¿Es lánguido el debate sobre la enseñanza de la historia en Colombia?

El proverbio del pueblo africano Igbo invita a reconocer el poder del relato en la configuración de una historia nacional: “cuando las leonas tengan a sus propias historiadoras, las historias de la cacería dejarán de contar únicamente la historia del cazador”.

Maria Isabel Mena
Maria Isabel Mena
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10 de Febrero de 2018

No, no y no es la respuesta inmediata al título de esta columna. La aparición de la ley que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la historia, desconociendo un antecedente como el Decreto 1122 de 1998 (Cátedra de Estudios Afrocolombianos, CEA), profundiza la imagen de un gobierno racista con la historia de la comunidad negra.

Emitir esta ley sin atender los dictámenes de la CEA es un atentado a los derechos que tanto ha costado a esta comunidad ganar en el escenario de las luchas por el reconocimiento. Veamos algunos soportes de esta afirmación.

En diciembre pasado, el gobierno del presidente Santos sancionó la Ley No 1874 que especifica los objetivos de la enseñanza de la historia en las escuelas colombianas. Contrario a lo que muchos esperamos, la nueva ley no ha generado el debate necesario y puede constituir, en el mejor de los casos, un tenue saludo a la bandera.

En todo caso, ha habido algunas manifestaciones a propósito de esta noticia sobre una ley para el área de historia escolar.

En algunos círculos protestaron porque no debió expedirse una ley sin el consentimiento de los interesados. En el caso de las comunidades negras es casi seguro que no hubo mecanismos de consulta como lo establece la Constitución.

Otros colectivos han condenado la norma porque se opone a los intereses de las tradiciones universitarias que no sienten que la historia deba promoverse solita, sino articulada al conjunto de las ciencias sociales. Este debate, en algunas instancias, se dio por superado con la reglamentación de la Ley General de Educación.

Algunos docentes opinaron que la norma es transparente en tanto de facto en los colegios se sigue enseñando historia, geografía y democracia, normas de tránsito, derechos humanos, cultura de paz, ciudadanía y otros temas que, sin reforma a la Ley de educación, van colgando problemáticas sociales a esta asignatura que se espera resuelva los grandes asuntos de la convivencia social.

Por lo tanto, para estos docentes no es claro el esfuerzo gubernamental para una insípida norma que no logró el cometido de desplazar la cantidad de temas que restan intensidad horaria al área de historia.

Quizás por el momento en el cual fue firmada la norma, en el marco del clima político electoral agitado para el país, las comunidades no han tenido el tiempo y las condiciones para entender qué puede suceder con esta novedad en el contexto escolarizado.

Independientemente de los efectos que esta norma pueda provocar en la narración escolar de la historia, sí debemos llamar la atención sobre algunos tópicos que ya se consideran ganados en la esfera de los derechos de los pueblos negros.

Si bien la Ley establece como uno de los objetivos “contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación colombiana”, es mejor no confiarse en que una vez salgan los lineamientos se les cumplirá a las comunidades con este filantrópico propósito.

Será acertado hacer presencia en todo este debate para que se narre la voz de las comunidades resarciendo la deuda histórica que se tiene con las comunidades negras.

Es mejor de entrada incidir en la propuesta de reglamentación de la ley para que no suceda que la historia de la comunidad negra en el contexto escolarizado quede por fuera del ciclo básico educativo. (Era de esperarse que esta Ley no tuviera en cuenta el antecedente del Decreto 1122, de la CEA, como parte de las conquistas ganadas). 

Y en este punto vale la pena recordar el célebre proverbio del pueblo africano Igbo que nos convoca a reconocer el peso del relato en la configuración de una historia nacional. Este pueblo legó una bellísima metáfora que nos advierte del poder del relato, de la presencia de las mujeres en este discurso y de la necesidad de acudir a la verdad como fuente de la historia, así señalan los Igbo: “cuando las leonas tengan a sus propias historiadoras, las historias de la cacería dejarán de contar únicamente la historia del cazador”.

Esta fábula es muy interesante porque permite leer dos posiciones en la escritura de la historia: la del vencedor y la del vencido. La de la leona que ha sido eliminada y no tiene posibilidad de narrar la faena, y la de quien escribe cómo desde su versión venció a su oponente.

La historia que se consume en las escuelas por parte de los estudiantes de la educación básica y a quien va dedicada la Ley tiene mucho de lo anterior: unos contenidos que ponen a los españoles y a la madre patria como vencedora y a los pueblos africanos en condición de vencidos. Por eso este debate no es inoficioso y puede ser un aliado importante en la perspectiva de posicionar las historias más justas de África en la escuela.

Los Igbo llaman la atención de referir con justicia histórica los eventos en los cuales los conflictos afloran en la sociedad, pero también insisten en la responsabilidad de quien tiene la pluma para narrar lo acontecido.

Para entender cuáles son las expectativas que se pueden estar jugando en una ley que estableció el carácter obligatorio de la memoria de la nación colombiana se debe comprender algunos hitos que hacen interesante esta Ley si se le presta la debida atención.

La primera idea que surge al leer la Ley es que no se estableció la enseñanza de la disciplina histórica para el sistema educativo. No se trata de la historia pura o disciplinar, si no de revivir aquellos periodos históricos de la sociedad colombiana que por su relevancia son merecedores de revivir en las escuelas.

En este punto es necesario preguntarse ¿quién decide cuáles son los eventos dignos de rememorarse por parte de los estudiantes de la escuela colombiana?. 

Pensar en esto es importante porque, si bien Colombia goza de un buen número de historiadores serios y comprometidos con tradiciones historiográficas de fuerte pelambre, el número no resulta tan robusto cuando se trata de esos contenidos traducidos a la educación básica. No son tantos los profesionales de esta área que conozcan lo que sucede en los grados de la educación básica o media porque sus intereses investigativos no rondan esos temas.

El segundo aspecto es que las historias que llegan a la escuela son producto de la negociación política. No fue gratuito que hasta mediados del siglo pasado la iglesia católica, desde Bogotá, definiera los contenidos que debían mencionarse en las instituciones. El celo con el cual se ha resguardado esta área del conocimiento hace que nos preocupemos por las consecuencias de una historia escolar que se dedique nuevamente a conmemorar a los próceres europeos y criollos que tanto daño han hecho a la nación colombiana.

En ese contexto varias perspicacias asoman. ¿Quién escribirá la historia de los pueblos negros?, ¿qué va contar sobre esas comunidades?, ¿a qué fuentes acudirán esos relatos?, ¿qué efectos subjetivos se espera que resulten en los estudiantes?, ¿qué énfasis serán indispensables en los periodos que se presenten?. Quizás sea tremendamente necesario vincular el papel de los profesores de historia en la construcción de un discurso emancipador para los pueblos subaletnizados por la hegemonía política de esta nación.

Y se plantea la necesidad de cuestionar ¿a qué estrategias de presión e incidencia acudirá el movimiento de las comunidades negras para que los renacientes y el conjunto de estudiantes del sistema educativo egresen con una idea básica pero real de las conquistas de sus antecesores?.

Por lo anterior, seguiremos entregando algunas claves sobre la necesidad de pensar que quien escribe la Historia, con H mayúscula, relata la historia del poder y, por lo mismo, no es para nada lánguido el debate de la Historia escolar en Colombia en clave de la historia de la diáspora africana.

Comentarios (1)

Andres Felipe Garcia Rovira

10 de Febrero

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Cuando uno lee este texto parece muy serio hasta que uno observa que desde la ...+ ver más

Cuando uno lee este texto parece muy serio hasta que uno observa que desde la constitución del 91 hace mas de 25 años se le giran recursos a las comunidades afrodescendientes, supondria uno que dentro de estos recursos las comunidades habrian destinado algo de esos recursos a reconstruir en investigaciones serias su historia con el fin de poder compartirla con el resto de la nación y con los suyos. Pero esos textos no existen porque lo etnico en Colombia solo sirve para capturar rentas, así que supongo la conclusión de este escrito es que se necesitan recursos para crear una comisión de historiadores que haga esa recopilación, porque en el fondo el dinero que se entrega por parte del ministerio del interior solo alcanza para mantener la maquinaria.