Una crisis silenciosa: las reglas de procedimiento de la JEP

El funcionamiento adecuado de la JEP requiere de unas reglas de procedimiento aprobadas por el Congreso de la República. Aunque el Gobierno recibió la propuesta de la JEP hace un mes no ha radicado el proyecto de ley. ¿Qué está esperando?

Juan Ospina
Juan Ospina
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15 de Abril de 2018

La captura de Santrich es un desafío para el proceso de paz porque profundiza la desconfianza entre el Gobierno y las Farc, lo que se suma a las inquietudes surgidas sobre la adecuación del procedimiento que se siguió para su captura y el que debe adelantarse para decidir su extradición, así como la posibilidad de que los beneficiarios de las adecuaciones de justicia realizadas en el Acuerdo Final cometan nuevos delitos.

Es un desafío, además, porque las autoridades judiciales deberán evaluar no solo los aspectos formales de la conducta y los requerimientos judiciales (temporales y procesales) sino las consecuencias de una posible extradición sobre las necesidades de verdad, justicia y reparación en el marco de un proceso de justicia transicional que pretende garantizar la participación de las víctimas y que tiene condicionalidades soportadas sobre la contribución efectiva en la satisfacción de sus derechos.

Dicha evaluación fue la que determinó que la Corte Suprema de Justicia en el año 2010[1] decidiera desfavorablemente la solicitud de extradición del exjefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias “don Mario”, para promover su cooperación con la justicia nacional (contar la verdad, reparar a las víctimas y responder por sus conductas). En dicho caso, la Corte señaló que si el concepto hubiese sido favorable “(i) se vulnerarían las obligaciones internacionales del Estado colombiano dirigidas a la lucha contra la impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad, y (ii) resultarían gravemente afectados los derechos de las víctimas y la sociedad colombiana, quienes quedarían sin posibilidades de conocer la verdad y obtener reparación por los crímenes cometidos (…), todo ello, sin perjuicio de la obligación del Estado colombiano de investigar y sancionar los delitos que el requerido hubiere podido haber cometido (…) y por los cuales se solicita su extradición”.

Así, aunque algunas personas planteen que esta puede ser la peor crisis del proceso de paz, lo cierto es que con ocasión del Acuerdo Final y su implementación se han establecido condiciones para que las autoridades judiciales puedan valorar las acusaciones contra quienes deben comparecer ante la JEP y determinar sus efectos. Esta es precisamente la razón de someterse a la justicia.

Ahora bien, mientras la opinión pública se concentra en el caso Santrich, una crisis silenciosa ocurre. Próximos a cursar la tercera semana del mes de abril y a tan solo 42 días hábiles de terminar el periodo legislativo, el Gobierno Nacional no ha radicado ante el Congreso de la República el proyecto de ley que fija las reglas de procedimiento ante la JEP.

Dichas reglas son importantes porque le dan un cierre normativo al componente de justicia diseñado en el Acuerdo Final y permiten establecer con claridad las oportunidades de actuación de todas las partes e intervinientes en los procedimientos, incluyendo las víctimas. ¿Por qué no está en discusión en el Congreso? ¿Qué pasa si no es aprobada en este periodo legislativo?

Hace un mes los magistrados de la JEP presentaron ante el Gobierno Nacional la propuesta de reglas de procedimiento y éste, con buen juicio o no, ha considerado que dicho proyecto es muy largo y detallado por lo que ha pedido que se elabore una propuesta más concreta. Sin embargo, no es razonable que se pierda tiempo que puede ser útil para adelantar los debates respectivos en el Congreso, bajo el procedimiento ordinario, por asuntos de extensión o detalle. Un mes es suficiente para superar cualquier discusión de fondo sobre la propuesta, que finalmente desarrolla un marco normativo general ya aprobado, más aún cuando está en juego el funcionamiento adecuado de la jurisdicción.

Esta situación es similar a la que se presentó con el proyecto de ley estatutaria de la JEP. El proyecto fue presentado tardíamente durante el primer semestre de 2017, luego retirado y finalmente radicado en el mes de agosto. Su trámite tomó 4 meses y fue aprobado, con algo de suerte, el ultimo día del procedimiento legislativo especial para la paz.  

Existe una amenaza real para el funcionamiento de la JEP y, de esta manera, para la garantía de los derechos de las víctimas, la oportunidad de procesar a los actores del conflicto armado y superar la impunidad. ¿Qué están esperando para radicar el proyecto de ley?

[1] Proceso 32786, M.P. Javier Zapata Ortiz, decisión del 17 de marzo de 2010.

Comentarios (1)

Edwin Arnold Moreno Castiblanco

16 de Abril

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Entiendo que el proyecto de Ley ya fue radicado el la presidencia de la República según la Web de la JEP, ahora el Gobierno Nacional debe pasar lo al Congreso de la Republica, ojalá sea pronto.