Reforma política sacrificaría a Fajardo y Petro

Hasta ahora, partido político y movimiento político es lo mismo. Esto cambiará con un proyecto de ley que entró por fast-track y esto tiene sus consecuencias en la política nacional.

Miguel Galvis
Miguel Galvis
Veedor Nacional del Partido Alianza Social Independiente (ASI)
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17 de Abril de 2017

El gobierno nacional radicó para su trámite por Cámara de Representantes, el Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2017, para que sea tramitado de conformidad con el Procedimiento Legislativo Especial de Paz, conocido por la opinión pública como  “Fast–Track” en desarrollo de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno nacional y las FARC, el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 178 del 28 de marzo de 2017.

Este proyecto pretende reformar el artículo 108 de la Constitución Política, en el cual se establece que una futura ley definirá un régimen diferenciado de derechos entre los partidos políticos y los movimientos políticos, situación que resulta interesante pues hasta hoy los derechos son los mismos para unos y otros. El proyecto establece que a través de una ley estatutaria, que se presume también se tramitaría por el procedimiento del “Fast-Track”, establecerá un sistema progresivo de reconocimiento de derechos de los partidos y movimientos políticos en función de su representación.

Sin embargo se establece que la totalidad de los derechos de que gozan hoy los partidos y movimientos, solamente se le reconocerán a aquellos que superen el umbral del 3% de la última votación a senado o cámara de representantes y tendrán que llamarse partidos. Los movimientos serán aquellos que no superen ese umbral y no gozarán de la totalidad de derechos reconocidos a los partidos.

La iniciativa pretende limitar los derechos de los grupos significativos de ciudadanos, permitiendo que postulen únicamente candidatos a las circunscripciones municipales y distritales, a partir del 31 de octubre de 2019. Es decir que ya no podrían postular candidatos a la presidencia o las gobernaciones, al parecer tampoco a las asambleas, ni al congreso de la república. Esta norma impedirá que los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos políticos puedan postular candidatos a la presidencia de la república y su fórmula vicepresidencial, así como tampoco al senado de la república, con lo que se pretende cerrar la posibilidad de que surjan nuevos partidos, pero se incrementa el número de movimientos políticos con menores derechos.

Resulta por lo menos curioso que cuando las encuestas para la presidencia de la república en el 2018, muestran a Sergio Fajardo y Gustavo Petro dentro en los primeros lugares de preferencia de los potenciales electores, los partidos mayoritarios por la vía de la reforma política surgida del acuerdo de paz con las FARC, aprovechen y saquen del camino a estos dos competidores, obligándolos a postularse por alguno de los partidos o movimientos que hoy cuentan con personería jurídica y no a través de sus grupos significativos de ciudadanos como son “Compromiso Ciudadano” y “Progresistas”, respectivamente.

Con algún grado de suspicacia, el lector desprevenido podría interpretar como un cambio de reglas que favorecen el voto amarrado de las maquinarias partidistas, en contra del voto independiente de los grupos significativos de ciudadanos.

Como todavía no se ha producido el primer debate al proyecto de Acto Legislativo 011 de 2017, sería muy importante garantizar que el proceso de apertura democrática que establece el Acuerdo de Paz, no sólo beneficie al nuevo partido que surja de la desmovilización y reintegración a la vida civil de las FARC, permitiendo un camino para que tanto “Compromiso Ciudadano”, como “Progresistas”, puedan inscribir listas al Congreso de la República en las elecciones de marzo de 2018, y así , si logran superar el umbral del 3% puedan obtener personería jurídica de conformidad con el actual régimen electoral y así podrían inscribir candidaturas presidenciales para las elecciones de mayo de 2018. Esto requeriría de otro parágrafo de carácter transitorio y de una reglamentación favorable en la ley estatutaria que reglamente esta reforma constitucional.

Por otra parte, el acto legislativo recoge en el parágrafo 1°, el periodo de transición de 8 años solicitado por las minorías políticas y étnicas al Gobierno Nacional, al establecer que “los partidos y movimientos con personería jurídica al momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo conservarán la totalidad de los derechos que reconozca la Constitución y la ley a estas organizaciones sin necesidad de obtener, dentro de los próximos 8 años, el mínimo de votos previsto en este artículo.”

Con el periodo de transición para las minorías se busca que el ingreso del partido que surja de la transformación de las FARC a la vida democrática, no genere situaciones de competencia que puedan afectar negativamente la existencia de los actuales partidos de minorías políticas: el Polo Democrático Alternativo, Alianza Verde, MIRA, Opción Ciudadana y Partido ASI.