Los escenarios de incertidumbre del Pacífico en el posconflicto

Hoy el Pacífico es una de las regiones que más desafíos puede tener con la llegada del postacuerdo.

Inge Helena Valencia P.
Inge Helena Valencia P.
Antropóloga, Directora del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad Icesi
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06 de Febrero de 2017

Foto de portada: Andrés Bermúdez Liévano

El Pacífico colombiano ha sido históricamente una región de grandes paradojas. En ella cohabita el conflicto armado con grandes reservas naturales, el abandono estatal con un nuevo interés comercial de cara a las economías asiáticas, la articulación de  economías legales e ilegales, una frontera marítima que conecta globalmente diversos flujos de mercancías en especial de droga.

También allí hacen una importante presencia las  poblaciones afrodescendientes e indígenas que deben hacer frente a múltiples presiones sobre sus territorios.

Hoy el Pacífico es una de las regiones que más desafíos puede tener con la llegada del postacuerdo.

En los territorios de sus cuatro departamentos se concentra el mayor número de hectáreas sembradas de coca (40.594 según el último censo de UNODC) con una concentración regional del 42 por ciento sobre el total nacional.

También el departamento concentra una importante realización de minería ilegal. De acuerdo al Censo de Explotación de Oro de Aluvión realizado por UNDOC (2016) para el año 2014 Colombia tenía 78.939 hectáreas con minería de aluvión.

De esta cifra los departamentos de Antioquia y Choco? concentran casi el 80 por ciento de actividades mineras. En muchos de estos casos, la minería viene siendo controlada por actores armados, y paulatinamente se ha debilitado la minería de barequeo o artesanal propia de las comunidades afro.

Coca, minería, persistencia de actores armados ilegales. Ese es el escenario de la región, que debe iniciar el proceso de implementación de los acuerdos, ya que allí se concentran varias zonas de reintegración de las FARC y varios de los municipios que serán priorizados para la implementación de programas y políticas públicas de cara al postconflicto.

Este escenario de importante intervención estatal, unida a un posible recrudecimiento del conflicto, trae varias situaciones de incertidumbre para la región:

 

1. Lo de siempre: coca y falta de oportunidad

Al revisar los resultados del censo producido por UNODC el año pasado, vemos que hay una coincidencia importante entre municipios cultivadores de coca y los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas.

Para el caso de municipios del Pacífico como Tumaco y Barbacoas, encontramos, que la proliferación de la coca tiene relación con las condiciones de pobreza, donde el 48.7 por ciento  (Tumaco) y 73.87 por ciento (Barbacoas) de la población se encuentra con necesidades básicas insatisfechas.

De aquí se desprende una tensión importante en lo que se planteó en el punto 4 del acuerdo de paz, ya que es clara la necesidad de  intervenciones integrales en cuanto a desarrollo económico y social como elemento fundamental en los programas de sustitución de cultivos. 

En este punto, es muy importante  escuchar a las organizaciones sociales y pobladores de la región quiénes plantean que la sustitución debe ser integral y no solo se debe pensar en acabar con los cultivos a través de medidas como la aspersión o la sustitución forzada.

Este es un aspecto muy importante ya que en los últimos años los cultivos han crecido en territorios donde habitan poblaciones afrodescendientes,  indígenas y campesinas que están en condiciones muy vulnerables. 

Así que aquí hay un primer desafío: El problema de la sustitución de cultivos, no pasa por los cultivos en sí, sino por garantizar condiciones de vida más digna a los pobladores de estas regiones.

Sumado a ello hay que escuchar a las organizaciones, sobre todo aquellas que están proponiendo sustituciones, censos voluntarios, pero sobre todo alternativas productivas, para hacer frente a las alzas que trae la economía de la coca.  

En Tumaco, por ejemplo, es clave tener en cuenta que el cultivo de coca se ha concentrado en la zona fronteriza con Ecuador al sur del río Mira en corregimientos como Llorente y La Guayacana, lo que demuestra que entre menos oportunidades, más coca hay.

Así la coca ha venido creciendo en los últimos años, lo cual se refleja en los precios del transporte, la comida, el arriendo, de ninguna manera barata con relación a la media de cualquier ciudad grande del país.

Por otro lado, las  acciones por parte del Estado para controlar la presencia y expansión de cultivos de coca en estas áreas deben cumplir ciertos procesos consultivos,  para garantizar la aceptación y participación de las comunidades que habitan allí, a la vez que se busca  propender por la implementación de estrategias que favorezcan la conservación de los ecosistemas protegidos y la protección social y económica de estas poblaciones, que generalmente están en condiciones de vulnerabilidad (Informe UNODC 2015). 

 

2. Lo que nos esperábamos: la inseguridad territorial con la partida de las Farc

Tumaco, como enclave de poderes y economías en disputa  (legales e ilegales) está puesta en jaque con la llegada del acuerdo y la dejación de armas de las Farc, pues nuevos grupos llegan para disputarse el control de la zona.

Hablando con algunos líderes sociales, ellos señalan que las cosas estaban más tranquilas desde hace 2 o 3 años. Éstos líderes, quiénes se mueven por zonas rurales, sostienen que es innegable la relativa estabilidad que había traído el dominio de las FARC a nivel territorial, controlando la criminalidad, el movimiento de “extraños”, regulando los conflictos que se podían presentar entre los pobladores.

Aunque no se pueden desconocer casos como el asesinato de Genero García, miembro del Proceso de Comunidades Negras a manos de la columna Daniel Aldana de esta guerrilla.

Frente a la partida de las Farc, es claro que en las últimas semanas han aparecido nuevos grupos que hacen presencia en el municipio y su zona rural con el objetivo de hacer control territorial y  sobre las rentas de las economías ilegales.

Ya Ariel Ávila reportó para El Espectador la llegada del Clan del Golfo y de un nuevo grupo ilegal que se hace llamar “Nuevo Orden”.

Así las cosas, la incertidumbre se apodera del municipio, ya que la coca sigue creciendo y hay muchos interesados en controlar el negocio, en reclutar a los jóvenes para las milicias o el trabajo de raspachines, y de asegurarse que la gente siga cultivando.

Es claro que grupos asociados a las Bacrim están llegando. De nuevo las amenazas, los atentados y las asesinatos selectivos comienzan a hacerse sentir en la región.

Es claro entonces que frente a la desmovilización de las Farc, la solución al problema de cultivos ilícitos no está solo en los programas de sustitución y erradicación forzada.

El punto 4 del Acuerdo de Paz pone en evidencia una situación muy problemática y pendiente, que es la manera en que el estado enfrenta la continuidad de los actores armados ilegales que disputaran  los territorios y las rentas que provienen de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal.

Es decir, del problema de las drogas ilícitas emana otro asunto más importante y es la lucha contra los actores armados ilegales, sobre todo los grupos descendientes de las Bacrim que hoy se entrecruzan con la criminalidad organizada, y ponen en jaque la seguridad territorial de la región.

 

3. Lo novedoso y retador: la sincronía y los territorios marítimos

En el caso del Pacífico vemos como el punto 4 del Acuerdo de Paz, hay retos en otros aspectos en lo que atañe a cómo se están pensando las rutas de implementación de los acuerdos.

Un punto importante a problematizar aquí es el rol que tienen los planes integrales y municipales de sustitución y desarrollo alternativo de  proyectos productivos (PISDAS) como figuras de implementación local para la sustitución, y las relaciones que estos pueden tener con otros asuntos como el ordenamiento territorial y la participación ciudadana.

Por un lado los PISDAS deberán tener en cuenta intervenciones integrales, pero también deberán entrar a revisar los usos y jurisdicciones de los lugares donde muchos de estos programas se implementaran.

Dos asuntos sobresalen: los procesos consultivos que deben hacerse en territorios especiales, y la alineación del punto 4 con el punto 1 de Reforma Rural Integral, ya que los programas de sustitución deberán alinearse con los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial en las localidades donde se implementen ambos.

Este es un tema sensible para la región Pacífico, donde como lo vimos, existe una alta concentración de cultivos ilícitos, pero donde muchos de estos lugares son zonas de ordenamiento territorial especial como resguardos indígenas, territorios colectivos de poblaciones afrodescendientes, y parques naturales.

Eso significa que en el proceso de implementación tanto de los PDETS como de los PISDAS se deberán tener en cuenta las jurisdicciones especiales y pasar por procedimientos especiales consultivos como se planteó en el capítulo étnico del acuerdo.

Finalmente, dejamos un comentario abierto: el Pacífico es una región fronteriza y marítima. Ese límite estratégico con el mar pone en evidencia como la realización de  actividades ilegales tiene relación con el carácter fronterizo y marítimo de la región, donde la conexión de ríos y mares posibilita el desarrollo de estas actividades ilegales y su conexión con los circuitos internacionales.

Es decir si el punto 4 ha puesto el acento sobre la sustitución para resolver el problema de la producción de los cultivos ilícitos, se evidencia  la necesidad de impulsar el desarrollo rural. Valdría la pena preguntarse si  para el caso de la región Pacífico el desarrollo rural también debería darle mayor prioridad a las actividades productivas que se hacen en  los ríos y los mares, para potenciar más eficazmente  a la región.

Incertidumbre es lo que hay. En el caso de Tumaco, como en otros lugares del Pacífico, puede que entremos en un nuevo periodo de guerras por el control territorial y un aumento en el saldo de muertes por estas violencias.  A menos que los acuerdos se cumplan y  el Estado finalmente haga presencia efectiva en estos territorios para cubrir las ausencias históricas en sus territorios fronterizos.