Vigilar y castigar

El proyecto de Ley promovido por la Representante Clara Rojas es una clara muestra de la forma en que son hechas las políticas públicas en nuestro país: copiadas de contextos europeos, y desconectadas de las necesidades reales de las mujeres.

Alejandra Coll Agudelo
Alejandra Coll Agudelo
Abogada
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10 de Agosto de 2017

De entrada debo decir que la prostitución como profesión me pone en un conflicto personal y profesional.  Los argumentos de abolicionistas y de personas que promueven la regulación del trabajo sexual son serios y bien sustentados.

Más allá del debate académico e ideológico, hoy escribo pensando en el proyecto de Ley que presentó la Congresista Clara Rojas para sancionar a los consumidores de servicios sexuales, desde la perspectiva de las mujeres que se dedican al trabajo sexual. 

La Corte Constitucional ha dejado en claro que las trabajadoras sexuales deben ser especialmente protegidas por el Estado. Sentencias como la T-594 de 2016 (que prohibe los abusos policiales a trabajadoras sexuales) y la T- 073 de 2017 (que habla de los requisitos que deben cumplir los establecimientos en donde se ejerce la prostitución) son prueba de ello.

Una vez escuché sobre el proyecto de la Representante Rojas, me pregunté si sancionar a quienes buscan servicios sexuales ayuda en algo a cumplir esas decisiones de la Corte Constitucional, a mejorar la situación de las trabajadoras sexuales en Colombia, o mejor aún, a eliminar la trata de personas con fines de explotación sexual. Claramente el proyecto no aporta en ninguno de estos sentidos. 

Si bien es cierto que detrás del consumo de servicios sexuales hay una visión claramente machista del cuerpo de las mujeres como algo que se puede comprar; sancionar a los consumidores no resuelve ese problema de fondo. Quizá lo que logrará el proyecto de Rojas, de llegar a prosperar, es promover la búsqueda de servicios sexuales en condiciones cada vez más clandestinas y alejadas de cualquier tipo de regulación o garantía para las mujeres que ejercen este tipo de trabajo.

Una pregunta que surge del proyecto también es: ¿Cómo va a operar en la práctica la sanción? Dado que no se pueden cerrar los lugares en donde se ejerce la prostitución, porque son legales...¿Van a esperar a los clientes a la entrada para multarlos? ¿No complejiza eso la relación de las trabajadoras sexuales con la policía?

El debate público sobre este proyecto de Ley ha girado en torno a si el trabajo sexual debe ser regulado, o si puede considerarse trabajo digno que deba ser protegido por el Estado. Sin embargo, considero que la pregunta que deberíamos estar haciéndonos es si el Estado hace lo suficiente para cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, ofreciendo opciones de vida a las trabajadoras sexuales que quieran cambiar de actividad económica, garantizando los derechos de aquellas que desean seguir en la prostitutución, y teniendo estrategias concretas y serias para frenar la trata de personas.

Colombia, cada año hay 17'500 víctimas de trata en el mundo, y entre 2012 y 2016, 199 personas pidieron asistencia consular al ser víctimas de trata. Esta situación, sumada a nuestro creciente flujo fonterizo debería llevar al Estado a tomar medidas concretas y serias para prevenir la trata con fines de explotación sexual y laboral. El proyecto de Rojas no aporta elementos para proteger a las mujeres en riesgo de vivir trata o a quienes son víctimas de este delito. 

Si bien puede haber una buena intensión detrás del proyecto, este desconoce la realidad de nuestro país. Un Estado con una incipiente política social y de inclusión, no tiene como ofrecer a las trabajadoras sexuales otros medios de vida que garanticen su mínimo vítal. Una vez tengamos politicas de educación y empleo accesible, podremos imitar modelos como el Sueco, en donde sancionan los consumidores de servicios sexuales, y a la vez es Estado ejecuta programas sociales para las mujeres que  desean dedicarse a otra actividad.  Este es un claro ejemplo de lo nocivo que resulta copiar legislaciones de otros países con realidades distintas a la nuestra.

Ojalá el proyecto de Ley de Rojas ponga sobre la mesa la situación de las trabajadoras sexuales y las mujeres víctimas de trata en Colombia, así como el incumplimiento de las órdenes que la Corte Constitucional ha dado para su protección. Ojalá toda la atención mediática que se ha generado alrededor de esta propuesta sirva para que por fin las autoridades locales le pongan freno a temas tan delicados como la violencia policial contra las trabajadoras sexuales.