Tumaco: más, mucho más, que coca, disidencias y criminalidad

Las instituciones del Estado como la nación vuelven a recordar que este rincón en la esquina del suroccidente del país existe.

Luis Fernando Barón
Luis Fernando Barón
Coordinador Programa Gobernabilidad del Pacífico- Dept. Estudios Políticos - Universidad Icesi
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13 de Octubre de 2017

“Afuera y aquí mismo sólo se habla de los muertos y heridos, de los enfrentamientos rurales y urbanos, del narcotráfico y de los grupos y negocios ilegales, pero nadie menciona el problema social de nuestros territorios.”

Testimonio de líder étnico Tumaco

 

El asesinato de 6 campesinos y de más de 50 heridos en Puerto Rico, zona del Alto Mira, han puesto nuevamente al Pacifico y, particularmente, a Tumaco en el foco de la vida nacional.

De inmediato se produjo una avalancha de medios, periodistas, funcionarios, ONG, y curiosos de los centros urbanos del país que viajaron a cubrir las escandalosas noticias; a tratar de esclarecer los oscuros sucesos; a responder por las responsabilidades de las instituciones y funcionarios involucrados; pero también a acompañar y ofrecer solidaridad al pueblo tumaqueño.

Las instituciones del Estado como la nación vuelven a recordar que este rincón en la esquina del suroccidente del país existe.

¿Qué está pasando ahora en Tumaco? Es la pregunta que circula no sólo entre amigos y contradictores del gobierno y de las negociaciones de paz, que ya están haciendo cálculos políticos y definiendo estrategias para las elecciones por venir, sino también en círculos académicos, económicos y culturales.

La respuesta corta: esta es una expresión de los cambios en el Estado de las cosas en la región, es decir en los órdenes económicos, militares y políticos que se habían configurado allí desde hace años, décadas.

Una respuesta más elaborada mostrará que históricamente en Tumaco como en otras zonas del Pacífico comunidades indígenas, campesinas y negras han buscado hacer parte de los proyectos de desarrollo político y económico del Estado-nación, desde perspectivas que reconocieran sus perspectivas culturales y su protagonismo, con casos significativos de grupos y organizaciones que se opusieron al desarrollismo principalmente desde los años 70. Allí también se han concentrado comunidades rezagadas, o que huían de las oleadas económicas de tipo extractivo que han pasado por la zona: puerto, caucho, madera, oro, petróleo,  plata, palma, camarón, turismo y más recientemente, la coca.

Como parte de las ausencias y presencias del Estado y la expansión inherentemente violenta de la frontera agrícola en estas zonas, como explica Gutierrez (2015), se desarrollaron precarias instituciones del Estado, con precarios desarrollos e inversiones sociales y económicas, así como con precarias formas de garantía y  puesta en práctica de derechos y deberes relacionados con la cultura, la educación, la salud, la seguridad, la vida y la paz.

Desde hace unas décadas allí también llegaron organizaciones guerrilleras en busca de zonas más seguras y con recursos y bases sociales para sus luchas políticas y armadas. Y tras ellas las Fuerzas Armadas del Estado central, y más tarde los grupos paramilitares junto a otros actores y organizaciones criminales e ilegales, que aprovechando el aislamiento y ubicación estratégica de la región se dedicaron a desarrollar proyectos ilegales como el procesamiento y tráfico de cocaína, y la extracción ilegal de recursos minerales y naturales.

Y nuevamente los más afectados han sido las mismas comunidades indígenas, campesinas y negras, y al interior de las mismas quienes han soportado los mayores efectos de la violencia, la exclusión, el destierro, han sido los más vulnerables de estas comunidades: los más pobres, lo más aislados, los jóvenes, las mujeres y los niños.

El poder de las violencias, de los dineros ilegales y de valores inhumanos se apoderaron poco a poco de la cotidianidad y de las precarias instituciones y desarrollos sociales de la región, naturalizando la fuerza de las armas, la corrupción y la exclusión, no sin formas variadas de resistencia pacífica que han insistido en los valores y tradiciones culturales, en la fuerza y solidaridad de las familias y comunidades, en la alegría y creatividad de su pluriculturalidad, en el valor del trabajo, y en el respeto al medio ambiente y a la madre tierra.

Los trágicos hechos del Alto Mira ponen en evidencia como los conflictos sociales y políticos de más largo aliento, se han juntado con los económicos, militares y criminales las últimas tres décadas.

Por supuesto hay que atender de manera urgente los asuntos de seguridad y monopolio legítimo de las violencias, el respeto a la vida y los derechos de todos los ciudadanos, y la transición de las economías ilegales a la legalidad. Sin embargo, si en el mediano plazo no se fortalece la sociedad, la participación ciudadana y las instituciones de la región, seguiremos viendo y escuchando historias terribles y dolorosas producto de las pugnas entre los poderes económicos y militares que se disputan la riqueza natural y cultural de los territorios del Pacífico.