Se acaba el “fast track”

Se iniciaron los últimos tres meses del procedimiento legislativo especial para la paz ¿Qué normas se aprobarán en un congreso que se mueve lentamente?

Juan Ospina
Juan Ospina
Abogado
61 Seguidores10 Siguiendo

0 Debates

18 Columnas

Columna

395

0

03 de Septiembre de 2017

El 24 de agosto de 2016 fue un día histórico, se anunció en la mesa de negociaciones de La Habana que el Gobierno y las Farc habían llegado a un acuerdo final para la terminación del conflicto armado, y se sancionó la ley que fijó las condiciones para convocar a un plebiscito especial para definir el apoyo ciudadano al mencionado acuerdo. Ha pasado un año complejo y con incertidumbres, en el que los efectos de dichos anuncios se han multiplicado inconmensurablemente, como suelen ser los procesos de aprendizaje.  

Han pasado tantas cosas y ha sido tan importante este proceso, así como enredado, que sería prácticamente imposible resumir todo en este espacio, por lo que, excusándome por ello, les propongo concentrarnos en lo que queda por hacer en el primer año de la implementación normativa del acuerdo final.

En el segundo acuerdo final se definieron, casi en los mismos términos del primero, las prioridades para la implementación normativa durante los doce meses posteriores a la firma del acuerdo final (puntos 6.1.9, 6.1.10 y 6.1.11), la cual debía adelantarse conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el acto legislativo 01 de 2016.

Dicho acto legislativo permitió hacer uso a partir del 30 de noviembre de 2017, tras la decisión política de refrendación efectuada por el Congreso de la República, de las facultades extraordinarias para expedir decretos con fuerza de ley por parte del Presidente de la República y de un procedimiento legislativo especial, denominado comúnmente como “fast track”, por el Congreso. Las primeras facultades terminaron el pasado 28 de abril (expidiendo 35 decretos leyes) y las del Congreso vencerán el próximo 30 de noviembre (con 6 normas expedidas), es decir, estamos a tan solo tres meses de terminar el primer año de implementación normativa del Acuerdo Final.

Como lo señalé en una , la incertidumbre en relación con el valor jurídico del acuerdo final ha generado que buena parte de los asuntos importantes de este proceso se hayan adelantado a través de las excepcionales y transitorias facultades legislativas asignadas al Presidente, y través del procedimiento legislativo especial, en el cual se espera se aprueben los proyectos normativos que transitan desde hace algunos meses o que deben ser presentadas en las próximas semanas.

Actualmente transitan por el congreso 8 proyectos de normas (2 actos legislativos, 1 ley estatutaria y 5 leyes ordinarias), de las cuales uno pasó la semana pasada a conciliación “Prohibición del paramilitarismo”, 3 tienen más de dos debates pero están estancados “Innovación agropecuaria”, “Adecuación de tierras”, “Circunscripciones especiales transitorias de paz”, y 4 aún no tienen el primer debate “Jurisdicción especial para la paz”, “Reforma electoral y política”, “Sistema catastral multipropósito” y “Adjudicación de baldíos en reserva forestal”.

Adicionalmente, faltarían por radicar proyectos cuyos borradores han sido socializados sobre “Reforma de la ley 1448” y “Garantías para las organizaciones y movimientos sociales”, así como otros proyectos incorporados en el listado de prioridades de la implementación normativa.

Ahora bien, a pesar de la posibilidad de aprobar ágilmente los proyectos de normas que son presentados, no con ello sin amplia deliberación, la verdad es que el Congreso hace meses no se mueve con la velocidad deseada. Hay proyectos que cumplen por estos días 6 meses “Innovación agropecuaria” y “Adecuación de tierras”, cinco meses “Prohibición del paramilitarismo” y más de tres meses “Circunscripciones especiales transitorias de paz” y “Reforma electoral y política” de tránsito por el Congreso desde su radicación.

Estos datos permiten evidenciar que más allá de lo rápido que puede ser el procedimiento de expedición de una norma, como lo demostró la aprobación de la ley de amnistía, indulto y tratamientos especiales, son los congresistas y, en general, el Congreso, con apoyo del Gobierno, el que imprime la agilidad a los procedimientos.

Hoy en día el fast track parece ser una autopista en la que se puede andar rápidamente, a pesar del límite a la velocidad impuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-332/17, pero que es transitada por un vehículo viejo, pesado, que exige constantemente -sobre todo del gobierno- ser aceitado, con problemas en los rodamientos, una caja de pocos cambios y sin alternador. ¿De qué sirve una autopista si es transitada por quien no puede aprovechar sus beneficios? ¿De qué sirve solucionar un problema de celeridad en el trámite legislativo a través de una fórmula jurídica si el problema es político?

Adicionalmente, soplan vientos de dificultades normativas con ocasión de las campañas políticas al Senado, a la Cámara de Representantes y la Presidencia de la República, que se mantendrán hasta finalizar el primer semestre del año 2018, o más si los ciudadanos deciden darle su apoyo a quienes han propuesto hacer trizas los acuerdos. Y ni hablar de los efectos de las decisiones de la Corte Constitucional sobre las normas expedidas, que deben conocerse en los próximos días, como lo mencioné en una .

Solo quedan tres meses para discutir y aprobar las normas que se encuentran en trámite en el marco del "fast track", así como aquellas que se radiquen en las próximas semanas, y la ciudadanía que apoya la terminación al conflicto armado debe estar atenta a la gestión de los congresistas.