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La “Movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales” reafirma su compromiso por la defensa de sus territorios y de sus prácticas ancestrales. Frenar la situación de destierro y hostigamiento que han afrontado ante la avanzada de megaproyectos mineros y de actividades mineras ilegales supone hoy un gran desafío.

Hace dos años desde el corregimiento de La Toma ubicado en el municipio de Suárez, Cauca un grupo de mujeres nortecaucanas marchó hacia la ciudad de Bogotá. El 18 de noviembre de 2014 estas mujeres empezaron a gestar un proceso reivindicación de sus derechos y de defensa de su territorio ancestral. La “Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios”, como fue llamada en su momento, tuvo como propósito hacer un llamado al gobierno para frenar la situación de destierro y hostigamiento que han afrontado las comunidades negras del norte del Cauca como consecuencia de la ejecución de proyectos mineros a gran escala y de actividades mineras ilegales.

Según la lideresa Francia Márquez, “ en el año 2015 se exigió que fueran retiradas 20 retroexcavadoras que había en el río Ovejas”. De esta manera, estas mujeres le exigieron al gobierno el cumplimiento de la Sentencia de la Corte Constitucional T-1045 de 2010 que ordena no otorgar licencias de explotación minera hasta cuando se realice, garantice y coordine un proceso de consulta previa.

No obstante, y pese a los acuerdos generados con las instancias gubernamentales ese mismo año, las mujeres afrocaucanas declararon hace un año romper las relaciones con el gobierno debido a los reiterados incumplimientos de los acuerdos pautados, asegurando que las retroexcavadores todavía siguen en esta región y que, además, varias lideresas han sido declaradas objetivo militar, “por su decisión de parir la vida y parir los territorios, como decimos nosotras”, según cuenta Francia Márquez.

En conmemoración a la marcha efectuada en el año 2014, la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales” celebró entre el 17 y el 20 de noviembre el primer Encuentro Nacional e Internacional de Mujeres Negras Cuidadoras de la Vida y Territorios Ancestrales en el municipio de Santander de Quilichao. Según Rosana Mejía, miembro de la Movilización de Mujeres Negras, “la Movilización es una reivindicación de los derechos que hoy se están negando a las poblaciones del norte del Cauca, y es una lucha por la permanencia y pervivencia de la comunidad negra en el territorio”.

Minería: una batalla que continúa

Los esfuerzos organizativos y de movilización que han gestado estas mujeres afrocaucanas responden a problemas de fondo que de manera histórica han afectado la integridad de las comunidades negras, indígenas y campesinas del campo. En este caso, el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la pobreza que sume a muchas comunidades rurales son algunos de los factores que han exacerbado la situación de estas comunidades en el país. No sin dejar de lado, la avanzada empresarial de corte capitalista que viene causando fuertes impactos en los territorios y que ha desatado divergencias y discusiones entre comunidades locales, gremios económicos, sectores políticos, académicos y el mismo gobierno.

Dentro del discurso neoliberal promovido por los últimos gobiernos, la minería se ha posicionado como la actividad predilecta para fomentar el desarrollo y promover la inversión de capital extranjero en el país. Sin embargo, no se ha destacado propiamente por los grandes beneficios que han dejado sus controvertidas regalías, o por el progreso que ha conllevado la entrada de grandes multinacionales mineras a los territorios. Por el contrario, la actividad minera en Colombia se ha distinguido por producir una serie de impactos negativos en el orden social, cultural y ambiental a nivel nacional.

Así las cosas, desde hace menos de dos décadas el panorama minero colombiano se ha caracterizado por: a) el advenimiento de la feria de concesiones minera, implementada en el año 2002, en la que se entregan cuantiosas extensiones del subsuelo de la Nación a firmas nacionales y empresas multinacionales; b) el fortalecimiento de procesos organizativos de comunidades rurales dada la proliferación de megaproyectos mineros en sus territorios; y c) el reciente y desmedido avance de prácticas extractivas ahora financiadas por grupos armados ilegales y por organizaciones criminales.

Ahora bien, para el caso del departamento del Cauca, el Catastro y Registro Minero de 2014 señala que hay 390.019 hectáreas tituladas para minería, habiendo aproximadamente en la región del norte del Cauca unas 17.497 hectáreas adjudicadas para estos propósitos. En el municipio de Suárez, donde surgió la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales”, la Agencia Nacional Minera a 2014 registra 18 títulos mineros que tienen una cobertura de 11.629 hectáreas y 28 solicitudes mineras que suman unas 53.258 hectáreas (ANM, 2014).

Mapa de la minería en el municipio de Suárez, Cauca

Fuente: Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2015

Igualmente, es perentorio reconocer que el panorama resulta incompleto si se deja de lado la arremetida de las actividades mineras ilegales en los territorios de comunidades étnicas y culturales. Lo que cuentan los pobladores del norte del Cauca, por ejemplo, es que la situación es tan preocupante que han recibido amenazas de abandonar sus tierras o de mantener el silencio si no quieren que sus vidas y las de sus familias estén en peligro.

En el marco de este encuentro nacional e internacional, la “Movilización de Mujeres Negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales” reafirma su compromiso por la defensa de sus territorios y prácticas ancestrales. El rol que ha venido asumiendo este grupo de mujeres nortecaucanas en los procesos de defensa territorial y de la práctica minera ancestral es sumamente valioso, entendiendo que actualmente la racionalidad estatal y la lógica de enriquecimiento de los grupos al margen de la ley es la de concebir estos espacios como los escenarios propicios para llevar a cabo actividades extractivas a toda costa; restándole finalmente importancia a las complejas implicaciones que supone el desarrollo de este tipo de prácticas en las zonas rurales y en sus pobladores.

Antropóloga e Investigadora del área de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Rural Aplicado del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali.