Una justicia envenenada

La Corte Constitucional concluyó que la Jurisdicción Especial para la Paz, sin que entre en funcionamiento, no satisface las garantías de independencia interna y externa e imparcialidad, pero solo frente a terceros civiles.

Juan Ospina
Juan Ospina
Abogado
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26 de Noviembre de 2017

La Corte Constitucional adoptó una decisión compleja, que comunicó en rueda de prensa y mediante un documento publicado en su página web, sobre el acto legislativo 1 de 2017 que creó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El contenido de los elementos conocidos de la decisión ha reabierto un debate aparentemente resuelto en el planteamiento de la JEP al absorber la competencia preferente sobre todas las conductas cometidas en el marco del conflicto armado, incluyendo sus responsables.

La JEP es una jurisdicción ad hoc y ex post por tener competencia preferente sobre las conductas cometidas en el marco del conflicto armado, al surgir de un proceso de paz, y atender a la lógica de cierre construida sobre los procesos de justicia transicional en el mundo. Estas dos características son consustanciales a la JEP y a cualquier jurisdicción transicional, sin que exista una manera lógica de cambiarlas, pues plantean una salida a la inoperante/absorta justicia ordinaria.

Las críticas expuestas a dichas características no son novedosas pues han sido repetidas en anteriores procesos de justicia transicional y señalan que estos vulneran las garantías del juez natural y de legalidad, ambas integrantes del derecho al debido proceso, en la medida que no puede existir una asignación legal de competencias a una autoridad para conocer con posterioridad (ex post) ciertos hechos ocurridos con anterioridad (ad hoc).

No obstante, la Corte Constitucional planteó que dichas características de la JEP podían superar su análisis de constitucionalidad frente a integrantes de la fuerza pública y ex integrantes de las Farc por considerar que “ofrece amplias garantías para los combatientes” pero no frente a terceros y agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública (en adelante terceros civiles).

La Corte planteó las siguientes dos razones por las que la JEP no podía conocer de manera “forzosa” de los hechos cometidos por terceros civiles: i) porque anula la garantía del juez natural y ii) porque trasgrede el principio de legalidad. Por extensión, en esta oportunidad solo abordaré la primera.

Señaló la Corte que el acceso forzoso “implicaría radicar en un órgano jurisdiccional autónomo, configurado a partir de unos particulares objetivos, la competencia para juzgar los delitos y las demás infracciones relacionadas con el conflicto armado cometidas con anterioridad a su creación, a partir de principios y reglas ajenas a las que irradiaron el diseño de la jurisdicción en la Constitución de 1991, tanto en su conformación como en su estructura y funcionamiento” y que “Se trata entonces de una jurisdicción ad hoc creada con posterioridad a los hechos que serán objeto del juzgamiento, y que, por las reglas con las cuales fue concebida, y en función, precisamente, de su carácter transicional, ofrece amplias garantías para los combatientes en el conflicto armado, los cuales, por consiguiente, quedan sometidos a ella, al paso que los civiles y los agentes del Estado no miembros de la fuerza pública, solo accederán a esa instancia voluntariamente” (subraya propia).

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional[1], la garantía del juez natural como elemento esencial del derecho al debido proceso se basa en dos principios: la especialidad, es decir, la naturaleza del órgano, y la predeterminación legal, la asignación previa de competencia sobre los hechos.

En relación con el primer elemento, lo que pretende la garantía del juez natural es evitar el abuso del derecho o del poder, por ejemplo, estableciendo que la jurisdicción militar pudiera conocer de conductas cometidas por civiles, situación que no ocurría en el caso de la JEP; el segundo elemento constituiría una exigencia imposible de cumplir para la justicia transicional pues por su naturaleza nunca podría ser previa.

Así las cosas, ninguna justicia transicional podría superar la comprensión clásica del juez natural, es decir, se trataría de un defecto imposible de superar. No obstante, el planteamiento podría haberse superado considerando que la JEP cumpliría con el aspecto de especialidad del juez natural para todos los casos y, aunque de manera definitiva no pueda cumplir con el elemento de predeterminación legal, atendería las demás garantías esenciales del debido proceso[2]: el derecho a ser juzgado con las formas propias de cada juicio, el derecho a la defensa, el derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas y el derecho a la imparcialidad del juez. Además, podía la Corte Constitucional establecer las garantías adicionales que permitirán a la JEP el ejercicio de la justicia y, a la vez, la protección de los derechos de todos los procesados, incluyendo a los terceros civiles.

Por el contrario, la Corte para concluir que la garantía del juez natural se podía superar con la simple voluntariedad de los terceros civiles planteó dos argumentos contradictorios y que parecen envenenar el pozo, el primero que la JEP “puede no satisfacer las garantías de independencia interna y externa y de imparcialidad” y, a su vez, que los terceros solo deberían acceder voluntariamente “en función de las ventajas que puedan obtener como contrapartida a su decisión de aportar verdad, reparación y garantías de no repetición”.

De acuerdo con ello, la violación del debido proceso, en su elemento del juez natural, no se produce gracias a la voluntariedad del tercero (creando una garantía renunciable) y a la vez su participación solo es posible si obtiene ventajas (en términos sancionatorios y no garantías procesales), que sean una contrapartida por su decisión (no obligación) de aportar a la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Será la sentencia la que permita aclarar las dudas que ha generado el planteamiento de la Corte sobre este asunto, sin embargo, esta decisión rompe la lógica con la que se esperaba edificar la JEP para dar cierre al conflicto armado, con garantías para todos los procesados, y la envenena sin que pueda defenderse.

[1] Entre otras, las sentencias C-594 de 2014 y C-496 de 2015.

[2] C-496 de 2015.