Tapar el sol con las manos

¿Será falso el poder territorial de las organizaciones armadas al margen de la ley?

Luis Fernando Barón
Luis Fernando Barón
Coordinador Programa Gobernabilidad del Pacífico- Dept. Estudios Políticos - Universidad Icesi
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31 de Marzo de 2017

Mientras varios sectores y organizaciones políticas y sociales insisten en negar y desconocer esos “otros países” y realidades de la Colombia regional, plural y diversa;[1] en los últimos dos meses se han incrementado las acciones materiales y simbólicas de grupos que reclaman el poder territorial, tras las movilizaciones de los combatientes de las FARC a las zonas de veredales de normalización. 

Estos hechos parecen ratificar conclusiones académicas e históricas que muestran: (1) una presencia-ausencia del Estado-nación, que no sólo ha desconocido amplios territorios y comunidades del país, sino sus características particulares; (2) el uso permanente de las violencias para resolver las disputas políticas, sociales y culturales, que incluso han llegado a ser socialmente aceptadas, y, (3) y la marginación, vulnerabilidad y afectación de comunidades campesinas, indígenas, y afrocolombianas, que atentan contra sus posibilidades de expresión, participación, y decisión, frente a lo que significa una buena vida en sus territorios, como parte de una sociedad mayor.

En el Pacífico colombiano, en particular, la salida de los integrantes de los miembros de las FARC hacia las zonas veredales, han incrementado no sólo los asesinatos de líderes sociales, o los desplazamientos de personas y  comunidades[2], sino también las notas, los grafitis y los panfletos con anuncios y amenazas como estas:

“Nos hemos organizado militarmente con el fin de salvaguardar a sangre y fuego a todos ustedes de grupos de delincuencia que ya asoman. También queremos aclarar que no tenemos que ver nada con las FARC, ni con el ELN, que no somos guerrilleros, pero que tampoco nos oponemos a los acuerdos     que firmen la insurgencia, ni seremos obstáculo para que implementen los acuerdos, si no se meten con nosotros, tampoco nos meteremos con ellos.”

“QUEREMOS RECORDARLES QUE QUEREMO UN [NOMBRE DE MUNICIPIO DEL PACÍFICO] LIMPIO DE ESCORRIA SOCIALES Y COMO USTEDES YA SABEN SOMO[S]  LOS ENCARGADO[S]   DE HACERLO.”

“SENTENCIA DE MUERTE A LOS GUERRILLEROS CAMUFLADOS DE GUARDIAS [indígenas] JUNTOS A SUS FAMILIAS SERVILES DEL CASTRO CHAVISMO...”

Los anteriores hechos, materiales y simbólicos, parecen confirmar que: Sí, hay disputas territoriales entre diversos grupos y redes ilegales que han combatido por el control y poder militar, político y social. Sí, las FARC ha sido una de esas organizaciones que ha tenido control y poder territorial en varias zonas del país. Sí, hay muchas comunidades e individuos que han sido perseguidos, asesinados y silenciados en estos territorios, o han tenido que adaptarse o negociar la presencia de los armados, o se han organizado para resistir y movilizarse no sólo para enfrentar las acciones de estas organizaciones, sino también algunas acciones y omisiones de instituciones del Estado y la nación.  

Sí, han sido los más pobres, los campesinos, las mujeres, y las comunidades indígenas y afrocolombianas las más afectadas por las luchas en los territorios. Sí, hay inmensos intereses en juego por los recursos económicos, culturales y naturales en estas zonas. Sí, se sigue utilizando el asesinato, el terror y la corrupción como estrategias de orden y de control. En últimas: Sí, hay unos conflictos políticos, sociales y económicos de largo aliento que hay necesidad de visibilizar, confrontar y resolver. 

Estos hechos coinciden con problemáticas señaladas por académicos y analistas de muy distintas disciplinas y enfoques, que las ven como asuntos nodales del origen y permanencia de los conflictos políticos y sociales del país. Daniel Pecaut (2015), por ejemplo, señala que una de las características del Estado colombiano está en que su autoridad ha sido constantemente cuestionada y nunca ha logrado detentar el monopolio de la violencia legítima. Este autor también muestra que el escalamiento del conflicto armado  no sólo produjo una reducción en la movilización social y la participación política, sino también un estado de miedo y terror en el país (Pecaut: 1997).

Sergio De Zubiría (2015), por su parte, afirma que la violencia no sólo representó una alternativa práctica en Colombia, sino que estuvo relacionada con la construcción de una mentalidad contrainsurgente, que hacen parte de un lenguaje y unas retóricas sobre la legitima defensa, la seguridad y el odio al enemigo. Pero, Francisco Gutierrez (2014), nos recuerda que la acción de las organizaciones armadas condujo a la adopción de las guerrillas de formas-ejército, convirtiéndolas cada vez más en unos aparatos altamente estructurados y significativos con sus propias ideologías internas, pero con débiles nexos con las lógicas y procesos externos. Además Jorge Giraldo (2015) sostiene que el Estado colombiano ha sido débil porque sus elites no han logrado construir consensos duraderos, porque éste no ha logrado el monopolio legítimo de la fuerza, por la fragilidad de las instituciones de seguridad y justicia, por el alto grado de corrupción de la clase política, y por la incapacidad para integrar a todos los territorios de la nación.

“Informamos a los municipios de la costa nariñense y cauca. Mosquera, Iscuande, Satinga, Magui, Barbacoas, El Charco, La Tola, Guapi, Timbiquí, López de micai. Que debido a que las FARC se han replegado a sus sitios de concentración y que eran ellos los que ponían el control y el orden en las comunidades ya que el Estado siempre ha tenido abandonadas estas comunidades.”

“También queremos aclarar que no tenemos que ver nada con las FARC, ni con el ELN, que no somos guerrilleros, pero que tampoco nos oponemos a los acuerdos     que firmen la insurgencia, ni seremos obstáculo para que implementen los acuerdos, si no se meten con nosotros, tampoco nos meteremos con ellos.”

“COMO GRUPOS PARAMILITAR [ES] HEMOS VENIDO ORGANIZÁNDONOS Y AGRUPANDONOS PARA NUESTRO AXIONAR Y EL CAUCA NO SERA LA ESEPCION…”

Por su parte Darío Fajardo (2015) sostiene que la “formación social colombiana de los grupos de poder han generado distintas modalidades de apropiación de los recursos y de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se ha combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas” (Fajardo, 2014, pág. 6). Y María Emma Wills (2015) agrega que uno de los tres nudos más importantes de la guerra colombiana está en la histórica imposibilidad de la representación y reconocimiento político de los campesino, que en los bordes de la geografía nacional han desarrollado formas de vida asociativa que reclaman su capacidad para recrear mundos-en-común, un lugar y escucha en esferas donde se adopten decisiones que conciernen con su presente y su futuro.

“Queda prohibido robar y extorsionar en los municipios anteriormente mencionados, ninguna banda ni grupo podrá operar en dichas áreas sin consentimiento de nuestra organización, de lo contrario será objetivo militar.”

“DENTRO DE NO MUCHOS DIAS EMPIEZA EN AQUÍ LA GRAN LIMPIEZA SOCIAL. VAMOS POR LAS RATAS DEL MUELLE ADMINISTRATIVA SAPOS Y DETRATORES SOCIAL (ES).”

“(…) HAN CORRIDO CON SUERTE HABER SALIDO ILESOS LOGRAREMOS ERRADICAR A LIDERES SOCIALES QUE APOYAN LA PAZ EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL CAUCA…”.

 

Para quienes aún creen que el conflicto político armado no existe, ni ha existido, o que las FARC no se han desmovilizado, o que ellos nunca controlaron territorios que ahora se disputan otras  organizaciones ilegales (otros grupos guerrilleros, grupos paramilitares, organizaciones de narcotraficantes y bandas criminales), para convertirse en las instituciones, en la ley, en el orden de muchos territorios; o que los impactos de estos conflictos como las acciones del Estado no son diferentes en ciudades como Bogotá o Cali, o se viven de manera diferencial en San Pablo de la Mar, o en Quibdó, o que las acciones de los armados no son diferentes para jóvenes, empresarios, campesinos y comunidades étnicas, quizá deberían ver, escuchar y analizar los hechos que están sucediendo y los comunicados que están circulando en el Pacífico. Quizá así podrían ver si sus intervenciones mediáticas, sus acciones públicas y políticas, sus votos, movilizaciones y expresiones sociales, o sus prácticas cotidianas contribuyen a reconocer y a confrontar de manera compleja estas otras “realidades”, de otros colombianos, que tanto dolor, vidas, recursos y conocimientos, nos ha costado el desconocer.

Referencias

De Zubiría, Sergio (2015) .“Dimensiones políticas y culturales en el conflicto colombiano”. En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Fajardo, Darío (2015). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones para su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana.” En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Giraldo, Jorge (2015). “Política y guerra sin compasión.” En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Pecaut, Daniel (2015). “Un conflicto armado al servicio del status quo social y político”. En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

Wills, María E. (2015). “Los nudos del conflicto colombiano.” En Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.

 

[1] Por ejemplo tener en cuenta los resultados del plebiscito de 2016, o los debates en los que se mantienen enfrascados los partidos políticos que se oponen o apoyan la gestión del gobierno Santos.

[2] por ejemplo: los recientes asesinatos y desplazamientos en Chocó y el Norte del Cauca o la desmovilización milicianos en Tumaco. 

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