Violencias y crímenes de odio contra las mujeres

Si la violencia sobre los cuerpos es un producto histórico y social, es decir, no está en la condición humana ¿por qué somos tan resistentes a cambiar prácticas hoy reconocidas como violatorias de la dignidad humana, como delito? ¿Por qué las mujeres son víctimas preferentes de crímenes de odio?

Doris Lamus Canavate
Doris Lamus Canavate
Académica
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22 de Noviembre de 2016

El código del dolor en la historia de la humanidad

Para quienes hemos trasegado en la academia y en los movimientos feministas y de mujeres con el problema de la violencia de género, uno de los más graves y que nos afecta a nivel global, es imprescindible seguir(nos) cuestionando sobre el asunto, para no correr el riesgo de desfallecer ante la contundencia de la amenaza. Luego de ver mil informes estadísticos, comparativos, actuales, globales, oficiales, ya aturdida por los números, he resuelto negarme a contar. Ni una más, ni una menos. Voy pues a abordar el asunto cualitativamente, sin perder de vista los cuerpos que me ocupan, los de las mujeres, y el que habito.

Existe una larga historia de ejercicio del poder sobre los cuerpos de los seres humanos que se puede seguir estudiando las guerras,  por ejemplo. Pero también como hace Foucault, estudiando las formas de disciplinamiento  y vigilancia que sobre los cuerpos, se ejerce en los ejércitos, las cárceles, las escuelas, los servicios médicos, entre otros. Sugiere así, tratar de estudiar los cuerpos periféricos y múltiples que los efectos de poder constituyen como sujetos.

En esta línea de reflexión Foucault descubre un sistema de prácticas basado en el código del dolor, creado para castigar a los contradictores;  así mismo, describe con detalle y en contexto, prácticas históricas tales como los suplicios, las torturas  y los innumerables rituales esmeradamente diseñados (pensados y ejecutados) para sostener la vida en la muerte, “para retener la vida en el dolor, subdividiéndola en mil muertes y obteniendo con ello, antes de que cese la existencia, the most exquisite agonies  (Foucault, 2002).

En este orden de ideas quiero, primero, insistir en el carácter histórico del código del dolor. Y, enseguida, en la medida en que Foucault nos regresa en el tiempo, saltar a la intención que anima este recuento; es decir, introducir el criterio género en el asunto y traer una referencia clave de la época, las historias de brujas que en la persecución de las idolatrías, política con la cual la Iglesia Católica y el Santo Oficio de la Inquisición,  quitaron la vida en la hoguera y otras máquinas de matar mujeres, previo tratamiento con los más sofisticados dispositivos del terror. Recuérdese aquella idea de sostener la vida en la muerte…

Así planteado el problema de la construcción histórica de la violencia contra los cuerpos, lo que subrayo aquí es que son los grupos sociales considerados inferiores los que padecen ese ejercicio del poder mediante el código del dolor; es decir que también los hombres pueden padecer esta violencia. Pero, ¿qué es lo que hace la diferencia? Lo que cambia el orden de las cosas es que las mujeres son la mitad y un poco más de la población mundial, y que son los hombres los que ejercen, mayoritariamente, formas diversas de violencia contra las mujeres desde las más sutiles, hasta crímenes de odio como el feminicidio (Russell y Harmes, 2006).

 Los derechos de las mujeres

Entendido el problema en su naturaleza estructural, cultural, histórica, debemos ahora dar otro salto hacia tiempos recientes. En buena parte del planeta, sobre todo en Occidente, desde la segunda postguerra, se vienen desarrollando acciones globales en torno a la defensa y protección de los Derechos Humanos. En este contexto, las particulares condiciones de inequidad y vulnerabilidad  de más de la mitad de la población mundial, las mujeres, conduce a que en el discurso de Naciones Unidas tome un lugar destacado la “Agenda para la Mujer”. Así, en 1979, la Asamblea General de la ONU aprobó la “Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer”.

Este documento pretende comprometer a todos los Estados en la tarea de “prevenir, sancionar y eliminar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas” y es considerado desde entonces, un instrumento para propiciar las medidas que procuren modificar tradiciones y prácticas naturalizadas de la discriminación, explotación y exclusión sociocultural, política, económica, en la educación, el trabajo, la vida civil, en la vida familiar, en el medio rural, con el fin de asegurar el pleno desarrollo de las mujer, y garantizarles el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres.

El núcleo duro de la Convención lo constituye el artículo 5º, que en su literal a) señala:

Los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que están basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”. En este artículo está condensado el diagnóstico, la explicación de fondo, la causa, de la violencia contra las mujeres, y por tanto, el reconocimiento del carácter cultural e históricamente construido de las condiciones de subordinación de la mujer que en las relaciones sociales aparecen como “naturales”.

Sin entrar a discutir si estas prácticas culturales consuetudinarias y naturalizadas a través de la socialización y la cultura pueden transformarse mediante procedimientos eminentemente normativos como éstos, quiero sostener en este punto lo que sí aportan estas herramientas: a partir de esta ruptura normativa, empieza a circular un discurso legitimado por los organismos del sistema de Naciones Unidas, con el compromiso y la ratificación de los gobiernos, que inaugura una etapa de puesta en cuestión y de reconstrucción de imaginarios acerca de la mujer y su lugar en la sociedad, hecho que apunta justamente hacia el centro neurálgico de la dominación patriarcal.

Aquí hay que anotar, no obstante, lo más importante en este proceso, lo que hace visible, posible y reivindica el reconocimiento de derechos en condiciones de igualdad: la existencia de una movilización, sostenida por décadas, de grupos, redes y  organizaciones feministas y de mujeres,  y las múltiples formas que hoy toman las estrategias de lucha por una cama, una casa, una vida, un país, libres de todas las formas de violencia, discriminación y crímenes de odio contra la mitad de la población del planeta.

Pero, pese al trabajo insistente de las organizaciones y movimientos de mujeres, a la incorporación institucional de acciones de diverso tipo y la creación de instancias judiciales para la prevención y la sanción, la violencia contra las mujeres y niñas parece exacerbarse cada vez más. Hemos pensado, si los avances de las mujeres, su conquista de autonomía, enardece a quienes se creen sus propietarios hasta el punto de afirmar, “mía o de nadie”, y actuar en consecuencia. También en el efecto demostración de la violencia que se ve en tv (real o ficticia). En los efectos del conflicto armado sobre los cuerpos de las mujeres y sus familias. Más grave aún, ¿no animan todas esas formas reales y mediáticas de las guerras del siglo XXI (Segato, 2003) a ejercer una violencia cuerpo a cuerpo en la vida cotidiana?, ¿no son hoy la violencia y todas sus formas de acción, incomprensiblemente crueles, cinematográficas, espectaculares…? Hipótesis viejas y renovadas y se sigue trabajando aquí y allá.

Entonces, tenemos leyes, códigos, instrumentos, instancias, todo un sistema para intentar hacer lo que proclama la CEDAW, prevenir, erradicar y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, pero todo indica que la situación no mejora. Y el cuestionamiento es para la sociedad colombiana, hombres y mujeres, para las organizaciones, para todo el sistema institucional vinculado de alguna manera a esta tarea fallida. ¿Qué está fallando?, ¿qué estamos haciendo mal?, ¿quién o quiénes lo están haciendo mal? Me resisto a citar cifras, creo que están por doquier y citadas con autoridad, pero es evidente que hay fallas en todo el andamiaje que se ha construido para combatir la más vergonzosa de las prácticas entre seres que se dicen humanos.

Con respecto a la argumentación histórica que traíamos, habría que insistir en ello, pero no para sentarnos a esperar que llegue “la revolución”, para que cambie “la condición de la mujer”, como pregonaban los izquierdistas de antaño. Entender que estamos frente a un problema histórico nos plantea un desafío muy serio para su transformación y que hay que atacar por todos sus flancos; el problema es estructural e histórico, y por tanto, no va a cambiar si no cambiamos cada una de las personas que integramos esta sociedad, pues somos quienes portamos y transmitimos estas mentalidades y las prácticas consecuentes a nuestra descendencia y quizá no nos damos cuenta –o no queremos–. Trabajar con un sistema cuyos funcionarios pueden ser misóginos y sexistas es una situación que puede ocurrir con alto margen de certeza, y guardadas las distancias, es como entregarle las guarderías de primera infancia a Herodes.

No es este el espacio para formular estrategias, pero sí es importante impactar por distintos medios y redes en fechas conmemorativas como el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en que el trabajo se intensifica a nivel local, nacional y global.

Las organizaciones de Bucaramanga, donde escribo estas líneas, han dedicado el mes a hacer proclamas conjuntas, actividades de divulgación sobre los acuerdos de La Habana y la agenda de género en ellos contenida; la Alcaldía también ha programado actividades académicas y culturales, con una conferencia y la exposición de fotografías titulada “El derecho de voz/s” y la Fundación Mujer y Futuro junto con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, han organizado un evento con participación de invitadas de Brasil, Perú, Nicaragua, México y Colombia, para adelantar un “Diálogo Internacional sobre el feminicidio”, el cual dé a conocer los avances y los retos que el posicionamiento institucional de este delito en la región plantea para todo el sistema encargado de proteger a las mujeres de las agresiones de que son víctimas por el hecho de ser mujeres, tal como se define el feminicidio. Los retos son enormes, pero ahí seguimos en la lucha por la preservación de la vida y la dignidad de los cuerpos de las mujeres.

 

Referencias bibliográficas

Foucault, M. (1988).” Sujeto y poder”. Revista Mexicana de Sociología. 50 (3) pp. 3-20.

_____ (2002). Vigilar y Castigar.  Buenos Aires: Siglo XXI.

Russell, D. & Harmes, R. (2006). Feminicidio: Una perspectiva global. México: CEIICH-UNAM.

Kramer, H. & Sprenger, J. (1975). Malleus Maleficarium (El Martillo de los Brujos) (trad. Floreal Mazia). Buenos Aires. Ediciones Orión. (Edición original 1486). En:

Lamus D. (2008). La agenda global de las Naciones Unidas para “La Mujer”. Revista Polis (20). En:

______ (2010). De la Subversión a la Inclusión: Movimiento de Mujeres de la Segunda Ola en Colombia, 1975-2005. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Organización de Naciones Unidades (1979, diciembre 18) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En:

Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes. En:

 

 

 


El Malleus Maleficarum  (Martillo de las Brujas) publicado en Alemania,  en 1486, fue escrito por dos monjes dominicos, es un tratado sobre los procedimientos para la cacería de brujas que orientó esta “tarea”  por toda Europa a lo largo de tres siglos, aproximadamente.

El discurso sobre la protección de los derechos humanos ingresa en el lenguaje internacional en la segunda posguerra bajo la consideración de la necesidad de establecer un conjunto de principios comunes orientados a proveer medidas de protección de los derechos de las personas en todo el mundo, luego de los devastadores efectos de la guerra. La legislación sobre los derechos humanos comienza con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y su sistema, en 1946 (Lamus, 2010).

La cedaw (sigla en inglés de la Convención) queda lista para ratificación y firma de los países en diciembre de 1979; por tanto, el proceso de cabildeo para obtener su ratificación inició en 1980. Colombia la ratificó en 1981 y la reglamentó en 1990. En 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta el Protocolo facultativo de la CEDAW, el cual establece los mecanismos de denuncia e investigación de la Convención. Este entra en vigencia en diciembre de 2000. Para agosto de 2015 el Protocolo tenía 80 Estados firmantes y 106 Estados parte.

 

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