¿Por qué es importante crear una Corte Electoral?

La Misión Electoral Especial (MEE), creada en el punto 2.3.4 del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las Farc, incluyó entre sus recomendaciones la creación de una Corte Electoral autónoma e independiente para ocuparse de todo lo jurisdiccional relacionado con las elecciones. En esta entrada doy respuesta a varios cuestionamientos que se le han hecho a esta propuesta.

Juan Carlos Rodríguez Raga
Juan Carlos Rodríguez Raga
Profesor de Ciencia Política
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17 de Mayo de 2017

A la recomendación de la Misión Electoral Especial (MEE) de crear una Corte Electoral se le han planteado fundamentalmente dos objeciones, o al menos dos tipos de objeciones, que no necesariamente están relacionadas y que definitivamente no deberían mezclarse.

Por un lado, se dice que esta propuesta de reforma no puede tramitarse por el procedimiento legislativo especial o fast track porque no guarda relación con el acuerdo de paz.

Por otro lado, se dice que la propuesta es innecesaria, inconveniente y que supone el desmembramiento de una alta corte, de una institución que cuenta con 200 años de historia y que hoy, según estos críticos, está funcionando bien, de manera altamente eficiente.

Entonces vayamos por partes.

En cuanto a la primera objeción, hay que decir que el punto 2.3.4 del acuerdo de paz con las Farc, que es el origen de la Misión Electoral Especial, es claro en su mandato de que la Misión plantee recomendaciones de reformas que busquen modernizar y hacer más transparentes y autónomos tanto la organización electoral como el sistema electoral. A juicio de los miembros de la MEE, entonces, no hay ninguna duda de que las recomendaciones que hemos hecho, y que incluyen la creación de una jurisdicción electoral y de una Corte Electoral, se derivan directamente de dicho mandato y, por lo tanto, pueden y deben tramitarse en el Congreso vía fast track. El gobierno, naturalmente, tiene la discrecionalidad a este respecto.

En cuanto al segundo grupo de objeciones, hay que hacer varias consideraciones.

En primer lugar, el acuerdo de paz, especialmente el renegociado y firmado después del plebiscito, le dio el mandato a la MEE de hacer consultas con todas las organizaciones políticas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema electoral para tratar de construir los consensos más amplios posibles acerca de la naturaleza de las reformas de la organización y el sistema electoral que necesita el país. Y, efectivamente, nos reunimos prácticamente con todos los partidos y organizaciones políticas. Y el sentir ampliamente mayoritario de éstos contemplaba la necesidad de crear una corte electoral. De hecho, varios de estos partidos nos dijeron que se debería crear una rama electoral del poder. En suma, la idea de crear una corte electoral no es solamente una intención de la Misión, sino que recoge lo expresado por la gran mayoría de los partidos políticos.

Segundo, es muy importante aclarar que, a pesar de lo que acabo de manifestar, nuestra propuesta no supone crear una rama electoral como cuarta rama del poder público. La recomendación que hacemos es que se cree una Corte Electoral autónoma dentro de la rama judicial.

Tercero, ésta no es de ninguna manera una idea nueva. No nos estamos inventando nada. De hecho, no sólo en varios países de América Latina los asuntos jurisdiccionales relacionados con lo electoral están en manos de una corte especializada, sino que también la Asamblea Nacional Constituyente tenía la intención de incluir en la Constitución del 91 la creación de la corte electoral; según lo que nos dijeron algunos constituyentes que entrevistamos, sólo el lobby del Consejo de Estado de entonces logró que se abandonara la idea en ese momento. Nuestra propuesta, entonces, no es novedosa. Y al parecer la reacción del Consejo de Estado tampoco.

Finalmente, para entender la necesidad de contar con una jurisdicción electoral separada de las demás, tal vez se podría hacer un paralelo con lo que precisamente sucedió en la Constitución del 91 con la jurisdicción constitucional. Los constituyentes llegaron a la conclusión de, dada su especificidad, los derechos fundamentales consagrados en la constitución quedaban mejor protegidos en una corte autónoma, especializada, como la Corte Constitucional, y no, como hasta el momento sucedía, en una sala dentro de un tribunal que se ocupaba de tantas otras materias como la Corte Suprema de Justicia. La Constituyente consideró que el derecho de los derechos era, de alguna manera, un lenguaje único, distinto al que hablaban los magistrados de las demás salas (penal, civil, etc.) de dicha corte. En ese momento, naturalmente, hubo fuertes resistencias por parte de la Corte Suprema de Justicia que sentían que se le cercenaban funciones importantes. Sin embargo, esa institución, también centenaria o bicentenaria, no se debilitó en lo más mínimo por la creación de una Corte Constitucional autónoma y especializada que asumiera las funciones que hasta ese momento tenía su Sala Constitucional. Esta Sala desapareció y no pasó nada.

Es una situación similar a lo que sucede en este momento con la propuesta que hicimos de crear una Corte Electoral que asuma las funciones de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Siguiendo con el símil, el derecho electoral es un lenguaje especializado que los actuales magistrados de la Sección Quinta hablan con fluidez pero cuya labor se dificulta por estar inscrita en una Corte como el Consejo de Estado que habla otro idioma, el del derecho contencioso administrativo. Es clara entonces la anomalía; de hecho, que un tribunal de lo contencioso administrativo se ocupe de temas electorales es totalmente exótico en comparación con otros países. También queda en evidencia el enorme potencial que tiene nuestra recomendación para resolverla.

Quiero enfatizar que en la MEE no dudamos de la competencia y del conocimiento especializado que en materia electoral tienen los actuales magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Es por eso que incluimos la recomendación de que dichos magistrados conformen la primera Corte Electoral. Sí estamos convencidos de que su conocimiento y sus competencias, así como su jurisprudencia, sirven mucho mejor a las necesidades de la democracia y del país en una Corte Electoral autónoma y especializada.

Una Corte Electoral, en suma, es una condición necesaria para que las decisiones judiciales en asuntos electorales sean oportunas, en tiempo real. Para darles no sólo a los actores políticos sino a la ciudadanía las garantías que hoy, en la estructura actual, no tienen. Para reformar una estructura institucional que contribuye a la inestabilidad jurídica electoral que hoy padecemos y que se manifiesta, por ejemplo, en la realización de decenas de elecciones atípicas cada año, con grandes gastos de dinero y de energía para el Estado y la sociedad colombianos.