El pacífico colombiano: un “territorio de sacrificio” en pro del desarrollo económico

Si bien el pacífico se ha visto permeado por actividades económicas extractivas, es preocupante el delicado panorama que afronta esta zona, entendiendo que dentro de un escenario de postacuerdo el gobierno asume el modelo minero-energético como fuente de financiación y está ad portas de “abrir sus territorios” a múltiples actores económicos.

Daniella Trujillo
Daniella Trujillo
Investigadora del área de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Rural Aplicado del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali
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06 de Febrero de 2017

El estudio realizado el año pasado por el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC) del IDEAM y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), presentó los resultados más recientes del monitoreo de la deforestación en el país. En dicho informe se reveló que 59´558.064 hectáreas pertenecen a bosque, las cuales equivalen al 52,2 por ciento del territorio nacional.

Si bien esta cifra denota la gran riqueza en diversidad biológica, ambiental e hídrica que alberga el país, al mismo tiempo, pone de relieve los múltiples retos que enfrentan las entidades y autoridades territoriales para velar por su conservación y preservación regional. En este sentido, es importante señalar que este estudio alerta sobre los altos niveles de deforestación que se están generando a causa de actividades como: la minería ilegal, el establecimiento o expansión de infraestructura vial, la reconversión de áreas agropecuarias, la tala ilegal, la generación de incendios forestales, la expansión de cultivos agroindustriales y la presencia de cultivos de uso ilícito.

Dando una mirada regional al asunto, la región del pacífico colombiano actualmente cuenta con 5.318.837 de hectáreas con superficie de bosque y, concentró en 2015 el 10 por ciento de la superficie deforestada a nivel nacional, cifra que se redujo en 4 puntos porcentuales si se compara con el 2014. Aunque se presenta una reducción en los niveles de deforestación, es menester exponer que la región sigue siendo considerada como zona estratégica para el desarrollo de megaproyectos extractivos y, además de ello, viene siendo azotada por la llegada de actores que realizan actividades asociadas a economías ilegales.

Si bien históricamente la región pacífico se ha visto permeada por actividades económicas jalonadas por proyectos extractivos que propenden por la extracción y exportación de materias primas, son de configuración más recientemente los espacios socio-productivos atados a la inversión extranjera y el mercado internacional. Lo anterior ha propiciado que regiones como ésta se hayan asumido como “territorios de sacrificio” en pro del desarrollo económico del país, entendido como el avance en megaproyectos mineros, explotación de hidrocarburos, proyectos de infraestructura y demás lógicas minero-energéticas y de carácter agroindustrial.

En el documento en mención, la minería ilegal se identificó como el factor de deforestación con mayor presencia en la región del pacífico colombiano. La tala ilegal se presentó como elemento de deforestación en los departamentos de Nariño y Cauca. Mientras que los incendios forestales se presentaron primordialmente en la zona de los Andes, específicamente en las zonas de los departamentos del Cauca y del Valle del Cauca y, en menor medida, en la zona del pacífica del Chocó.

Lo expuesto hasta acá, abre un gran debate sobre lo que se entiende por ‘desarrollo’ y por sustentabilidad, y además de ello, sobre el horizonte próximo de los territorios que albergan una gran riqueza en biodiversidad, pues los mismos resultan sumamente atractivos, no sólo para el desarrollo de actividades ilícitas e ilegales, sino también para la expansión de proyectos de infraestructura que buscan el control territorial y la extracción de bienes naturales.

El asunto entonces radica en comprender el delicado panorama que afrontamos en un país que está ad portas de “abrir sus territorios” a múltiples actores e intereses económicos dentro de un escenario de postacuerdo, horizonte que se agudiza si se tiene en cuenta que el gobierno actual del país, insiste en fomentar el despliegue de prácticas extractivas como fuente para financiar esta nueva realidad.

Tal como lo han revelado personajes como Humberto de la Calle “para el gobierno el modelo económico no está en discusión”, dejando entrever con ello que el modelo minero-energético sigue pensándose como el medio idóneo para jalonar la economía y como fuente de financiación en el proceso de paz.

En este orden de ideas, es preocupante la situación de estos territorios a nivel ambiental y social en este nuevo escenario, más si se tiene en cuenta que los mismos siguen siendo “sacrificados” o deforestados por el constante desarrollo de actividades extractivas, prácticas ilegales y proyectos de infraestructura que: de un lado, sirven para generar el enriquecimiento de ciertas élites económicas y grupos al margen de la ley; y de otro lado, son justificados como fuente legítima para generar un impacto directo sobre el crecimiento económico del país.

En definitiva, no puede seguir impulsándose un paradigma economicista que, a todas luces, termine por aniquilar los recursos naturales y, además, acabe fragmentando territorios que hoy por hoy siguen anhelando y luchando por la paz.