¿Cómo se ven, lo agrario y la representación política del Norte del Cauca, a la luz de los Pdet?

El gobierno ya inició la elaboración de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, los encargados de su formulación no están reconociendo las historias locales, ni los procesos de organización de las comunidades étnicas.

Luis Fernando Barón
Luis Fernando Barón
Coordinador Programa Gobernabilidad del Pacífico- Dept. Estudios Políticos - Universidad Icesi
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13 de Octubre de 2017

Las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz no están concertando con las organizaciones sociales estos planes que apuntan al desarrollo regional para los próximos diez años.

Así se evidencia en el Norte del Cauca, donde ¨se está arrancando de cero¨ con asambleas y consultas veredales que desconocen los procesos de las organizaciones indígenas, campesinas, negras y afros,  así como sus avances en la formulación de planes territoriales y regionales de buen vivir y etnodesarrollo que se han venido tejiendo desde varias décadas atrás. Parece que se intenta resolver en meses problemas de décadas, de siglos, que hacen parte de la formación y desarrollo del Estado-nación colombiano.

Analistas de la historia política de Colombia  coinciden en anotar que los problemas agrarios (distribución, uso, usufructo de tierras y territorios), y la representación política de comunidades y sectores no reconocidos y marginados económica, cultural y socialmente (indígenas, campesinos, negros, trabajadores), han sido centrales en el origen y persistencia de las violencias, y particularmente, del conflicto político armado en nuestro país (e.g. F. Gutierrez, M.E. Wills, D. Pecaut, M. Palacios, A. Molano, D. Fajardo). 

No es gratuito que uno de los más espinosos y largos temas de discusión en las negociaciones de La Habana, así como el primero de los capítulos del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, estén directamente relacionados con una Reforma Rural Integral, que se ve como base para ¨la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera¨ (p. 10).

Como parte de la implementación del Acuerdo, el gobierno expidió el Decreto Ley 893 con el que se crean los Pdet, para impulsar ¨la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en las regiones afectadas por la carencia de una función pública eficaz y por los efectos del mismo conflicto armado interno.” Los Planes están proyectados para realizarse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas y ¨deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental.”

Los Pdet son coordinados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), y se concentran en 16 zonas de implementación prioritaria. La definición de estas zonas se hizo a partir de análisis regionales que comprenden los territorios como unidades. Por este camino se incluyó al Norte del Cauca, que se juntó con la zona del Patía. Una decisión que no corresponde ni con las dinámicas ni procesos territoriales de las organizaciones indígenas, negras y campesinas, ni con los análisis y estudios regionales de académicos sobre esta zona.

Para nadie es desconocido que las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y negras del Norte del Cauca tienen una importante historia de organización y de movimientos sociales en esta región del país. Aquí se gestaron varias de las agrupaciones y acciones colectivas que desde principios del siglo pasado han alzado sus voces y se han movilizado,  precisamente por problemas relacionados con las tierras y los territorios y con la representación política. 

Las comunidades y organizaciones indígenas de este territorio “Cxhab Wala Kiwe”, que en la actualidad tiene 21 resguardos y cabildos, y más de 110.000 hombres y mujeres, desde inicios de los años 70 ya incluía en sus planes de vida apuestas relacionadas con la propiedad y uso de la madre tierra; la defensa de la cultura y la identidad, la promoción de autonomía política, económica, educativa, y la protección de los recursos naturales y de la salud. Asuntos que se mantienen hasta hoy como ejes transversales de sus aspiraciones. En los últimos años los Congresos de la ACIN han incluido en sus planes acciones estratégicas para la defensa de la vida y el territorio, como respuesta al escalamiento y profundización del conflicto armado en las últimas décadas.

De manera similar están los planes de los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras (CCN) de la zona, que se han venido construyendo desde hace décadas, particularmente desde la promulgación e implementación de la Ley 70 de 1993. Hoy hay más de 40 CCN en esta zona, que de acuerdo con sus propios censos, estiman  una población de unos 250.000 hombres y mujeres negras y afros en la región.  Desde 2014 la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), inició un proceso de  planeación regional que se concretó en el 2015 en un documento conjunto con proyección a 30 años, y enfatiza la defensa de la vida, de los derechos étnico-territoriales, del gobierno propio y el buen vivir, este últimos relacionado con el cuidado de sus comunidades y del medio ambiente.

Además valdría la pena considerar los avances en las propuestas y procesos de planeación de organizaciones campesinas, como ANUC Departamental de Cauca, que de acuerdo con sus datos, tienen más de 17.000 asociados en la región. Documentos recientes que recogen su visión y apuestas para los próximos años, propenden por el fortalecimiento del movimiento campesino, así como por el apoyo a la reforma agraria integral; la recuperación de la identidad y economía campesina; la protección del medio ambiente; la lucha contra las actividades ilegales en la región, y la defensa de mecanismos como la consulta previa y el derecho a la paz.

Sería importante que los funcionarios del gobierno e incluso las organizaciones locales tuvieran en cuenta  también el Plan Estratégico para el Desarrollo del Norte del Cauca 2032, PEDENORCA,  que, además de proponer una visión de futuro que posibilite la inversión social y económica, requiere de un pacto social entre los actores de la región. Este Plan hace énfasis en la prosperidad, la inclusión y la paz, propone formas nuevas de ver el territorio, la construcción y consolidación de alianzas y la orientación y ordenamiento de las intervenciones locales. Sus prioridades se centran en la pobreza, la baja inversión pública y las violaciones a los derechos humanos.  

De acuerdo con testimonios de líderes étnicos y campesinos de la región, el proceso de planeación de los PDET, tal y como está diseñado y como se viene aplicando, antes que reconocer las voces locales y de fortalecer la participación comunitaria y a las organizaciones étnicas y territoriales, parecieran estar  buscando, de manera deliberada, debilitarlas. Esto porque la definición territorial no ha sido discutida con las organizaciones locales, ni ha habido voluntad para concertar las rutas y las formas del proceso de planeación en sus territorios.

Además, afirman estos testimonios, se están cooptando líderes y activistas por la vía de contratos de trabajo a corto plazo, y con promesas de millonarios recursos por venir a la zona por la vía  de proyectos. Lo anterior significa para los lideres étnicos y campesinos, no sólo un nuevo desconocimiento de los procesos y participación comunitarios por parte del Estado,  sino de las propuestas y alternativas de sus organizaciones para construir paz, justicia y buen vivir en sus territorios.

Varios de los analistas mencionados más arriba muestran que los problemas agrarios y de representación política hacen parte de las dinámicas mismas de creación y desarrollo del Estado-nación colombiano, que por asuntos políticos, económicos, culturales (incluso intelectuales y epistemológicos), ha desconocido la existencia de comunidades, sectores y territorios como parte de los procesos mismos de la construcción de ese Estado-nación.

¿Será que las instituciones y funcionarios a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz no conocen las historias y reflexiones de los historiadores y analistas del conflicto colombiano, varias de ellas consignadas en las conclusiones y recomendaciones mismas de la Comisión Histórica creada durante el proceso de La Habana para comprender de manera más compleja los orígenes, la permanencia y las víctimas del conflicto?

O ¿será que en el afán por dejar unas estructuras y un aparataje básico, difícil de socavar o desmontar por quien gane la próxima elección presidencial, se están tratando de resolver problemas históricos y culturales en unos pocos meses, cometiendo varios de los errores del pasado y corriendo el riesgo de repetirlos sin ponderar los costos e impactos que estas acciones tenga en el corto, medio y largo plazo para las regiones y el país?

Creo que es necesario que las organizaciones étnicas y territoriales fortalezcan sus relaciones y trabajo con sus comunidades, así como sus vínculos y acciones conjuntas, tanto entre sus organizaciones, como con otros grupos y sectores de la región. Pero es muy importante que las instituciones y personas del gobierno a cargo de la implementación del Acuerdo de Paz, lo mismo que otros sectores y grupos influyentes en la región, consideren muy en serio las historias de lo agrario y la representación política en el país.

En este sentido, deberían conocer y reconocer los planes, propuestas, e incluso los acuerdos, que desde tiempo atrás se han desarrollado en lo local-regional, como base de análisis y concertación de programas que correspondan con las visiones, sueños y sentidos del bienestar y buen vivir de las comunidades indígenas, negras y campesinas. 

De otra forma es probable que en el Norte de Cauca estemos frente a una nueva ¨bomba de tiempo¨, como las que se han desencadenado en territorios como los de Quibdó, Buenaventura o Tumaco, en los últimos meses, para referir solo a algunos de los casos más preocupantes en el Pacífico colombiano.

 


Por ejemplo las históricas luchas por la tierra, la autonomía y la identidad, que incluyen el Movimiento del indio Quintín Lame, o los movimientos surgidos durante La Violencia en esta región,  o la formación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), y más recientemente, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN),  o de Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), además de la gestación en el ultimo año del Consejo Interétnico del Norte del Cauca, entre los más importantes.