Cumbre Nacional por la Igualdad y empoderamiento económico de las mujeres

En Colombia hay más de 5 millones de mujeres que se dedican exclusivamente a los oficios del hogar. 25% de las mujeres no tienen ingresos propios. Romper el techo de cristal en la autonomía económica implica voluntad política.

Natalia Moreno Salamanca
Natalia Moreno Salamanca
Integrante del grupo Género y Justicia Económica
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06 de Julio de 2018

El 4 y 5 de julio se llevó a cabo la Cumbre Nacional por la Igualdad, un espacio convocado por el Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con el apoyo de la Cooperación Internacional. Pretendía presentar a las nuevas congresistas el panorama actual de las mujeres en el país y los retos a los que éstas se enfrentan en los próximos años.

En el panel de las organizaciones sociales, como parte de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, planteé las reformas económicas que debería promover un gobierno para el empoderamiento económico de las mujeres. Avanzar hacia un Estado de Bienestar, crear el Sistema Nacional de Cuidados de la mano de un Plan de Empleo Público del Cuidado, y una política fiscal progresiva, sólida y sin sesgos de género, son algunos de los retos.

La desigualdad de género está estrechamente relacionada con el modelo de desarrollo de los países. No es un “tema” que haya que transversalizar en cada política: las mujeres no somos un “tema”; pensar en igualdad implica construir políticas económicas sin sesgos de género, transformar la división sexual del trabajo y garantizar condiciones dignas para la provisión del cuidado.

Hablar de economía igualitaria implica hacer un análisis de la economía política que sostiene las brechas entre hombres y mujeres: revisar el modelo de “libre comercio”, la política fiscal, la reforma pensional venidera, las brechas en el mercado laboral y la economía del cuidado, entre otras políticas socioeconómicas. La economía feminista ha hecho importantes aportes en estos aspectos.

Sin hacer este análisis integral, cualquier solución será un paño de agua, y como de lo que se trata es de obtener una sociedad más equitativa para las mujeres, el próximo gobierno deberá entender que los derechos de las mujeres cuestan y que sin la inversión necesaria, los cambios serán cosméticos.

¿Por qué las mujeres tenemos el desempleo más alto del país, el mayor nivel de informalidad de América Latina, una brecha salarial del 20%, un techo de cristal que nos obliga a ocupar las posiciones más bajas en nuestros trabajos y una carga total de trabajo de 13 horas en promedio al día? ¿Por qué si somos 4 de cada 10 ocupados del país, solo recibimos 3 de cada 10 pesos producidos por la economía? ¿Acaso el precio de la autonomía económica es la doble o triple jornada? ¿El empoderamiento económico necesariamente pasa por someternos a la pobreza de tiempo?

Pues bien, la respuesta es sencilla: depende de la voluntad política de los gobiernos. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo es clara en sus resultados: 9 de cada 10 mujeres realizan trabajo doméstico y de cuidado no pago, destinando en promedio 7 horas al día a dichas actividades. La producción realizada dentro de los hogares equivale al 20% del PIB. Todo esto, ignorado por la economía dominante, es un soporte al bienestar de las generaciones presentes y futuras. Un subsidio a la sociedad, pero sobre todo al Estado, que es a quien le corresponde garantizarles bienestar a los y las colombianas, independientemente de su nivel de ingresos o de su género.

Necesitamos un Estado que asuma sus funciones, que universalice la educación y la salud con calidad, que promueva un modelo económico que genere empleos de calidad y que descargue a las mujeres de funciones que no les corresponden. Cuidar debe ser una opción, no una obligación. Y debe ser una buena opción, cuidar en condiciones dignas es fundamental para redistribuir este trabajo con los hombres. Asumir los cuidados nos ha puesto fuertes condicionantes para mantenernos dentro del mercado laboral. Las licencias de maternidad no igualitarias a las de paternidad son una medida perversa para la contratación femenina. El derecho a ser cuidado no puede depender de que alguien de la familia, generalmente mujeres, deje de lado su proyecto de vida.

Las mujeres nos empleamos menos semanas que los hombres por asumir la maternidad. Por ello, solo el 14% de las mujeres tiene una pensión en Colombia. Muchas no alcanzamos a completar la cantidad de semanas requeridas cuando llegamos a los 57 años de vida. Y la propuesta de la OCDE, asumida por el gobierno con el ingreso a esta organización, es aumentar la edad de jubilación, ¡grave error! El problema está en la división sexual del trabajo, eso es lo que nos impide cotizar el tiempo que se requiere. Hemos insistido: reconocer este aporte que hacemos a la sociedad es una medida afirmativa que se puede traducir en una disminución de las semanas de cotización y así aumentar el número de mujeres que cumplan los requisitos para jubilarse.

Debemos avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados, SINACU. Pero esto va más allá de coordinar políticas existentes. Si no hay voluntad política en asumir el bienestar que hoy recae sobre los hombros de las mujeres de forma gratuita, simplemente tendremos un nuevo nombre para lo que ya existe. Sin la inyección de recursos nada va a cambiar. Debe acompañarse de un Plan de Empleo Público del Cuidado, para así, no solo redistribuir el cuidado, sino los ingresos.

Dicho sistema no solo debe apuntar a las tareas de cuidado de niños-as y adultos mayores, sino también al trabajo doméstico. Comedores comunitarios, lavanderías públicas y provisión de servicios públicos como el agua potable son temas fundamentales a los que debe apuntar este sistema.

Para lograrlo, necesitamos una política fiscal progresiva, sólida y sin sesgos de género. Redistribuir mejor los recursos y, sobre todo, generar más recursos. Un Estado pobre jamás logrará la riqueza necesaria para asumir sus funciones. En Uruguay, montar el SINACU costó 4% del PIB aproximadamente. No podemos tolerar más los impuestos sexistas y debemos saber con exactitud qué parte del presupuesto general de la nación se dirige a las mujeres y a los programas de igualdad de género.

Los sesgos de género en el sistema de impuestos de Colombia deben eliminarse. ¡No podemos cobrar IVA a los artículos requeridos por las mujeres dadas sus condiciones biológicas! Así mismo, el gasto debe enfocarse más en vincular a más mujeres al mercado laboral en vez de postrarlas en el hogar con incentivos que fortalecen la división sexual del trabajo, como lo hacen las transferencias monetarias condicionadas de primera generación.

En Colombia hay más de 5 millones de mujeres que se dedican exclusivamente a los oficios del hogar. 25% de las mujeres no tienen ingresos propios, incluyendo a varias de estratos socioeconómicos altos. Romper el techo de cristal en la autonomía económica implica voluntad política. ¿Vamos a condenar a las mujeres que deciden ser madres a la precariedad, la dependencia económica o la pobreza? Ese no puede ser el mensaje.

Muchos cambios en términos de política económica deberán implementarse desde este gobierno si de verdad le interesa el bienestar de las mujeres y de la sociedad. Por lo demostrado en el pasado, los intereses que representan Duque-Ramírez son opuestos a lo que las mujeres estamos exigiendo. Por ello, la esperanza está en que el movimiento de las mujeres cada día crezca más, se movilice más y presione por el cambio. El papel de la bancada de mujeres en el Congreso está por verse.