¿Cómo van las políticas públicas de sexualidad en Colombia?

¿Hemos avanzado? ¿Cúales son las cifras? acá un análisis de las políticas públicas y lo que nos falta.

Erika Marín
Erika Marín
Coordinadora Programa Ayuda a la Niñez en Oriéntame
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02 de Marzo de 2017

Acuerdos internacionales establecen elementos conceptuales que orientan y responsabilizan a los Estados en  materia  de políticas de sexualidad y reproducción. En los países de América Latina hasta el momento se encuentran avances parciales en la implementación de normas al respecto. De esta manera se sientan las bases para el reconocimiento de derechos relacionados con la autonomía reproductiva, la igualdad de género y el reconocimiento de las diversas identidades.

 

Sin embargo, algunos constreñimientos de índole estructural - condiciones sociales, económicas y políticas- limitan la puesta en marcha de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en los países. Por ejemplo, América Latina se caracteriza por contextos marcados por situaciones de inequidad respecto a la distribución de la riqueza y oportunidades de desarrollo social. Así lo indica la Coalición para los Insumos de Salud Reproductiva:

 

“En Latinoamérica y el Caribe aún existen considerables disparidades en salud, no sólo entre países sino al interior de los mismos países de la región… estas pronunciadas desigualdades ponen sistemáticamente en mayor desventaja con respecto a su salud, a grandes grupos de personas que ya se encuentran en desventaja social debido al hecho de ser pobre, mujer, pertenecer a ciertos grupos étnicos o a su ubicación geográfica. Esta desigualdad se convierte en altas tasas inaceptables de mortalidad y morbilidad materna, abortos inseguros y embarazos en adolescentes”[1].

 

Por otro lado, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, muestran como en la región se producen anualmente 9.200 muertes maternas y 110.000 muertes de recién nacidos, la necesidad insatisfecha de planificación familiar es alta y 10 millones de embarazos no son deseados, de los cuales 22% concluyen en aborto, muchas veces en condiciones de inseguridad debido a su carácter de ilegalidad[2].

 

Para el caso de Colombia, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud[3] (ENDS) del año 2015, el 97.5%  de la población rural está concentrada en los quintiles de menor riqueza, mientras que en las zonas urbanas, en esos quintiles se ubica solo el 22.6% de la población. Así mismo, en las zonas rurales las personas tienen los más bajos niveles de escolaridad, lo que se refleja en el comportamiento reproductivo y su relación con el nivel educativo, por ejemplo si observamos la fecundidad esta difiere por nivel educativo y quintil de riqueza, mientras una mujer de 15 a 49 años sin educación tiene en promedio 3.9 hijos o hijas, una mujer con educación superior tiene en promedio 1.6, por su parte, una mujer en el quintil de riqueza más bajo tiene promedio 2.8 hijos y una mujer en el quintil de riqueza más alto tiene 1.3[4].

Además, la ENDS corrobora con múltiples datos la relación entre desigualdad – inequidad y la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Colombia: Por ejemplo: 

 

--El mayor descenso de fecundidad se da en los grupos de adolescentes de los quintiles alto y más alto de riqueza, en el nivel superior de educación, en la zona urbana y en las regiones más desarrolladas.

--El porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años del quintil bajo de riqueza que es madre o está embarazada por primera vez es 5.8 veces el porcentaje observado en las adolescentes de la misma edad del quintil alto de riqueza y la prevalencia de la maternidad o primer embarazo entre las adolescentes con educación primaria es 5.2 veces la de aquellas con educación superior.

--El mayor porcentaje de adolescentes madres o embarazadas se encuentra entre las adolescentes con el menor nivel educativo y corresponde al 41.8%, mientras que el menor porcentaje se observa en las adolescentes del quintil más alto de riqueza 4.7%.

--Las mujeres sin educación formal tienen la cobertura más baja de atención prenatal por parte de un profesional de la salud (65.7%); así como las mujeres en el quintil de riqueza más bajo[5].

--De las mujeres que reportaron al menos un nacimiento en los últimos 5 años, solo el 52.6 % recibió información sobre métodos anticonceptivos.

--Las mujeres en mayor desventaja para recibir información sobre anticoncepción posparto fueron las adolescentes menores de 20 años, las mujeres con más de tres hijos y las que tienen el parto en lugares diferentes a una institución de salud.

--Cerca del 20 % de mujeres y hombres de la zona rural, al igual que las personas del quintil de riqueza más bajo, desconocen que el uso del condón disminuye el riesgo de contraer VIH/Sida. Entre las personas que no tienen ninguna educación, el 40% de las mujeres y el 33% de los hombres, desconocen que el uso del condón es una práctica segura.

--Las mujeres nunca unidas y que nunca han tenido relaciones sexuales, sin educación formal, en la zona rural y ubicadas en el quintil de riqueza más bajo, es decir, aquellas más vulnerables,  tienen los porcentajes más bajos de capacidad de negociación respecto a su sexualidad.

 

En relación al embarazo no deseado y el aborto, en Colombia al alrededor del 51% de los nacimientos recientes no fueron planeados, con un número anual de 911.900 embarazos no planeados, de los cuales se estima que el 44% terminan en un aborto inducido. Además, pese a que en años recientes, la proporción de muertes maternas causadas por abortos se redujo aproximadamente a la mitad, de 16% en 1994 a 9% en 2007, se concluye que aproximadamente 70 mujeres mueren cada año debido a abortos inseguros[6].

Por ejemplo, en el caso del servicio de aborto son los sectores marginados los se enfrentan a la clandestinidad. Aunque normatividades como la de Brasil, Ecuador, Argentina, Perú, México, Colombia y Panamá, cuentan con despenalización por causales, la legislación no garantiza por sí misma la prestación del servicio, se requiere la adecuación técnica y la divulgación para contrarrestar la desinformación sobre leyes de aborto.

En este caso en particular, se conoce además que sectores políticos, así como individuos, se resisten a la implementación de este derecho de las mujeres, ya sea por convicciones e intereses propios, de esta manera limitan el acceso a la información o a la prestación de servicios de interrupción voluntaria del embarazo IVE.

 

En Colombia, diez años después de la despenalización parcial del aborto se perciben barreras de acceso a la IVE[7], como:

--El desconocimiento del marco legal referente a la IVE  por parte de los funcionarios a cargo de la implementación, vigilancia y protección de las disposiciones contenidas en los marcos legales.

--La interpretación restrictiva del marco legal, especialmente entre prestadores y profesionales de los servicios de salud, quienes actúan erróneamente al solicitar requisitos adicionales a los contemplados por la Corte Constitucional, limitar la prestación del servicio de IVE por motivo de la edad gestacional o hacen una lectura limitada de la causal salud.

--La falla en la prestación del servicio en las redes e instituciones de servicios de salud, así como en la práctica de los profesionales y prestadores de servicios de salud, que genera obstáculos en el acceso seguro y oportuno a la IVE, por ejemplo, violencia y malos tratos a las mujeres, dilación injustificada de la prestación del servicio o falta de protocolos en las instituciones de salud.

 

Con esto se demuestra que el panorama en materia derechos sexuales y reproductivos presenta debilidades y el alcance de las políticas públicas al respecto, resulta insuficiente para responder a todas las personas. Así que, es preciso comprender el discurso de los derechos sexuales y reproductivos más allá de un plano objetivado, teniendo en cuenta que los conflictos asociados a situaciones de injusticia social y violencia que integran las realidades en Latinoamérica afectan la posibilidad del ejercicio pleno y equitativo.

 

Referencias Bibliográficas

1. Coalición para los Insumos de Salud Reproductiva. La paradoja del desarrollo: El crecimiento económico, la carga de la inequidad y su impacto en la salud sexual y reproductiva en la región de América Latina y el Caribe LAC. Coalición para los Insumos de Salud Reproductiva. 2012.

2. Richardson Emma BA. Sexual and reproductive health and rights in Latin America: an analysis of trends, commitments and achievements. Reproductive Health Matters. 2011.

3. PROFAMILIA. Resumen Ejecutivo: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Encuesta Nacional de Demografía. Colombia:; 2015.

[1] Coalición para los Insumos de Salud Reproductiva, La paradoja del desarrollo: El crecimiento económico, la carga de la inequidad y su impacto en la salud sexual y reproductiva en la región de América Latina y el Caribe LAC. Coalición para los Insumos de Salud Reproductiva; 2012.

[2] Citado por Richardson Emma y Birn, “Sexual and reproductive health and rights in Latin America: an analysis of trends, commitments and achievements”2011.

[3] PROFAMILIA, Resumen Ejecutivo: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2015.

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Guttmacherr Institute toma datos de las estadísticas vitales DANE y de la Organización Mundial de la Salud OMS.

[7] Mesa por la Vida y la Salud e las Mujeres, “Barreras de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Colombia”, 2016. 

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