Seguridad en Medellín, más allá de las cifras

Medellín es una ciudad con dinámicas complejas. Así mismo, la seguridad en esta ciudad no puede ser objeto de un análisis somero sino que debe tener en cuenta cada una de las particularidades del caso.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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15 de Febrero de 2017

Hoy el tema de la seguridad ciudadana preocupa en la mayoría de las ciudades de Colombia y algunos se aventuran a generalizar las causas y consecuencias de los problemas de violencia y delincuencia sin entrar a mirar las particularidades en cada ciudad, que aunque tienen problemas más o menos comunes, la historia, intensidad y particularidades no son las mismas y por tanto las soluciones no pueden ser iguales.

Una criminalidad compleja

En el caso de Medellín, esta ciudad tiene una violencia y delincuencia compleja, con estructuras criminales organizadas que desde los años 80 se convirtieron en un problema endémico, con periodos de recrudecimiento y de disminución a lo largo de estos 35 años.

A mediados de los 80 muchos jóvenes y niños recibieron entrenamiento militar en los Campamentos de Paz que el del grupo guerrillero M-19 instaló en las comunas durante el fallido Proceso de Paz del gobierno de Belisario Betancur, jóvenes entrenados que engrosaron las filas de los nacientes grupos al servicio del narcotráfico como sicarios o miembros de los esquemas de seguridad del “Cartel de Medellín”.

A comienzos de los años 90 aparecen en escena las milicias guerrilleras del Ejército de Liberación Nacional –ELN- y de las FARC, que les disputaron el poder y el control territorial a las bandas delincuenciales vinculadas con el narcotráfico. A  finales de los años 90 y comienzos de 2000 los paramilitares conformaron en Medellín el Bloque Metro, el cual comenzó a disputarles los territorios y negocios ilícitos controlados por las milicias guerrilleras y bandas delincuenciales. En el año 2002, se crea el grupo paramilitar Bloque Cacique Nutibara de “Don Berna”, que además combatió al Bloque Metro que ya no seguía las orientaciones de los paramilitares de Urabá. 

En el 2003, en medio de la lucha del Estado en contra de las milicias guerrilleras y del proceso de desmovilización y de reinserción de más de 4000 ex paramilitares que regresaron a Medellín, la Administración Municipal reconocía la existencia de 10 bandas de delincuencia organizada y 201 combos o grupos de jóvenes vinculados a actividades delictivas en la ciudad, los cuales, en su conjunto, tendrían algo más de 6000 jóvenes.

En resumen, tres generaciones de jóvenes vinculados a distintos grupos que hasta hoy siguen ejerciendo violencia para controlar las comunas y los negocios del narcotráfico, del microtráfico, la extorsión generalizada, el contrabando, el tráfico y comercialización de armas, la trata de personas para la prostitución, la explotación mafiosa del espacio público, y algunos negocios legales que se mueven con cierta ilegalidad como casinos, chance, paga diarios, prenderías, entre otros; negocios rentables que desde los años 80, hasta ahora, han estado en el centro de los enfrentamientos criminales en la ciudad.

 

Mas allá de sus fronteras

En el caso de Medellín, su ubicación estratégica, que ha posibilitado su desarrollo económico y social, también ha sido utilizada por distintos actores delincuenciales ligados al contrabando, al narcotráfico, al conflicto armado (guerrillas y paramilitares) y la delincuencia común. Las actividades de esta criminalidad organizada trascienden las fronteras de la ciudad, por donde pasa toda la malla de vial del Departamento, lo que garantiza conectividad y control sobre siete regiones importantes del noroccidente del país.

La primera, el medio y bajo Atrato, desde Quibdó hasta la desembocadura en el golfo de Urabá, donde las FARC operaban y hoy el ELN y grupos criminales comparten y se disputan el control de este corredor natural; La segunda, hacia el Nudo del Paramillo donde hay disputas por el control de los cultivos ilícitos y el corredor hacia Córdoba, Urabá y Panamá.

La tercera, pasando por Murindó hasta el nordeste, zona de protección de Urabá, donde Dabeiba, Ituango, Peque y Anorí, unidos a Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquía, conforman un corredor de cultivos ilícitos.  La cuarta, va desde El Bagre hasta Santo Domingo (nordeste), donde se juega el dominio por los recursos naturales, los cultivos ilícitos y el acceso al sur de Bolívar. La quinta hacia el oriente antioqueño, donde los recursos hídricos, las líneas de transmisión, la autopista Medellín - Bogotá y los cultivos de coca del piedemonte, hacen apetecible esta zona.

El sudoeste es el sexto escenario donde desde hace años, primero los grupos paramilitares y ahora bandas criminales tienen presencia a través de la extorsión y la séptima, los municipios del Valle de Aburrá, en especial Medellín, Bello, Itaguí y Envigado desde donde operan las cabezas y estructuras principales del crimen organizado.

Como se puede ver, se está ante estructuras complejas del crimen organizado que en su operar trascienden las fronteras de la ciudad de Medellín y sin la participación decidida del gobierno Nacional, del Departamento, de las autoridades de seguridad, justicia y de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF para controlar los recursos ilegales, va a ser muy difícil enfrentar los problemas de violencia y delincuencia de la ciudad, del Área Metropolitana, del Departamento y de la región noroccidental del país.

 

Homicidio en caída

Medellín desde el año 2003 tuvo una importante disminución de los homicidios después de cuestionada la Operación Orión y la desmovilización de los paramilitares, en particular de los Bloque Cacique Nutibara, Metro y Héroes de Granada. Se pasó de una tasa de 184 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2002 a 34 en 2007. Luego de la extradición de los jefes paramilitares a EE.UU. en mayo de 2008, la violencia homicida volvio a crecer hasta situarse en una tasa de 94 en 2009. A partir del 2010 recuperó la tendencia a la disminución y en el 2016 se situó en 21 homicidios por cada 100.000 habitantes, como se puede ver en la siguiente gráfica:    

 

 

Un resultado importante de reducción de este delito, siendo la ciudad que ha tenido la reducción más alta en los últimos años, como se puede ver en las cifras que maneja el Programa de la Red de Ciudades Cómo Vamos, donde se muestra cómo seis de las diez ciudades que son analizadas por este programa lograron reducciones importantes, mientras cuatro registran aumentos  (ver siguiente cuadro).

 

 

 

¿Y los demás delitos qué?

Evaluar la seguridad de los ciudadanos no es fácil por la precariedad y credibilidad de las cifras de violencia y delincuencia. En el caso colombiano se puede asegurar que las cifras de homicidios son más confiables, mientras que las de los demás delitos tienen un alto subregistro, como lo muestran las distintas encuestas de percepción de seguridad y victimización.

Es evidente que las cifras de denuncias de la mayoría de los delitos de mayor impacto (hurtos de residencias, comercio, personas, vehículos, motos y bancos, lesiones personales, abuso sexual, extorsión) que manejan las autoridades no son confiables y no reflejan lo que realmente sucede en materia de violencia y delincuencia en las ciudades.  Existe un alto subregistro de delitos, que en algunos casos supera el 70%, es decir de cada diez (10) delitos, solo tres son denunciados ante las autoridades. Esto se debe, no solo a la falta de confianza en las autoridades de seguridad y justicia, sino también a las dificultades para hacer efectiva la denuncia (muy pocos sitios de recepción de denuncias, procesos engorrosos, falta de profesionalismo para atender a las víctimas, demoras en los trámites, etc).

En el caso de Medellín, esta ciudad cuenta con más y confiables cifras debido a la decisión que tomó la administración anterior de mejorar el sistema de recepción de denuncias en el año 2014, en particular con la creación de Seguridadenlinea.com donde los ciudadanos pueden instaurar sus denuncias penales y anónimas de manera virtual. En el primer caso, se recibieron 3.591 denuncias penales en el 2014, 3.938 en el 2015 y 5.697 en el 2016, es decir en tres años Seguridadenlinea.com ha recepcionado 13.226 denuncias penales. En el segundo caso, denuncia anónimas, se han recibido en estos tres años más 19.000 denuncias.     

En Medellín, producto de esa decisión que mejora la recepción de las denuncias, reduce sustancialmente los tiempos que utilizan las víctimas para denunciar, facilita esa tarea y garantiza el anonimato de las víctimas, cuando lo quieren, hoy la Administración Municipal y las autoridades de seguridad y justicia cuentan con más y confiable información que les  permite conocer de mejor manera las problemáticas y poder realizar estudios y análisis detallados para definir, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones y políticas en esta materia.

En este caso, hay que llamar la atención para no confundir el aumento de los registros de denuncias, con el aumento de la inseguridad real. Aquí es necesario una estrategia de comunicación, que además de promover la denuncia ciudadana y de garantizar buena atención de las víctimas, los ciudadanos sepan que el aumento en el registro no corresponde a un aumento de la inseguridad y que esta estrategia se viene haciendo para contar con más y mejores cifras de violencia y delincuencia para definir, hacer seguimiento y evaluar las estrategias de seguridad que desarrolla la ciudad de Medellín. Este es un buen ejemplo que la mayoría de las ciudades del país deberían asumir, como lo viene haciendo Bogotá desde comienzos el año pasado.

Mientras se cuenta con cifras de denuncias más confiables para evaluar los resultados en materia de seguridad en Medellín en los últimos años, se puede recurrir a los indicadores de la encuesta de Medellin Cómo Vamos y para comparar sus resultados con otras ciudades se pueden usar los indicadores de las encuestas de Calidad de Vida de la Red de Ciudades Cómo Vamos[1], que dan un panorama completo de la situación de seguridad y confianza en las instituciones de seguridad y justicia, como son:

  • Percepción de seguridad: “Se siente seguro en la ciudad”.
  • Victimización: “ha sido víctima de algún delito”.
  • Denuncia: “Denunció el delito”.
  • Impunidad: “Cree que la probabilidad de que un delito sea sancionado en la ciudad sea alta”.

En lo que hace a la percepción de inseguridad, el índice más bajo fue en 2011, donde solo el 13% ciudadanos se sentían inseguros en la ciudad. Entre el 2013 y 2015 aumentó el indice de inseguridad a 19% y en el 2016 bajó 15%. Con relación a la victimización, en los años 2011 y 2012 la ciudad registró el indicador más bajo con solo el 10% de los ciudadanos que habían sido víctimas de un delito en el último año, en el 2013 y 2014 aumentó a 13%, bajó a 12% en el 2015 y en 2016 aumentó a 15%. En los dos últimos años (2015, 2016), solo el 18% de los ciudadanos consideran que existe una alta posibilidad que el delito sea sancionado (ver siguiente gráfica).

 

En lo que hace a la denuncia, el año con más alto registro fue en 2012 cuando el 49% de los ciiudadanos denunciaron el delito, cifra que cayó a 33% en 2013, subió a 40% en el 2014, bajó a 38% el 2015 y aumentó a 42% en el 2016. 

 

 

Con el promedio de los resultados de las Encuestas de la Red de Ciudades Cómo Vamos entre 2013 y 2015 y el promedio de las tasas de homicidios de esos años reportadas por Medicina Legal, Medellín es la segunda ciudad más segura después de Pereira y por encima Manizales, Ibagué, Barranquilla, Bucaramanga, Valledupar, Cartagena y Bogotá, como se aprecia en el siguiente cuadro:

 

 

Como se puede ver, Medellín, a pesar de la complejidad de los problemas de violencia y delincuencia, registra buenos resultados y la sitúa como una de las ciudades más seguras. Resultados hasta ahora logrados que ponen mayores retos a la Administración del alcalde Federico Gutiérrez, quien desde el comienzo de su mandato puso el dedo en la llaga al señalar la presencia, accionar y control territorial del crimen organizado en su ciudad, situación que no es ajena a la mayoría de las principales urbes del país y que hoy pone en entredicho la capacidad del Estado para controlar estas organizaciones que afectan la seguridad de los ciudadanos y la legitimidad de las instituciones de seguridad y justicia, que en algunos casos están siendo cooptadas a través de la corrupción.

 

 

 

[1] Hago uso de parte de un trabajo que elaboré a finales del año pasado en materia de seguridad y convivencia para la Red de Ciudades Cómo Vamos, titulado “Qué tan seguras son las ciudades”.