Poder negro: elecciones de consejos comunitarios en el Pacífico colombiano

Hay un dato que debería alarmar a políticos, académicos, planificadores regionales, nacionales y por su puesto a las comunidades y organizaciones afros de Colombia: la población de La Plata, Bahía Málaga, se ha reducido en un 50 por ciento en las últimas dos décadas debido a problemas de educación, salud y sobrevivencia.

Luis Fernando Barón
Luis Fernando Barón
Coordinador Programa Gobernabilidad del Pacífico- Dept. Estudios Políticos - Universidad Icesi
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10 de Agosto de 2017

Queda poco tiempo para que los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras del país finalicen un nuevo ciclo de elecciones de sus juntas directivas y sus representantes legales, tal y como lo establece el capítulo II del Decreto 1745 de 1995.

El fin de semana que pasó, junto a un equipo de investigadores y estudiantes de Ciencias Sociales,  Humanas y Económicas asistimos al desarrollo de asambleas veredales en el Consejo Comunitario de la comunidad negra de la Plata, Bahía Málaga, Buenaventura.

Estos encuentros son las bases de una asamblea general que tendrá el Consejo en menos de un mes, y en la que van a decidir las prioridades de los próximos tres años, de acuerdo con sus planes de vida (Plan de Bienestar Étnico Territorial para el caso de la Plata Bahía Málaga), y las normas e instituciones que han venido tejiendo en estos laboratorios sociales.

Asistimos a complejos ejercicios de democracia participativa en los que primó el debate franco y directo, la definición de los problemas más agudos de la comunidad, y las demandas a las intuiciones propias y del Estado, sin que se perdieran los rituales, el pacifismo, el buen sentido del humor y la calidez humana que caracteriza a esta y muchas comunidades del Pacífico.

Con los desarrollos de la Constitución del 91 y de la Ley 70 de 1993, los Consejos Comunitarios  empezaron a ser como unos pequeños estados dentro del Estado-Nación. Esto porque ellos son poseedores de territorios colectivos con autonomías de gobierno, educación, justicia, creencias y costumbres, entre las más importantes.

Sin embargo, los Consejos Comunitarios no cuentan con una de las principales características de estas formas de organización política (los Estados-nación), que se gestaron en la Europa de los siglos XVII y XVIII, como lo es la recolección y distribución de impuestos. A diferencia de todos los entes descentralizados que hacen parte de la estructura del Estado Colombiano actual, incluidos los resguardos indígenas, los Consejos Comunitarios no tienen asignaciones presupuestales del estado central que les asegure un desarrollo social, económico e incluso político sostenido.

Por lo anterior, la labor de las Juntas de los Consejos y de los representantes legales de los Consejos Comunitarios se concentra en la ardua tarea de  diseñar, negociar e implementar proyectos con organismos locales, nacionales e internacionales, que fortalezcan el desarrollo económico, organizativo y cultural de sus comunidades. Así sucede al Consejos Comunitarios de la Plata con proyectos como los de eco-etno turismo, los de aprovechamiento del fruto del Naidí (también conocido como Azaí o Açaí), los de conservación de recursos naturales y de fijación de carbono (proyecto REDD+), o los de pesca responsable y recolección de moluscos que han venido desarrollando en los últimos años.

La de los proyectos es una tarea bien ardua, pues no sólo implica un complicado proceso de traducción de los lenguajes, cosmovisiones y conocimientos de estas comunidades étnicas a formatos y códigos especializados, también se enfrenta a la hegemonía de las agendas y prioridades de la cooperación nacional e internacional, con la progresiva reducción de recursos que se ha impuesto en las últimas décadas para países como Colombia.

Pero hacer gestión a través de proyectos resulta ser una tarea muy, pero muy difícil, e incluso  ingrata, porque para obtener recursos por estas vías es necesario hacer parte de las disputas por los recursos locales y nacionales que están articulados, por no decir amarrados, a los sistemas y redes políticas, clientelares, politiqueras y de corrupción en las que desafortunadamente navegan una buena parte de los dineros y capitales de lo público en nuestro país, de manera más aguda en regiones marginadas como la del Pacífico.

En lanchas recorrimos una a una las veredas que conforman la bella Republica Malagueña con representantes de la junta actual. Allí se celebraron asambleas llenas de vida, movimiento, y ritualidad en las que se congregaron hombres, mujeres, niños y algunos jóvenes que se trenzaron en diálogos y discusiones sobre los asuntos más sentidos en cada comunidad.

Cada reunión empezó con una oración animada por alguno de los líderes espirituales de cada lugar. Las oraciones pedían "luz, sabiduría y acierto" para atender los problemas y necesidades de sus territorios. Enseguida venían discusiones y reclamos honestos y frenteros donde no se ahorraban palabras, ejemplos y tonos diversos para abordar aquello que no ha andado bien.

Aunque los pobladores en general valoran profundamente los avances del C.C. en la titulación de tierras y garantía de derechos, así como el desarrollo de proyectos económicos y culturales, y la construcción e instalación de obras que ayudan al desarrollo material y a resolver necesidades básicas,  fueron muy constantes las demandas por mayor presencia de los representantes de la junta del Consejo, así como permanentes los reclamos y exigencias a las instituciones del Estado que todavía no llegan a sus territorios para contribuir a solucionar problemas históricos y estructurales.

Problemas, incluso más profundos a los que se ha enfrentado la cabecera municipal de Buenaventura y que llevaron hace poco tiempo al Paro Cívico general, que sigue latente y a la espera del cumplimento de los compromisos prometidos por instituciones nacionales y locales del Estado. Las Asambleas también dejaron ver serios problemas de información y comunicación, dentro y entre las veredas, así como una baja vinculación y participación en los espacios y organismos creados por el mismo Consejo Comunitario para buscar la cooperación, la toma de decisiones colectivas y la ejecución de acciones locales.

Nuestro equipo de investigación fue testigo de estos espacios de encuentro y del hacer democracia en la práctica, pues las Asambleas incluyeron en su agenda la presentación de los primeros resultados de un Censo Poblacional que se implementó en todas las veredas que componen el territorio del Consejo, realizado por un equipo de investigadores de la Universidad Icesi, del que hicieron parte estudiantes universitarios, la junta del Consejo y miembros de la comunidad entre el 9 y el 12 de Junio de 2017.

El Censo integral muestra asuntos muy positivos como el desarrollo y garantía de derechos étnicos; la formación y gestación de liderazgos locales, principalmente de mujeres y jóvenes, así como el diseño e implementación de proyectos comunitarios que han ayudado a asegurar necesidades básicas, pero sobre todo a incrementar la buena vida. 

Sin embargo, el Censo también ofrece informaciones sustanciales como las bajas tasas de lectoescritura y los bajos niveles de educación formal en este territorio. Pero sobre todo muestra un dato que alarmó a toda la comunidad del Consejo, y que debería interpelar profundamente a otros académicos, políticos, planificadores regionales, nacionales, y por su puesto a otras comunidades y organizaciones afros de Colombia: en sus casi 20 años de existencia la población del Consejo Comunitario de La Plata se ha reducido en un 50%.

Tal como lo hemos podido comprobar en otros lugares del Pacífico, esto se debe principalmente a tres factores: a la falta de educación (en términos de cobertura, calidad y pertinencia étnico-territorial); a los problemas de salud y al muy difícil acceso de las comunidades del Pacifico a este derecho básico,  y a las dificultades que enfrentan por la baja de alimentos locales para la sobrevivencia, así como para la generación de ingresos y de fuentes de trabajo en sus propios territorios.

En el Consejo Comunitario la población se ha disminuido, no porque la gente de allí tenga menos hijos, como podría suceder en algunos países y ciudades del denominado mundo desarrollado, sino porque sus pobladores han tenido que salir a Buenaventura y a Cali, principalmente, en busca de condiciones dignas y de atención a sus problemas más serios de salud, que en ocasiones conllevan la migración de familias enteras; o porque los jóvenes que quieren y pueden seguir estudiando tienen que emigrar tempranamente a estas ciudades, pues los colegios de sus veredas no ofrecen más allá del noveno grado. Esto con los riesgos que corren estos jóvenes de terminar vinculados en actividades y en organizaciones criminales y armadas ilegales, o en redes del narcotráfico, consumo de drogas, o de prostitución infantil y juvenil.

Estas situaciones creo deberían, más que alarmarnos, llevarnos a tomar decisiones y acciones urgentes y concretas, como las que ya están tomando al interior del Consejo Comunitario de La Plata - Bahía Málaga, que contribuyan a que los nuevos y ancestrales territorios del Pacífico no acaben sin comunidades debido a las prácticas y modelos de desarrollo económico, social y político que se han impuesto en estas regiones y en el país en general.

 

El Censo hace parte de una acuerdo interinstitucional entre el Consejo Comunitario de La Plata, Bahía Malaga e Icesi, y de las actividades realizadas como parte del  Proyectos de Investigación Territorios, Movilización y Derechos, de la Universidad Icesi, y del Proyecto Interinstitucional Modelo de atención primaria en salud diferencial para municipios con alta dispersión rural del litoral Pacífico, apoyado por Colciencias.


Así la llama uno de los líderes comunitarios del Consejo.