¿Por qué nos importa a las mujeres la responsabilidad de mando en la Justicia Especial para la Paz?

Aunque parece un tema técnico que solo le interesa a abogados, la forma en que se resuelva el tema de la responsabilidad de mando de agentes estatales, es trascendental para millones de mujeres que esperan que sus casos lleguen a la justicia. 

Alejandra Coll Agudelo
Alejandra Coll Agudelo
Abogada
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01 de Febrero de 2017

Justo ahora que se están tramitando en el Congreso las leyes para implementar el acuerdo de paz, es donde más atenta debe estar la ciudadanía haciendo veeduría en favor de las víctimas. 

Uno de los temas que se ha discutido con más vehemencia es el de la responsabilidad que tienen altos mandos de grupos armados legales e ilegales en las acciones que cometieron sus subalternos. Parece un tema juridico y muy técnico, pero que marca la diferencia para muchas víctimas que están esperando que sus casos lleguen a la justicia especial para la paz. En términos concretos, buena parte de las personas que cometieron directamente delitos contra la población civil ya no están vivos y no hay forma de llevarlos a juicio. Sin embargo, sobreviven sus superiores, que dieron la orden o permitieron que sus subalternos vulneraran derechos humanos. Estos altos mandos o superiores serian los únicos que podrian responder por los delitos que cometieron sus subalternos ya fallecidos, y se convierten a su vez en la unica forma de acceso a la verdad y la justicia de estas victimas o sus familiares. 

El proyecto de creación de la justicia especial para la paz (también conocida como JEP) hasta ahora contempla unas limitantes para la responsabilidad de superiores. En el caso de los militares quiere reducirla a aquellos casos en donde se pueda probar que ese militar de alto rango tenia autoridad para actuar en esa zona, entre otras limitaciones. En un país con una guerra de 60 años y con millones de víctimas, tener una justicia en donde la responsabilidad de mando de los agentes estatales se vea de una forma limitada, implicaria negarle el derecho a las victimas de crimenes de Estado a conocer la verdad y acceder a justicia. 

Esto nos importa de forma concreta a las mujeres, porque en los casos de violencia sexual cometidos por actores armados legales muchas veces no es posible identificar plenamente a quien cometió el delito sexual, pero si podemos saber que  contingente militar operaba en la zona y quien lo dirigia. En esos casos, ese alto mando militar asumiria la responsabilidad, Si el proyecto que crea la JEP pasa tal y como está, eso no sería posible y muchas víctimas quedarian en un limbo juridico hasta poder identificar a su victimario directo. En el caso en que el agresor directo haya muerto, solo la responsabilidad de superior revive el caso, y justamente ese alto mando tendría que asumir la responsabilidad.

En la Corte Penal Internacional (CPI) ya se ha discuido ampliamente este tema, y el Estatuto de Roma en su Art 28 establece claramente la responsabilidad de altos mandos, sean militares o de grupos ilegales. De hecho, la misma CPI recientemente condenó a un alto mando de un grupo armado ilegal por la violencia sexual cometida contra niñas por sus subalternos.  La fiscal de la Corte Penal Internacional ya ha llamado la atención sobre la necesidad de incoporar a nuestra justicia especial para la paz una responsabilidad de mando clara, sin restricciones. Sin embargo, el ponente del proyecto de creación de la justicia especial para la paz se ha negado a escuchar esas observaciones, argumentando que la responsabilidad de mando en el caso  militar debe tener limitaciones. Esto dejaria a muchas mujeres y niñas victimas de agentes de Estado sin posibilidad de acceder a la justicia. 

Es clave que ahora que aún se está debatiendo el proyecto podamos hacer incidencia ciudadana y pedirle a los congresistas que se acojan a las reglas del derecho internacional, pero sobre todo, que piensen en las víctimas de actores estatales del conflicto que quieren aceder a verdad y justicia. En particular, esto es importante para  las mujeres victimas de violencia sexual por parte de militares, que es uno de los delitos con mayores cifras de impunidad en el país. 

Es hora de ver como las leyes que van a implementar los acuerdos tienen en cuenta el derecho internacional y los derechos de las mujeres.