Tumaco: más, mucho más, que coca, disidencias y criminalidad

Las instituciones del Estado como la nación vuelven a recordar que este rincón en la esquina del suroccidente del país existe.

Luis Fernando Barón
Luis Fernando Barón
Investigador Principal, Memorias de empresarios del Pacífico Colombiano, Universidad Icesi
106 Seguidores0 Siguiendo

0 Debates

11 Columnas

Columna

431

0

13 de Octubre de 2017

“Afuera y aquí mismo sólo se habla de los muertos y heridos, de los enfrentamientos rurales y urbanos, del narcotráfico y de los grupos y negocios ilegales, pero nadie menciona el problema social de nuestros territorios.”

Testimonio de líder étnico Tumaco

 

El asesinato de 6 campesinos y de más de 50 heridos en Puerto Rico, zona del Alto Mira, han puesto nuevamente al Pacifico y, particularmente, a Tumaco en el foco de la vida nacional.

De inmediato se produjo una avalancha de medios, periodistas, funcionarios, ONG, y curiosos de los centros urbanos del país que viajaron a cubrir las escandalosas noticias; a tratar de esclarecer los oscuros sucesos; a responder por las responsabilidades de las instituciones y funcionarios involucrados; pero también a acompañar y ofrecer solidaridad al pueblo tumaqueño.

Las instituciones del Estado como la nación vuelven a recordar que este rincón en la esquina del suroccidente del país existe.

¿Qué está pasando ahora en Tumaco? Es la pregunta que circula no sólo entre amigos y contradictores del gobierno y de las negociaciones de paz, que ya están haciendo cálculos políticos y definiendo estrategias para las elecciones por venir, sino también en círculos académicos, económicos y culturales.

La respuesta corta: esta es una expresión de los cambios en el Estado de las cosas en la región, es decir en los órdenes económicos, militares y políticos que se habían configurado allí desde hace años, décadas.

Una respuesta más elaborada mostrará que históricamente en Tumaco como en otras zonas del Pacífico comunidades indígenas, campesinas y negras han buscado hacer parte de los proyectos de desarrollo político y económico del Estado-nación, desde perspectivas que reconocieran sus perspectivas culturales y su protagonismo, con casos significativos de grupos y organizaciones que se opusieron al desarrollismo principalmente desde los años 70. Allí también se han concentrado comunidades rezagadas, o que huían de las oleadas económicas de tipo extractivo que han pasado por la zona: puerto, caucho, madera, oro, petróleo,  plata, palma, camarón, turismo y más recientemente, la coca.

Como parte de las ausencias y presencias del Estado y la expansión inherentemente violenta de la frontera agrícola en estas zonas, como explica Gutierrez (2015), se desarrollaron precarias instituciones del Estado, con precarios desarrollos e inversiones sociales y económicas, así como con precarias formas de garantía y  puesta en práctica de derechos y deberes relacionados con la cultura, la educación, la salud, la seguridad, la vida y la paz.

Desde hace unas décadas allí también llegaron organizaciones guerrilleras en busca de zonas más seguras y con recursos y bases sociales para sus luchas políticas y armadas. Y tras ellas las Fuerzas Armadas del Estado central, y más tarde los grupos paramilitares junto a otros actores y organizaciones criminales e ilegales, que aprovechando el aislamiento y ubicación estratégica de la región se dedicaron a desarrollar proyectos ilegales como el procesamiento y tráfico de cocaína, y la extracción ilegal de recursos minerales y naturales.

Y nuevamente los más afectados han sido las mismas comunidades indígenas, campesinas y negras, y al interior de las mismas quienes han soportado los mayores efectos de la violencia, la exclusión, el destierro, han sido los más vulnerables de estas comunidades: los más pobres, lo más aislados, los jóvenes, las mujeres y los niños.

El poder de las violencias, de los dineros ilegales y de valores inhumanos se apoderaron poco a poco de la cotidianidad y de las precarias instituciones y desarrollos sociales de la región, naturalizando la fuerza de las armas, la corrupción y la exclusión, no sin formas variadas de resistencia pacífica que han insistido en los valores y tradiciones culturales, en la fuerza y solidaridad de las familias y comunidades, en la alegría y creatividad de su pluriculturalidad, en el valor del trabajo, y en el respeto al medio ambiente y a la madre tierra.

Los trágicos hechos del Alto Mira ponen en evidencia como los conflictos sociales y políticos de más largo aliento, se han juntado con los económicos, militares y criminales las últimas tres décadas.

Por supuesto hay que atender de manera urgente los asuntos de seguridad y monopolio legítimo de las violencias, el respeto a la vida y los derechos de todos los ciudadanos, y la transición de las economías ilegales a la legalidad. Sin embargo, si en el mediano plazo no se fortalece la sociedad, la participación ciudadana y las instituciones de la región, seguiremos viendo y escuchando historias terribles y dolorosas producto de las pugnas entre los poderes económicos y militares que se disputan la riqueza natural y cultural de los territorios del Pacífico.