¿Quién debe pensar el desarrollo económico del Pacífico?

Hablar de desarrollo con enfoque territorial para el Pacífico parece ser una utopía.

Maite Rosales Escarria
Maite Rosales Escarria
Estudiante Universitaria y Líder en Formación
42 Seguidores0 Siguiendo

0 Debates

1 Columnas

Columna

228

0

31 de Octubre de 2016

Hablar de desarrollo con enfoque territorial para el Pacífico parece ser una utopía.

La propuesta de la nueva reforma agraria, el primer punto del acuerdo de Paz, plantea la posibilidad de más inversión para el campo, como mecanismo para cerrar las históricas brechas de desigualdad en Colombia y presenta pilares importantes como la protección del medio ambiente, subsidio o crédito para pequeños y grandes agricultores de zonas históricamente afectadas por la violencia, además de la creación de un fondo de tierras y la formalización  de la propiedad privada.

Se pensaría que es una reforma agraria como nunca antes vista, pero la verdad es que el campo en Colombia ha sido uno de los sectores con menor inversión y prioridad para los gobiernos.

Somos una comunidad que olvida lo que es conveniente olvidar, pero que no recuerda para construir.

Por medio de diferentes reformas rurales, el gobierno colombiano intentó revertir la concentración de la tierra y realizar una redistribución equitativa de esta.

Bejarano (1987) realiza un balance sobre los intentos de las reformas agrarias; para 1961 la ley 135 denominada Reforma Agraria, la mayor manifestación inaugural de una reforma agraria fallida y aplazada, ley que fue contemporánea  a una reacción de los grandes propietarios en la Costa Caribe frente al anuncio de la restitución de tierras. Frente a los fallidos intentos de restitución de tierras con la ley 135, se implementó la ley 4° de 1973, reforma que propuso incentivar exportaciones, acelerar la migración rural-urbana, intensificar la inversión en el campo, aumentar la productividad y garantizar los derechos de propiedad.

Esta ley fue implementada bajo la hipótesis de que en la zona urbana las poblaciones podrían mejorar sus condiciones de vida, una típica estrategia de desapropiación.

Los hechos de violencia y el desplazamiento por el conflicto armado en zonas rurales llevaron a que se implementará el Plan Nacional de Rehabilitación para lo cual el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA) por medio de la ley 35 de 1982 fue el encargado de la dotación de tierras y la provisión de otros servicios a las personas indultadas, convirtiéndose en otra de las tantas reformas fallidas.

Luego de tantos intentos fallidos por impulsar la agricultura sostenible y con las intenciones de lograr una acción más coordinada de las instituciones gubernamentales que permitiera elevar la calidad de vida de los campesinos y simplificarles la adquisición y dotación de tierras, se implementó la ley 30 de 1988 y se asignaron más recursos al INCORA para el desarrollo de los programas, programas que para el año 2016 no se cumplen en su totalidad.

¿Es posible que una nueva reforma agraria pueda hacer lo que por años ha sido difícil de implementar por intereses económicos? La nueva reforma rural integral no plantea nada diferente en relación a la inversión del campo con intenciones de potencializar la agricultura, sus principios se fundamentan en la inversión en el campo con igualdad de oportunidades, el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas y la erradicación de la pobreza  para comunidades históricamente excluidas.

Cuándo será posible ver al campo como un generador de desarrollo. La utopía es pensar o proyectar el desarrollo de la agricultura en el Pacífico, un Pacífico con alto nivel de precipitaciones, con suelos poco fértiles pero con la gran capacidad para dar vida al Chocó biogeográfico y de alimentar a una comunidad históricamente olvidada, excluida.

Es el momento para que el Pacífico asuma el mayor reto, de descubrirse a sí mismo, comprenderse, dimensionarse, entenderse, pero lo más importante, de generar conciencia de lo que somos y de lo que podemos llegar a hacer. Para ello es necesario establecer un modelo de desarrollo coherente con las potencialidades agrícolas y culturales del territorio enfocados en la protección y conservación del medio ambiente, planes que permitan un desarrollo del buen vivir, construido por la comunidad y para la comunidad, es decir poder decidir y tener poder de gobernabilidad en los territorios.