El Pacifico Colombiano: más allá del Desarrollo Alternativo y los mecanismos REDD

Superar la crisis ambiental y productiva por la que atraviesa la región del Pacifico requiere mucho más que programas productivos y ambientales específicos para reducir los cultivos ilícitos y la deforestación.

Alvaro Arroyo
Alvaro Arroyo
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28 de Octubre de 2016

Superar la crisis ambiental y productiva por la que atraviesa la región del Pacifico requiere mucho más que programas productivos y ambientales específicos para reducir los cultivos ilícitos y la deforestación.

Los cultivos de uso ilícito son uno de los principales motores de deforestación y degradación de la biodiversidad en Colombia. En el 2015 aumentaron en un 39% pasando de 69.000 a 96.000 hectáreas. Este aumento se ha presentado en áreas de manejo especial por su diversidad biológica y cultural: en resguardos indígenas el aumento fue del 52%, en territoritos de comunidades negras del 51%, y en parques naturales del 13%. En términos regionales, los cultivos ilícitos aumentaron en un 56% en el Pacífico Colombiano y esta región representa el 42% del total nacional con 40.594 hectáreas sembradas de acuerdo con el informe de monitoreo de territorios afectados con cultivos ilícitos 2015, publicado por ONUDC.

Mapa 1. Confluencia de problemáticas y situaciones. El color amarillo representa los territorios donde confluyen gran riqueza natural, degradación ambiental, bajo desarrollo rural, baja capacidad institucional, conflicto armado, altos índice de pobreza económica, territorio de propiedad y manejo colectivo.

Al revisar los factores que podrían haber generado este aumento en los cultivos se observa que todos se refuerzan entre sí, lo que hace más difícil reversar la tendencia.

Uno de estos factores es el incremento del precio  de la hoja de coca, que al estar por encima del precio de los productos agropecuarios  es un fuerte incentivo que favorece  las actividades ilegales en relación con  otras actividades productivas.

Otros factores como la relativa estabilidad del precio, el suministro de semillas , insumos y dinero anticipado a los cultivadores por quien compra la hoja, se traduce en mejores condiciones de mercado que generalmente no las tienen los productos agropecuarios.

Además, la reducción de los riesgos asociados a la actividad ilícita y la posibilidad de recibir beneficio por la eliminación de los cultivos, que son medidas dirigidas a no criminalizar a los cultivadores, deben estar acompañadas de verificación del no aumento y de la erradicación  de los cultivos y de estrategias de fortalecimiento de la administración de los territorios por las comunidades y sus organizaciones.

Las reacciones que ha generado este significativo aumento han sido diversas:  por un lado,  el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, ha  solicitado reactivar  las fumigaciones aéreas con glifosato, como principal estrategia para combatir el aumento de los cultivos. 

Por otra parte, organizaciones étnicas, campesinas, académicos, y ambientalistas rechazan de forma categórica fumigar con glifosato, básicamente porque sería  profundizar las crisis humanitaria de la población y acelerar la pérdida de la biodiversidad de los territorios;   La fumigación agudiza la destrucción de los territorios.

Los programas de Desarrollo Alternativo (PDA) y los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) han sido concebidos para unos fines  específicos. Los PDA desde su nacimiento en los años ochenta, han sido una respuesta al incremento de los cultivos de uso ilícito y, como lo establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) “su objetivo  es reducir y eliminar el cultivo de plantas que contengan estupefacientes mediante medidas de desarrollo rural expresamente concebidas para  ese fin”.

Los proyectos REDD, por su parte, son mecanismos dirigidos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques.

Estos dos instrumentos no son suficientes para las comunidades rurales del Pacifico en su mayoría étnica pues  no solo han sido históricamente liderados por agencias de cooperación internacional (muchas veces sin un control gubernamental y excluyendo las voces de las comunidades), sino que  en otros casos se les ha querido exigir que aborden problemáticas que son responsabilidad del Estado  como la construcción de grandes obras de infraestructura, o la prestación de servicios públicos.

Si realmente, existe un interés nacional por la recuperación del territorio rural, por la protección de la biodiversidad y por la erradicación de los cultivos de uso ilícito se requieren políticas y programas  de bienestar rural de gran envergadura que con presupuesto y asistencia técnica que dignifiquen el trabajo y la vida rural, acceso a capital para financiar sus iniciativas productivas, educación superior, tecnologías y mercados que valoren la protección ambiental.

Se debe tener en cuenta que son territorios rurales dispersos, con gran fragilidad de sus ecosistemas, mayoritariamente de propiedad y manejo colectivo, con altos niveles de pobreza y con una alta vulnerabilidad a ante la minería ilegal, deforestación y la presencia de grupos armados. Estos proyectos deben contar con acompañamiento integral de largo plazo y deben ser financiados principalmente por el Estado para ser un complemento a  los directamente relacionados  con la reducción de los cultivos ilícitos  o la deforestación  y la degradación.