Un llamado a la razón y una petición

Hay que discurrir sobre la crisis de la administración de justicia y la función pública, y a la vez pedir a los servidores públicos los estándares más altos de ética y compromiso con el país.

Juan Carlos Ospina
Juan Carlos Ospina
Abogado
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24 de Septiembre de 2017

Siendo un abogado de “provincia”, término despectivo que utilizan en este país centralista para referirse a aquellos que no nacieron o no estudiaron en universidades ubicadas en la capital, beneficiado por una educación universitaria pública, sin tener más méritos que haber sobrevivido al conflicto armado y a la desigualdad que condenan a muchos colombianos desde antes de su nacimiento a vivir sin oportunidades, y teniendo en cuenta el imaginario de que las altas cortes son la cúspide de la labor judicial, debo hacer un llamado a la razón.

Siendo la razón aquello que nos permite pensar o reflexionar sobre el entendimiento, tenemos la obligación de comprender la realidad y discurrir sobre lo que está pasando con la administración de justicia y con quienes ocupan los lugares más altos del ejercicio profesional de los abogados: el servicio público y la justicia, a través de la magistratura.

En los últimos quince años hemos visto a nuestra sociedad caer constantemente en un abismo, nuestras instituciones no solo salpicadas sino empapadas por la corrupción y el delito, y los servidores públicos, es decir, los servidores de todos, comprometidos con conductas egoístas que son contrarias al derecho. En este periodo han sido investigados, juzgados o condenados innumerables servidores públicos: presidentes, ministros, viceministros, directivos, magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado o de tribunales, fiscales, jueces, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, en una lista que parece no terminar.

En las ultimas semanas se ha conocido la investigación y juzgamiento de un exmagistrado y a la vez expresidente de la Corte Suprema de Justicia (Ricaurte), un actual magistrado de dicha corporación (Malo, es su apellido), el fiscal encargado de luchar contra la corrupción (Moreno), entre otros, todos estos abogados que deshonran la profesión, por ser guardianes de la chicana y no de la constitución y la ley, y que frustran la confianza depositada por los ciudadanos que esperan en quienes ejercen el servicio público una labor dirigida exclusivamente al cumplimiento de los fines del Estado social de derecho.  

Angel Ossorio en “El alma de la toga” señala que: “En el abogado la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero ser bueno; luego, ser firme; después, ser prudente; la ilustración viene en cuarto lugar; la pericia, en el último”.

Algunas personas trabajan todos los días para hacer que este país tenga futuro, cada uno aporta su grano de arena, sobreviviendo con dignidad a pesar de los problemas estructurales que nos impiden gozar efectivamente de ciertos derechos, mientras otros solo se convierten en un lastre. El nivel de vergüenza que producen las acusaciones en contra de funcionarios o exfuncionarios públicos y la sensación de impunidad que se percibe ante la falta de sanciones efectivas, hacen que cualquier esfuerzo por sostener este país sea insuficiente.

Nadie debe dudar que los acusados gozan de la presunción de inocencia, garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso, pero no tienen derecho a excusarse en dicha garantía para permanecer atados a una posición de representatividad y autoridad en instituciones que sólo tienen como propósito atender los deberes sociales del Estado. En esa medida, mientras evaluamos racionalmente la situación de la administración de justicia y de la función pública, nuestra primera labor es reclamar que las realidades soportadas en evidencias, que pueden o no desvirtuar la duda razonable pero que plantean interrogantes que merecen respuesta, sean resueltas en el marco de procesos judiciales céleres, sin que los acusados utilicen el servicio público como una trinchera para excusar el procesamiento.

Por lo anterior, hago la siguiente petición:

En mi condición de ciudadano y bajo la comprensión de que los estándares más altos deberían regir la función pública, les pido a todos los funcionarios públicos investigados y en juzgamiento que renuncien. La construcción de la paz exige los niveles más altos de debate y de servicio público. Su aporte a este país y a que se produzcan los cambios que nos conduzcan a un futuro mejor, es renunciar al servicio público mientras adelantan su defensa. Su aporte es muy importante porque significa una renuncia a los propósitos personales por los comunes a todos los ciudadanos.

Su contribución es indiscutible, si deciden aceptar esta petición, pues nos permite avanzar sin su peso en un momento en el que necesitamos evaluaciones razonables y soluciones sopesadas frente a los problemas que ya son muchos, tal vez suficientes, para una sociedad cansada de soportar como algunos pocos deciden hacerse suyo lo público y anteponer sus intereses sobre los que deben regir la función pública.

Son bienvenidos así en la construcción de la paz, con su aporte, pero no a trabajar por ella desde el servicio público pues este requiere un estándar ético que, en su caso, se encuentra en discusión.

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