vocablos, no se busca eliminar la jerarquía —que es inevitable y necesaria en una institución— sino el trato desigual que esa jerarquía puede conllevar. Un jefe no tiene por qué ser tratado con una marca lingüística distintiva si, al igual que todos, está cumpliendo con la labor que tiene asignada. Por eso es importante insistir en que la acción de Armitage no es solo proscriptiva —aunque, en el delirio colombiano por las normas, es aquí donde los medios de comunicación se han fijado—: también busca fomentar el uso del nombre personal y por eso fue bautizada como “Tenemos un nombre”.

Lo importante aquí, entonces, no es tanto prohibir el “doctor” sino dejar de llamar a una persona que trabaja en servicios generales, por ejemplo, como “la niña de los tintos” y empezar a reconocerla por su nombre. Así como el lenguaje puede insistir en la diferencia, puede ser también el mecanismo a través del cual esa diferencia se subvierta. El problema no es, como muchos han señalado, que en Colombia haya muchos “falsos doctores”: la propuesta es, más bien, trascender el uso del lenguaje como una forma de profundizar la desigualdad y acabar con la dificultad que tenemos los colombianos para vernos los unos a los otros a la cara por encima de los estereotipos que forjamos e insistimos tercamente en reproducir.

Estamos ante una idea de mundo en la que el mayor respeto que se le puede ofrecer a una persona es reconocer su individualidad, que está representada precisamente allí, en el nombre. Y esto, una vez más, está fundamentado en la experiencia: está probado que al llamar a las personas por su nombre se sienten reconocidas y vinculadas. Una de las primeras recomendaciones que se hacen en la amplia literatura de liderazgo es la importancia de saberse los nombres de los subalternos, esto fortalece el ambiente laboral y motiva a los equipos.

¿Qué consecuencias puede tener todo esto para la ciudad? Es un mensaje poderoso que demuestra que hay que empezar a poner el orden desde la casa: una administración que se quiere tomar en serio el tema de la igualdad de los ciudadanos debe comenzar por alterar las prácticas internas de la propia administración. Se está diciendo con esto que el trato entre las personas no es algo menor, que está en el centro de la agenda desde lo más cotidiano hasta lo más estructural y que solo unos funcionarios preparados en ese sentido pueden darle ejemplo a la ciudadanía. En términos simbólicos, además, el alcance de la actividad es muy amplio. Puede inspirar a muchas personas no solo en Cali sino en Colombia y en el mundo entero a entender que hay una manera diferente de liderar en la que una horizontalidad a nivel interpersonal no va poner en riesgo el respeto real ni la autoridad, y, por el contrario, va a potenciar las relaciones entre las personas y su sentido de humanidad.

En Corpovisionarios nos sorprendió positivamente encontrar una cartelera del sindicato de trabajadores del Banco de la República, en su sede en Ibagué, que celebraba la medida tomada por Armitage. También en Cali algunos empresarios han recibido con emoción la noticia y han declarado su intención de implementarla en sus lugares de trabajo: un símbolo poderoso puede inspirar más acciones similares. A un nivel más concreto, esta actividad también sirve para generar relaciones horizontales entre los servidores públicos y los ciudadanos a los que ellos atienden: en cada interacción que suceda estará presente la influencia del decreto simbólico.

Podemos reformularlo: existe una ciudad por la que cruzan siete ríos en la que los funcionarios se llaman entre ellos por sus nombres y no esperan ser tratados con mayor deferencia que esa. ¿No es extraño que esto no suceda ya, que se pueda siquiera formular como una narración fantástica? ¿No es esto algo tan elemental, tan humano, que vale la pena luchar por alcanzarlo? Nuestra apuesta, al menos, es que sí lo vale.