La Ley de Zidres: una evidencia de los problemas rurales aún no resueltos en el país

La creación de las Zidres, es un ejemplo del complejo panorama que afrontamos, en el que se intenta dar solución al problema agrario y rural a través de proyectos de desarrollo económico que privilegian a emporios agroindustriales y empresariales. Esta racionalidad es la que ha mantenido a las comunidades rurales en un escenario donde se estrechan sus posibilidades.

Daniella Trujillo
Daniella Trujillo
Investigadora del Área de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Rural Aplicado del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali
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27 de Octubre de 2016

Desde que se expidió la Ley 1776 de 2016 por la cual se crean Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social– ZIDRES- se han generado respaldos y críticas por parte de distintos sectores políticos, económicos y movimientos sociales en el país. Uno de los argumentos centrales es el que señala que ésta se convierte en una herramienta para legalizar el acaparamiento de tierras baldías por parte de emporios agroindustriales y empresariales que han concentrado la tierra históricamente; generando con ello un fuerte retroceso en materia de garantías jurídicas que asegure el acceso a la tierra de familias campesinas colombianas.

En el plano jurídico, la Ley fue demandada por un grupo de congresistas a inicios del mes de junio del presente año ante el Alto Tribunal de la Corte Constitucional. Seguidamente, en el mes de agosto, la misma Corte admitió la demanda efectuada y decidió convocar a una Audiencia Pública el 15 de septiembre. A esta Audiencia asistieron congresistas y representantes de organizaciones sociales, entre los que se destacó la presencia de congresistas como Jorge Robledo y Alberto Castilla (quien se encuentra presentando un proyecto de acto legislativo para el reconocimiento del campesinado); la representante de la Comisión Colombiana de Juristas, Jennifer Mojica; la abogada de la Universidad del Rosario, Rocío del Pilar Huertas; y el líder del Coordinador Nacional Agrario, Robert Daza.

No obstante, a pesar de la serie de acciones en contra de la Ley, siguen presenciándose espacios en los que se resalta la necesidad de su creación y aplicación. La semana pasada,  el magistrado Luis Ernesto Vargas llevó a cabo una ponencia en la que se apoyó la consolidación de las Zidres, exponiendo que éstas resultan fundamentales para fomentar el desarrollo del campo colombiano.

Pese a este espaldarazo a la Ley, en dicha ponencia el proyecto de fallo declara inviable el parágrafo 3 del artículo 3, producto de las movilizaciones y debates ya mencionados. El apartado sólo prohíbe adelantar proyectos dentro de las Zidres cuando: 1) su adjudicación se haya llevado a cabo después de la expedición de la Ley 160 de 1994 y 2) se consignen las prohibiciones y restricciones en los títulos de adjudicación. Si bien tales consignas ponen unos condicionantes al acaparamiento de tierras, se consideran como insuficientes y problemáticas, dado que es sabido públicamente la cantidad de compras de tierras realizadas por parte de actores privados, en principio adjudicadas como baldíos de la nación y que terminaron por constituirse en grandes latifundios, superando el límite de las Unidades Agrícolas Familiares -UAF-. Como se dijo anteriormente, este posible cambio en el plano normativo obedece a las preocupaciones y críticas que ha generado la Ley (que reproduce y/o agudiza la concentración de la tierra), y aunque no las resuelve, denota el interés de sectores de la población de frenar este tipo de iniciativas de carácter agroindustrial y/o minero-energético.

La tierra, un problema profundo

Ahora bien, la Ley Zidres tan solo pone en evidencia temas no resueltos en los planos territoriales, agrarios y rurales a nivel nacional, lo cuales se han convertido en un punto álgido en el terreno político, económico, social y académico.  Lo anterior, en razón de los siguientes elementos: a) la implementación de políticas rurales y de reforma agraria han sido incompletas y fragmentadas, reproduciendo con ello altos niveles de pobreza y de informalidad; b) la política de restitución de tierras y demás normativas que recogen a las víctimas del conflicto armado siguen siendo parciales; c) el uso del suelo ha sido contradictorio y ha desatado conflictos entre diferentes actores; y d) el sector rural ha estado definido en las últimas décadas por un contexto de monopolio y concentración de la tierra.

Se hace evidente que la ausencia de una auténtica reforma agraria y la fragmentación de las políticas rurales han encrudecido la situación en el campo, donde se siguen presentando situaciones de despojo, desplazamiento forzado, y un cada vez limitado acceso a la tierra por parte de las poblaciones rurales. A estos elementos se les suman los altos índices de pobreza y de informalidad en la tenencia de la tierra en el sector rural. En lo que respecta al primer punto, según el DNP, la incidencia de pobreza multidimensional para 2015 es todavía del 44 por ciento en las zonas rurales, cifra muy superior a la de las zonas urbanas que cuentan con una incidencia de 15 por ciento. Seguidamente, es posible apreciar que los niveles de informalidad en la tenencia de la tierra siguen siendo críticos, ya que las cifras que arroja el DANE para 2012, señalan que entre el 40 y el 50 por ciento de las propiedades rurales se encuentran en la informalidad.

En cuanto a la restitución de tierras, si bien se creó la Ley 1448 de 2011, y así mismo se ha llegado a restituir 185.024 hectáreas de tierra a 21.567 colombianos; las tareas que restan son múltiples y arduas sabiendo que el camino mixto que supone el proceso (administrativo y jurídico) se ha dilatado y entorpecido en el tiempo, quedando pendiente el compromiso de restituir un total de 2 millones 400 mil hectáreas a 2021.

De otro lado, el estudio de los conflictos de uso del territorio colombiano realizado por el Igac (2012), advierte que no hay correspondencia entre el uso actual de la tierra y su vocación. El informe expone que en el territorio nacional hay más de 22 millones de hectáreas aptas para uso agrícola, siendo solamente utilizadas unas cinco millones. Mientras tanto, se determina que la ganadería se extiende por 34 millones de hectáreas pese a que su vocación es tan sólo de 15 millones.

Aunque desde el año 1936 la propiedad estuvo determinada por su función social, en la que se ha restringido y/o limitado su desenfrenada acumulación, el fenómeno de monopolio y concentración de la tierra ha afectado casi la totalidad de los territorios nacionales de forma histórica. De acuerdo al Igac (2012), cerca del 0,4 por ciento de los propietarios son dueños del 46,5 por ciento de las tierras más productivas, con propiedades que superan las 500 hectáreas. Mientras tanto, el 67,6 por ciento de los propietarios poseen el 4,2 por ciento de la extensión territorial con terrenos que no exceden si quiera las cinco hectáreas.

En sí, la acumulación de tierra no es un hecho de reciente data en Colombia y por tanto se convierte en un tema imperioso dentro las discusiones y debates jurídicos que actualmente se vienen sosteniendo en el país. La creación de las Zidres, es tan sólo un ejemplo de este complejo panorama que afrontamos, en el que se intenta dar solución al problema agrario y rural a través de proyectos de desarrollo económico que privilegian primordialmente a emporios agroindustriales y empresariales. Esta racionalidad es la que ha mantenido a las comunidades rurales en un escenario donde continuamente se estrechan sus posibilidades, donde se estrecha cada vez más la tierra que disponen para subsistir.

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