Una decisión necesaria, un impulso determinante

La implementación del Acuerdo Final ha dependido, para su cierre jurídico, de la Corte Constitucional y la JEP no será la excepción.

Juan Ospina
Juan Ospina
Abogado
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29 de Octubre de 2017

Faltan 22 días hábiles para que se termine el procedimiento legislativo especial para la paz, conocido comunmente como fast track, y al proyecto de ley estatutaria de la JEP le faltan dos debates en plenarias de Senado y Cámara de Representantes, así como una conciliación en caso que los textos aprobados en tales instancias sean diferentes.

Este proyecto es importante porque determina las reglas de funcionamiento de la JEP que es la instancia creada por el Acuerdo Final para investigar, juzgar y sancionar a los responsables (fuerza pública, guerrilla y terceros) de crímenes contra la humanidad, es decir, sobre aquellas conductas que la comunidad internacional ha acordado rechazar por considerar más lesivas, de tal forma que no queden en la impunidad como normalmente ha ocurrido en otros procesos de paz, y se garanticen los derechos de las víctimas.

Si bien la reforma constitucional que creó la JEP fue expedida el pasado 4 de abril solo hasta el 24 de mayo fue radicado el primer proyecto de ley estatutaria, para después ser retirado el 25 de julio, en medio de una discusión sobre su contenido y omisiones, sin que se aprobara ni siquiera en primer debate. El proyecto se radicó nuevamente el 1° de agosto y solo hasta 9 de octubre se aprobó en primer debate, en comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes. Es decir, en casi 5 meses, de los 7 que lleva creada constitucionalmente la JEP, el Congreso solo ha avanzado un paso frente a los 3 o 4 que debe dar para aprobar la ley estatutaria que viabiliza su operación.

Esta situación demuestra no solo la complejidad de los asuntos de funcionamiento y operación de la JEP, incorporados en el proyecto, sino los intereses político electorales que restringen los debates razonables a rencillas personales o partidistas, y a cálculos políticos, como puede ser oponerse u omitir sus deberes para bloquear el trámite legislativo esperando a que se acabe pronto el fast track. La única victoriosa si no se aprueba la ley estatutaria será la impunidad.

Si bien algunas personas han señado a la CSIVI, la Comisión integrada por el Gobierno nacional y las Farc para la implementación del Acuerdo Final, como la responsable de que la ley estatutaria no se haya aprobado, por las demoras para generar un consenso sobre el texto para radicar y que representó cerca de dos meses; a los lideres del Gobierno, como los ministros de interior o justicia, por su falta de liderazgo; o al Congreso por no aprobar rápidamente la ley a pesar de tener un procedimiento especial para ello, lo cierto es que en un escenario tan complejo los responsables son quienes se oponen a la JEP no a partir de recomendaciones o propuestas de ajuste, sino esencialmente frente a su existencia, como a todo lo que huela a Acuerdo Final.

Por su parte, el acto legislativo que crea la JEP se encuentra en revisión de la Corte Constitucional desde el pasado 5 de abril. Por la complejidad de los asuntos incorporados en dicha reforma constitucional la Corte adelantó una audiencia pública en el mes de julio y se recibió un número importante de conceptos e intervenciones ciudadanas, la última radicada la semana pasada y suscrita por la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sobre la que nos referimos en un . El fallo está registrado desde el pasado 13 de octubre y nuevamente será debatido en sala plena el miércoles 1° de noviembre

La decisión de la Corte Constitucional es necesaria porque puede significar: i) el fin de dicha jurisdicción y de la discusión de la ley estatutaria, si las disposiciones del acto legislativo 1 aplicables a la creación de la JEP se declaran inexequibles, situación poco probable; ii) una corrección de asuntos aprobados y que se repiten o desarrollan en el PLE, como los que la fiscal de la CPI mencionó frente a la responsabilidad de mando, los terceros, los crímenes de guerra o las sanciones, lo que me parece absolutamente razonable; y iii) un impulso a la norma tal y como fue aprobada, lo cual no parece posible siendo esta la reforma más grande y compleja de nuestra constitución.

Si se diera el segundo escenario, la decisión de la Corte en estos momentos constituiría un impulso determinante para la JEP, terminado con la incertidumbre sobre su existencia, y para la ley estatutaria que está varada en el Congreso, conduciendo el debate hacia un ajuste razonable de algunos aspectos de la reglamentación.

Quedan 22 días para que termine el fast track y todo está en manos del Congreso, donde parece que nada va a pasar, por lo que la decisión de la Corte Constitucional no es solo necesaria sino determinante para construir e impulsar un sistema de justicia transicional que luche contra la impunidad, un propósito de la humanidad en su conjunto, y garantice los derechos de las víctimas.