La falacia de la cadena perpetua para violadores

Lo que cuenta al final no es el tamaño de la pena sino la inevitabilidad del castigo

 

Ana María Araoz
Ana María Araoz
Investigadora en Cambio Cultural
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12 de Diciembre de 2016

Ante la infame, inmoral, incomprensible, e impronunciable atrocidad sufrida por la pequeña Yuliana, la opinión pública se ha manifestado exigiendo castigos ejemplificantes para violadores como la castración química, cadena perpetua, la muerte en vida. Pero se equivocan: aumentar la pena para violadores de niños a pena de muerte, aprobar la mismísima horca para estos personajes no causaría el esperado efecto disuasivo, la expectativa de que siente un precedente para los otros delincuentes, que los intimide.

Porque no es necesario que la realidad atraviese los límites de lo imaginable como en el caso de Yuliana para que salga la opinión pública a revelar la manía colombiana de creer que el aumento de penas tiene algún efecto en la reducción del crimen, de apostarle a castigos más duros, de embriagarse de populismo punitivo.

Pero esta vez no voy a hablar de derechos humanos, ni de prevención del delito, ni de justicia restaurativa, ni de hacinamiento carcelario, ni de los efectos perversos de los pretendidos castigos ejemplificantes. Voy a hablar en los términos más simples. ¿De qué sirve que la pena sea eterna, si la condena nunca llega?

Porque la pena sólo es una realidad en el momento en que se dicta una condena. Mientras tanto es sólo una amenaza, una mera posibilidad. El sistema judicial colombiano es tan complejo, ineficiente e ineficaz que en muchísimos casos, la condena no llega, ya sea por vencimiento de términos, por corrupción, o por muchas otras causas.

Así sea un año de cárcel, cincuenta años o dos vidas enteras, saber que la condena es esquivable, que se pueden encontrar abogados que se den mañas para entorpecer el proceso, que se pueden comprar o intimidar personas claves en el sistema judicial, que se pueden matar testigos, que de algún modo siempre se puede hacer trampa es el mejor incentivo al delito.

El verdadero mensaje que está captando la sociedad colombiana, basado en la evidencia de que los criminales (sobre todo si tienen plata y poder) se salen con la suya, es que aquí se puede evitar la justicia, que aquí uno la caga y no pasa nada.

Y sí, este es un problema del sistema judicial colombiano, cierto. Pero también es un hondo problema de nuestra cultura familiar, esa misma que pone las lealtades familiares por encima de la ley, esa que manda hermanos a alterar la escena del crimen, esa que manda plata para que los hijos no pierdan el año, esa que mueve hilos e influencias para evitarles el sufrimiento.

Rafael Uribe se hizo lo que hoy es a punta de vivir esquivando las consecuencias de sus errores, e incluso de sus delitos. Una sociedad permisiva con los poderosos le permitió demasiado, tal parece que desde el bullying en el colegio, los excesos con el trago, la violencia contra sus parejas, el plagio de su tesis de arquitectura. Todas ellas faltas que no se corrigen con fuete, ni plomo, ni cárcel, sino con el devenir no controlado de los efectos de sus respectivas acciones: es decir si plagia la tesis, no se gradua de esa universidad. Punto.

Esta sociedad permisiva, esta cultura de impunidad no se transforma con penas más duras, más largas, más crueles, sino con la aplicación consistente de las consecuencias, la consistencia en el mensaje de que las penas, pequeñas, grandes y medianas, son inevitables. Por el lado del sistema judicial sí tiene que ver con más y mejor investigación y más procesos que lleguen a la condena; pero por el lado social y familiar tiene que ver con comprender que un fracaso o una frustración oportunos en la crianza pueden significar un monstruo menos en la calle, y una niña menos en la tumba.