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¿Otro “falso positivo judicial” en el Chocó?

Colombia, al parecer es un país de leyes… que interpretadas al amaño conviene a la creación de más “falsos positivos judiciales”. Tal es el caso de Alberto Áchito, alcalde de Juradó que pasó de demandante a demandado por la Procuraduría y la Fiscalía.

Jesús O Durán
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Comunicación en el Pacífico
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14 de Julio de 2018

El edificio judicial está ubicado en la carrera primera de Quibdó, hasta donde fue trasladado el alcalde Emberá de Juradó Alberto Áchito Lubiaza, desde las instalaciones de la Fiscalía donde está detenido, para comparecer por el delito de peculado y falsedad ideológica en documento público ante la juez Segunda Penal Ambulante de Quibdó con funciones de control de garantías, Elizabeth Quejada Mayo.

El dirigente de FEDEOREWA, el Emberá Plácido Bailarín, dice que es un caso de “falso positivo judicial”, pues de lo que se trata es de una persecución política contra el único alcalde Emberá del Chocó, que ganó la contienda política por la alcaldía de Juradó.

En tal empresa, Alberto Áchito fue respaldado por los Emberá de Juradó y por comunidades negras, retando al poderoso grupo liderado por el Representante a la Cámara hasta el próximo 20 de julio, Bernardo Flórez Asprilla.

Juradó es un municipio que limita con Panamá y con Costa Rica por el mar. Es una subregión olvidada por la historia, que no produce si no tristeza, pues las condiciones en que los politiqueros tienen al municipio son precarias y lamentables. Y esto lo quería cambiar Alberto Áchito, un Emberá sabio que entendió que desde el ejercicio de la política decente se pueden realizar transformaciones.

Sin embargo, su malicia indígena no logró espantar a los mañosos politiqueros que le tendieron una celada para sacarlo del cargo y de paso, mandarlo a la cárcel, para ellos nadar a sus anchas en el despilfarro y la corrupción.

En efecto, el 5 de octubre 2017, el alcalde Áchito denunció en un juzgado de Bahía Solano a su secretario de Hacienda, Randu Enrique Bermúdez Torres, pues los proyectos que estaban firmando con presupuesto del Sistema General de Participación para Resguardos Indígenas no tenían respaldo bancario. Esta anomalía obligó al alcalde a ir hasta los distintos niveles del Banco Agrario y comprobar con profunda indignación que el dinero había empezado a desaparecer de la cuenta de la alcaldía desde el 15 de junio 2017.

Pero Áchito no midió las consecuencias de su indignación, porque su conciencia le dictaba denunciar un caso de corrupción a todas luces. Y es aquí donde la interpretación de la ley se presta para que sus enemigos políticos aprovechen lo que llaman “ingenuidad política del alcalde”, y contra denunciarlo a través de la Procuraduría, denuncia que se llevó a cabo el 26 de enero 2018, por su responsabilidad en calidad de Representante legal del municipio de Juradó. Esto es, Áchito tiene que demostrar que fue asaltado en su buena fe, pasando de demandante a demandado, situación propicia para sacarlo del municipio.

La primera medida es la suspensión del cargo, medida que no está en consonancia con otras interpretaciones de ley, y mucho menos con otros casos de corrupción en los que están involucrados dineros de transferencia que se presenta en los 30 municipios del Chocó, y por el cual no hay ningún alcalde suspendido. Por eso Plácido Bailarín también señala este caso con visos de racismo, donde todas las baterías y leguleyadas están en contra del alcalde elegido popularmente.

Pedro Inocencio Rentería Ramírez, Fiscal Séptimo de Delitos contra la Administración Pública, es particularmente implacable, calificando a Áchito como persona peligrosa para la sociedad y para la investigación. No se pregunta el Fiscal asuntos relacionados con la precariedad del municipio y con la histórica corrupción que lo mantiene con los más bajos índices de necesidades básicas y con muy altos de pobreza. Lo que pareciera interesarle al fiscal es la aplicación de la máxima condena contra el funcionario Áchito y alejarlo de Juradó.

Por su parte, Alejandro Figueroa Ojeda, Procurador 158 judicial penal, califica el delito del alcalde como doloso y no cree en su buena fe e invoca el artículo 308 del código penal para que se le aplique medida de aseguramiento en una pena no menor de cuatro años. Sin embargo, el Procurador dice que puede pagar la pena domiciliaria en Quibdó, descartando también que lo pueda hacer en su comunidad Emberá de Juradó, que es a donde pertenece el alcalde Áchito.

Por su parte, las organizaciones sociales, negras e indígenas del Chocó y del nivel nacional como la ONIC, han enviado certificaciones al juzgado, donde enfatizan la buena fe y la probidad de Alberto Áchito como dirigente indígena y como burgomaestre. Ahora la Fiscalía y la Procuraduría, bajo argumentos que desconocen el accionar de Áchito en contra de la corrupción, piden aplicarle todo el peso de la ley a sabiendas que Juradó quedará a merced de los politiqueros de turno.

Hay mucha tela que cortar en este caso. Pero lo que va quedando claro es que Alberto Áchito fue víctima en falsedad de la firma y en alteración de las cifras, tal como sucedió con un número de votos de Duque en las elecciones presidenciales, ampliamente conocido en las redes sociales.

Y para que esta historia tenga un final inesperado, hurgando en internet aparece la siguiente sorpresa sobre la juez que dictará sentencia, Elizabeth Quejada Mayo:  “El Juzgado Primero Penal Municipal de Control de Garantías de Pereira (Risaralda) inhabilitó a la juez Segunda Penal Municipal de Garantías de Quibdó (Chocó) Elizabeth Quejada Mayo, para dictar clases en la Universidad Tecnológica chocoana luego de imponerle medida de aseguramiento no privativa de la libertad dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por la presunta falsificación de títulos profesionales" (1).

Colombia, al parecer es un país de leyes… que interpretadas al amaño conviene a la creación de más “falsos positivos judiciales”.

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(1) Inhabilitada juez para dictar clase en Universidad de Chocó por corrupción. Tomado de . Noticia publicada el 10 julio 2017 en W Radio.