Reflexiones intempestivas sobre La Comisión de Esclarecimiento

Lo cierto es que la Comisión deberá estar por encima de este campo de fuerzas, si alguna credibilidad e independencia quiere construir.

Alejandro Castillejo-Cuéllar
Alejandro Castillejo-Cuéllar
Viajero (y profesor universitario)
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30 de Mayo de 2017

Colombia está ante un escenario transicional peculiar: en nuestro país cohabitan al menos tres transicionalidades, es decir, tres modalidades distintas a través de las cuales se instauran prácticas y discursos asociados a las transiciones políticas: el del proceso con los paramilitares; el de las FARC y el Estado Colombiano; y por supuesto, la transición imaginada, la que se discute en Ecuador con el ELN.

En un solo momento podríamos decir que Colombia se encuentra simultáneamente en la “post-violencia” paramilitar (aunque hoy tengamos muchas dudas), en una transición a una paz “estable y duradera” y en el conflicto armado. Son tres socialidades diferentes que se conectan de maneras complejas.

En la última década, hemos recabado millones de Tera-bytes de versiones libres, reproducimos a borbotones todo tipo de datos al punto de la inmanejabilidad empírica, montamos comisiones de reparación y reconciliación (que la verdad poco reconciliaron), organizamos sendos procesos de recopilación de memoria-histórica en decenas de volúmenes, instauramos leyes para que en los colegios se hable de la memoria histórica (y los profesores no saben qué contar exactamente), aumentamos la burocracia y trasmutamos las bases de datos sobre desplazamiento en bases de datos de víctimas, y les llamamos “registros”.

Hemos creado un monumental aparataje de administración humanitaria a través de leyes transicionales, como la Ley de Víctimas. Aun así, en Colombia pareciera que no tenemos claro el proceso histórico general, no obstante los versionados, los extraditados, los listados de bienes, las devoluciones de propiedad, los entregados, los desertados, los investigados, los narrados y los no narrados. Ante la “catedrización” de la paz (que algunos llaman pedagogía) como camino para incorporar vitalmente al otro, nuestro relato histórico sigue habitando la incertidumbre.   

Pues bien, luego de varios años de negociación en la Habana,  emerge una “nueva” arquitectura conceptual (o variaciones sobre el tema del evangelio global del perdón y la reconciliación): una serie de nuevas instituciones, que intentarán lidiar con los efectos de la guerra: el Sistema Integral de Justicia, que incluye la Jurisdicción Espacial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV, a partir de ahora), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entre otras instancias.

Hay que decir que esto nace luego del interregno del plebiscito, sobre el que escribí también,  y de las expresiones sociales de angustia y esperanza, el “salvavidas” del Premio Nobel de Paz, de la ratificación de los acuerdos en el Congreso a trancas y a mochas y una llamada “oposición” al proceso que a toda hora se desgarra las vestiduras como los cristianos primitivos ante Magdalena, la adúltera. Al final nadie tiene la indignidad de tirar la primera piedra.

Muchas cosas me llaman la atención de este momento y me recuerdan inevitablemente mi trabajo en Sudáfrica estudiando la Comisión de la Verdad, y del Perú, donde fui observador internacional del proceso comisional también.

De Sudáfrica, recuerdo el espíritu de futuro que se sentía en aquel país. El cielo abierto del Sur del continente africano parecía representar la extensión de la esperanza colectiva. Se respiraba literalmente futuro, y se sentía ser llevados de la mano con liderazgo. Daban ganas de quedarse, y así lo hice unos años.

Aquí en Colombia, por otro lado, no se respira futuro, no vamos de la mano de nadie y nuestro discurso de la reconciliación no ha impregnado esta sociedad cuando ya parece moribundo. He encontrado más esperanza en las filas de combatientes que he visitado que en cualquier otro lado. La mezquindad es la peor enemiga de la posibilidad de la reconciliación (con todo y su vaguedad conceptual). En Sudáfrica, la instauración de la Comisión fue motivo de conversación de calle, aquí diálogo de expertos y grupos de interés, al igual que artefacto de la confrontación política.  

Del Perú, por otro lado, recuerdo cómo el trabajo de esta institución era cuestionado por los políticos aún activos en el momento pero cuyas actividades caían dentro del mandato de la investigación, tratando de desacreditarla, junto con algunos medios de comunicación comerciales que en el peor de los casos adoptaron una actitud indiferente. Y recuerdo aún las filas de hombres y mujeres, sobre todo indígenas, desfilando en las audiencias públicas contando sus propias historias. No sé qué tanto se haya transformado esa sociedad al día de hoy, qué tanto la “promesa de una nueva sociedad” se haya extendido hasta sus límites estructurales o qué tanto se haya quedado en la catarsis de la enunciación pública de la violencia. De Sudáfrica sí sé que es una bomba de tiempo social.

Varias cosas concluyo de estos laboratorios sociales que son las Comisiones. Lo primero es que son efecto del campo de poderes que les dan origen. Reflejan el balance de fuerzas políticas y sociales de una sociedad y de los procesos de diálogo y negociación que con frecuencia las antecede. Esto influye en su constitución, en los énfasis de su investigación e incluso en sus decisiones metodológicas: qué se recaba, cómo se recaba o cómo se presenta la información. En otras palabras, iluminan así como pueden oscurecer.

En Colombia por ejemplo, hay una marcada línea editorial y política que hace referencia a la Jurisdicción Especial de Paz como el mecanismo para juzgar los crímenes de la guerrilla. Por el Acuerdo mismo, y por el decreto que le ha dado origen a la Comisión, sabemos que no es así. Que en teoría se hizo para juzgar a todos los involucrados en el conflicto armado.

Sin embargo, cuando uno percibe la atmósfera que rodea estos debates, pareciera que aquí sólo hay uno a quien hay que perdonar (las FARC), un sólo grupo que pide perdón sin ser obligado por una corte (las FARC), y unos hechos violentos que recordar (los de las FARC). Las responsabilidades del Estado (como la desaparición forzada o la tortura) se diluyen esquizofrénicamente entre el reconocimiento de “falsos positivos” (única violencia que el Estado reconoce como violencia) y el Premio Nobel de Paz.

Ni que decir de las responsabilidades de terceros: seguro (a juicio imaginativo) que alguna institución pertinente del Estado debe tener ya miles de folios de investigación de los llamados “colaboradores” de la guerrilla.  Es casi seguro que la institucionalidad ha flexionado su musculatura administrativa y financiera en beneficio de sus propia defensa.

Lo cierto es que la Comisión deberá estar por encima de este campo de fuerzas, si alguna credibilidad e independencia quiere construir. Al fin de cuentas, su trabajo será visto como un momento ritual, una especie de momento de unción de la “nueva nación imaginada”, un momento de ruptura con un pasado violento. Por eso no puede ser una oveja con piel de lobo. Su trabajo implicará la dignificación de todas las víctimas del conflicto, de donde vengan, a la vez que debe realizar un balance entre el relato de la persona y el mandato de esclarecimiento que tiene. Esto con el propósito de crear una narrativa histórica mínimamente colectiva e integradora de la complejidad.

Será importante, si nace como debe nacer, no tanto porque el mundo esté preocupado por nuestros destinos (por parecer ejemplificante, lo cual me parece una exageración), o porque le pone un matiz más a la eterna industria de consultores y “transitologos”. Será  importante por una razón más fundante: para nuestros hijos (y para nosotros, lo padres y madres, cuando los vemos a los ojos), para decirles que sí, que con todo y los falsos profetas de la guerra, es posible imaginar un otro mundo.