Bojayá y su Comité tienen una visión integral de sus exigencias

A 16 años de la masacre de Bojayá, los pobladores de todo el municipio se movilizan para concretar acciones de reparación y de resolución de necesidades básicas insatisfechas. Se ha ganado una visión integral de las exigencias, pero muchas siguen en el papel

Jesús O Durán
Jesús O Durán
Comunicación en el Pacífico
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02 de Mayo de 2018

Desde la masacre de Bojayá el 2 de mayo 2002 ha corrido mucha tinta en proyectos y planes que se concretan en pequeñas cuotas de pago con muchos descuentos, así como mucha sangre por cuenta del conflicto armado, pagada de contado, que pertenece a pueblos étnicos, Emberá y comunidades negras. Es la gran paradoja; por un lado, el bla, bla de las políticas públicas y reparación y, por otro, lo concreto en la muerte de sus habitantes y el impacto de la violencia que se volvió cotidiana en medio de altos niveles de pobreza y confinamiento.

Desde el 2014 con los ceses temporales del fuego, empezó a crecer en Bojayá la esperanza de la paz que el municipio respaldó plenamente en el plebiscito del 2016, pero que hoy amenaza nuevamente con resurgir por cuenta de los incumplimientos del Estado, en el caso del Atrato. Ese principio de No Repetición de los hechos victimizantes, encontró en la firma del acuerdo su principal eslabón para su observancia. Pero tal como dice Leyner Palacios, ganador del premio internacional al Pluralismo Global, existen más actores armados ilegales en la región, con el agravante de que la fuerza pública no cumple a cabalidad su papel constitucional, y en muchos casos ha sido permisiva y cómplice.   

La creación del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá (el Comité) tiene la particularidad (extraña en Colombia) de estar constituido por las víctimas. Este es un factor dialógico clave en las exigencias de sus derechos, sobre todo en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos. Esto conduce a que el discurso estatal debe construirse en los términos de las víctimas y sus familiares, una tarea difícil para aquellos funcionarios academicistas y leguleyos, rostros de un Estado que ha permanecido a espaldas del cumplimiento de los derechos humanos reconocidos como fundamentales en la constitución política de 1991 y contemplados en muchos de los puntos del acuerdo de paz FARC-Gobierno.  

El más grande de los derechos humanos es el derecho a la vida digna, también recogido como lema y opción fundamental por la organización étnica Consejo Comunitario Mayor del Medio Atrato (COCOMACIA) y la Diócesis de Quibdó. No sólo derecho de la vida humana, sino de toda la biodiversidad y, la de su casa, el planeta Tierra.

En este sentido, la sentencia 622 de la Corte Constitucional reconoce al río Atrato como sujeto de derechos y, por tanto, obliga al Estado a su recuperación y protección. Pero el río Atrato no es un ente independiente, su esencia abarca toda la biodiversidad y la cultura humana alrededor y dentro de su geografía; en otras palabras, el Atrato no está conformado sólo por agua, sino que el territorio de sus riberas (valles, montañas, ciénagas) es parte integral de su existencia. En términos de propiedad colectiva, por extensión, debe entenderse que las personas que lo habitan ancestralmente tienen dominios en el agua, cosa que aún no termina por definir la ley 70 de comunidades negras, ídem de los resguardos indígenas, en las cuales el Estado sigue siendo el poseedor.

Cuando el Comité dice que la reparación debe ser integral habla del conjunto del territorio que se acaba de describir someramente, pero para muchos funcionarios les es difícil entender esta categoría, pues su concepción de territorio se limita a “su” apartamento o “su” casa, o “su” carro y “su” oficina donde desarrollan horas de trabajo a cambio del sueldo. De ahí que contemplar las diferencias entre lo individual y lo colectivo (que no descarta la propiedad individual), sea un tira y afloje a la hora de implementar la política pública, salvo casos de funcionarios como Miguel Vásquez Luna (qepd) o de Adith Bonilla Martínez, exdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras del Chocó, o de Richard Moreno Rodríguez, actual procurador delegado para asuntos étnicos, entre otros.

Precisamente esta integridad es la que ha enriquecido políticamente al Comité, cuyos miembros comprenden que la triada Reparación-Paz-Territorio debe estar vinculada en las políticas estatales de transformación. De ahí que sus luchas no se limitan sólo a aspectos puntuales. En coherencia, están facilitando tres procesos:

El primero, la identificación plena y científica de los muertos de la masacre del 2 de mayo; de esta se desprende la urgencia de la búsqueda de personas desaparecidas y la atención de salud de los 159 heridos de la pipeta (ya han muerto 10 al parecer de cáncer producido por las secuelas del impacto).

El segundo, la reparación colectiva de tres sujetos: 1) los pobladores de la cabecera municipal Bellavista, 2) los 18 consejos comunitarios del municipio y 3) los 32 cabildos indígenas Emberá de Bojayá.

Y el tercero, son las acciones reparadoras que por motivo de la admisión de responsabilidad de las FARC en la masacre del 2 de mayo, se han venido concertando e implementando, con las dificultades que ha demandado el proceso de paz.

Para el coordinador del Chocó de las Naciones Unidas-Derechos Humanos, Miguel Ángel Sánchez, la intervención del Comité ha sido fundamental para la comprensión de la integralidad de estos procesos, que se ha logrado gracias al diálogo permanente y a la acción. En este sentido, un logro de estos años de lucha, resistencia y exigencia de las víctimas sobrevivientes es su formación política en temas de paz, reparación y etnodesarrollo.

Para finalizar el artículo (el tema es muy amplio) el Comité está permanentemente en encrucijadas, pues le toca responder al discurso estatal y a los acuerdos alcanzados, y al mismo tiempo explicarle a las víctimas y a sí mismos, que cosas básicas como el agua potable o energía permanente o un hospital de primer nivel o fuentes de empleo o el espacio íntimo del duelo, a pesar de que son consistentes en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es lo más difícil de implementar para el Estado colombiano por razones inexplicables, pues sus instituciones locales como la alcaldía o las del orden regional y nacional, que se supone se crean para ello, no lo hacen. En consecuencia, la alternativa que les ha tocado asumir es movilizarse para reclamar las necesidades básicas de los vivos (marchas por el derecho a la energía y al agua potable en este 2018) y del medio ambiente, mientras trabajan duro por el resarcimiento de la dignidad de los muertos.

Por tanto, los cumplimientos de las exigencias siempre quedan sin final, pues la progresividad exigida en los DESC que debe vincularse a estas acciones de política pública, no se está reflejando en el impacto de la intervención. Queda entonces esperar que el Estado responda integral y progresivamente al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, y a los pobladores de Bojayá…