Policía del posconflicto: ¿cantidad o calidad?

¿Qué problemas se tienen hoy para aumentar el número de policías y mejorar la seguridad de los ciudadanos, tanto en los territorios dejados por las Farc, como en el resto del país y especialmente en las ciudades?

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
342 Seguidores0 Siguiendo

0 Debates

25 Columnas

Columna

495

0

11 de Septiembre de 2017

En medio de la discusión sobre qué grupos armados y bandas criminales están copando los territorios dejados por las Farc, la propuesta de sometimientos a la justicia del Clan del Golfo, la tregua bilateral con el ELN y los esfuerzos que están haciendo las Fuerzas Militares y la Policía para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, han pasado casi desapercibidas una serie de propuestas que buscan mejorar el accionar de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos en general y de los territorios donde operaban las Farc.

Con el lanzamiento del libro de Ariel Ávila “seguridad y justicia en tiempos de paz”, las respuestas del Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, el informe de la Comisión Consultiva para el fortalecimiento de la Policía Nacional, creada por el presidente Juan Manuel Santos mediante decreto 259 de 2016 y los cambios que la Corte Constitucional hizo al nuevo Código de Policía, se tiene una serie de propuestas que es necesario analizarlas con realismo, no desecharlas y mirar la viabilidad de su ejecución, en la medida que buscan mejorar la seguridad y convivencia de todos los ciudadanos.

Dado que algunas propuestas apuntan o se sustentan en el aumento de efectivos de la Policía para garantizar de mejor manera la seguridad de los ciudadanos, es necesario tener presente que hace más de 20 años la Policía Nacional no registraba una opinión desfavorable por encima del 50% (Encuesta Gallup junio de 2017). Esta institución pasó de tener una opinión favorable por encima del 70% por largos años, a registrar por debajo del 45% en los últimos dos años, como se puede ver en la siguiente gráfica:

Cantidad o calidad en la formación

El aumento de la opinión desfavorable hacia la Policía, que se sustenta en algunos escándalos ocurridos en los últimos años y en particular en el servicio que prestan los policías en las calles, debe tenerse en cuenta para adelantar procesos de cambios y aumento del personal policial, en la medida en que más que esto último, hay que privilegiar la calidad antes que la cantidad y en este momento es difícil hacer las dos cosas a la vez, como lo veremos.

Esta opinión desfavorable de los ciudadanos no se le puede achacar a una Dirección de la Policía en particular, es el resultado del aumento desordenado del pie de fuerza desde comienzos de este siglo por presión de los gobiernos y de los ciudadanos, que hizo que se pasara de los procesos de selección rigurosos, al reclutamiento, de la calidad educativa sustentada en tiempos adecuados de formación y cursos con el número de alumnos requerido, a reducción en los periodos de formación y cursos numerosos. Estos cambios en la formación de cualquier profesión solo traen muy mala calidad de los profesionales y de los servicios que prestan.

Mal servicio, hechos de corrupción y comportamientos inadecuados de algunos policías han hecho, en parte, que la opinión desfavorable de los ciudadanos haya aumentado hacia la institución policial desde finales de 2010, cuando se comenzó a registrar la tendencia a la baja en la opinión favorable de los ciudadanos.  

 

¿Es posible el aumento de policías?

El aumento del número de policías dedicados a la seguridad ciudadana es posible si se analizan y ponen en práctica algunas de las propuestas hechas en los documentos inicialmente expuestos, claro seguramente no en el número que proponen, pero si garantizando la calidad. Tanto la Comisión Consultiva para el fortalecimiento de la Policía Nacional, como Ariel Ávila reconocen que hay que aumentar el número de policías para enfrentar los retos del postconflicto, con una mayor presencia en zonas urbanas y con un despliegue en las áreas rurales, en especial en los municipios y territorios donde las Farc tenían cierto control.

Para la Comisión el proceso de crecimiento debe hacerse con mayores exigencias para el ingreso y con policías mejor pagados y capacitados. La Comisión plantea que el costo de este aumento de policías y operatividad debe hacerse con cofinanciación de los departamentos y municipios, con los recursos que maneja el Ministerio del Interior a través de Fonsecon y sugiere que el Ministerio de Hacienda realice un cálculo que permita incrementar los salarios y ampliar los tiempos de formación en las escuelas, mejorando los estándares educativos y las competencias para el desarrollo de las funciones.  Para Ariel Ávila hay que aumentar el personal de la policía en las áreas rurales hasta llegar en cinco años a 50.000 efectivos que deberán ocupar 300 zonas rurales con graves problemas de seguridad.

Aunque no se propone un número específico de aumento real de los miembros de la Policía, hay que preguntarse sobre la capacidad instalada que tiene la institución para responder año a año, no solo en cantidad sino también en calidad. Hay que anotar que la institución tiene una capacidad de capacitar como corresponde, entre seis y siete mil policías año y gran parte de estos entran a reemplazar a los policías que se retiran, los retiran o salen pensionados. Siendo optimistas, anualmente solo se produce un aumento real entre dos y tres policías adicionales, es decir, en diez años apenas se habrá aumentado en treinta mil el número de policías nuevos. Es decir, si se quiere aumentar el número de policías con calidad las escuelas de formación apenas proveen una parte, pero es necesario buscar otras alternativas.

 

Soluciones intermedias

Dada la dificultad para incrementar el número de efectivos de la policía de manera rápida, profesional y efectiva en uno, dos años o cinco años, se plantean soluciones intermedias, como las que propone la Comisión de “sacar el personal uniformado que hoy está en labores administrativas y distribuirlos en zonas donde se requiera reforzar la seguridad ciudadana”.

Según la Comisión, este personal representa el 15,5% del total de la institución, es decir 28.252 policías que irían a cumplir las funciones para las que fueron formados. Esto supone un costo adicional para contratar el personal administrativo requerido, personal que se puede encontrar en el mercado, a un costo razonable y que contribuiría a la profesionalización de las funciones administrativas dentro de la institución. Aquí se puede pensar en una propuesta intermedia donde haya personal uniformado y no uniformado en mayor número, por ejemplo, veinte y ochenta por ciento respectivamente.   

Otra propuesta se orienta a utilizar personal de las Fuerzas Militares en labores de seguridad ciudadana. Para la Comisión, en coordinación con la Policía en áreas rurales y para Ariel Ávila, personal militar entrenado en labores de seguridad ciudadana que pasaría a la Policía, dada la urgencia por cubrir los territorios dejados por las Farc y la necesidad de atender otros territorios fundamentalmente rurales que no se han cubierto como se debiera. Es de anotar que estos territorios hoy se están atendiendo con personal que se le quita a algunos municipios y regiones.

En este caso se puede ir más allá y proponer que estos veinte o treinta mil militares con sus mandos sean capacitados durante un año en el manejo de la seguridad ciudadana y se les de funciones de policía judicial, para que posteriormente se les asigne algunos territorios donde presten los servicios de seguridad ciudadana, sin necesidad de compartir esta obligación territorial con los actuales miembros de la Policía. Esto permitiría un seguimiento y evaluación adecuada a esta propuesta y además puede desarrollar una sana competencia entre los miembros de la Policía actual y los exmilitares convertidos en policías.

Aquí también entra la propuesta de incluir a algunos exguerrilleros de las Farc en la policía rural. Como lo bien lo plantea Ariel Ávila, ellos tienen conocimiento de los territorios donde operaron por largos años y podrían desarrollar una buena labor si se les capacita y controla adecuadamente.       

Hay que anotar que algunas de estas propuestas tienen resistencias al interior de los estamentos policiales y militares, las cuales pueden ser superadas si hay voluntad política del ejecutivo. En lo que sí pueden estar completamente de acuerdo los dos estamentos es que no deben entrar exguerrilleros a la Fuerza Pública.  Vale la pena insistir para que el Gobierno y la fuerza pública discutan estas propuestas y públicamente con argumentos de peso las desvirtúen o terminen aceptándolas.

 

No todo es aumento de policías

Hay que anotar que garantizar la seguridad de los ciudadanos en todos los municipios del país y de los territorios dejados por las Farc, no solo se hace con el aumento y presencia efectiva de la policía, existen otras instituciones y mecanismos que contribuyen en ese sentido.

Llama la atención cómo tanto en los diálogos de la Habana, en los acuerdos logrados, en el informe de la Comisión Consultiva para el fortalecimiento de la Policía Nacional, el trabajo de Ariel Ávila y los documentos recientes de la Policía los alcaldes y gobernadores apenas fueron nombrados, sin ser tenidos en cuenta como actores fundamentales para gestionar y mejorar la seguridad de los ciudadanos en sus territorios, como lo ordena la Constitución y las leyes. Hoy todavía están invisibilizados los mandatarios locales y deben ser actores centrales de la seguridad ciudadana y del cumplimiento de los acuerdos, porque es en sus territorios donde se tienen los problemas, se ejecutarán las acciones y además cuentan con instituciones e instrumentos para mejorar la seguridad y la convivencia de los ciudadanos a través de planes integrales.   

Por otro lado, con la derogatoria de algunos artículos del nuevo Código de Policía por parte de la Corte Constitucional –aunque con efectos que no son inmediatos y da un plazo de dos años para que los ajustes se den con una ley estatutaria y no por una ley ordinaria –, se abrió una posibilidad de ajustar de mejor manera temas como:

  • El derecho a reunión y a las manifestaciones públicas
  • El traslado de los ciudadanos que deambulen en estado alterado de consciencia por enfermedad mental, consumo de alcohol o drogas, o participen en riñas, que pueden ser llevados a un hospital o sitios adecuados que determinen las alcaldías. Aquí cabe el tema de habitantes de calle en la medida en que se de en las mismas condiciones que se les imponen a los demás ciudadanos y no sea discriminatorio.
  • El ingreso a las viviendas sin una orden previa de un juez en casos de “imperiosa necesidad”. La Corte ordenó que, si se toma esa medida, debe haber una revisión posterior de un juez que determine la legalidad del proceso.
  • En el desalojo de vendedores ambulantes. La Corte mantuvo esa posibilidad, pero la condicionó a que se respete la confianza legítima de quienes sean sujetos de especial protección, y de las personas que ya tengan un permiso para trabajar en determinadas zonas. 

Como bien lo asegura Comisión Consultiva para el fortalecimiento de la Policía Nacional “el país atraviesa por dos momentos claves, que deben ser afrontados por la Policía (mejor, por las autoridades de policía): el proceso de paz, el escenario de posconflicto y la aplicación del Código de Policía que actualiza las normas de convivencia entre los ciudadanos y añade, que es clave incrementar la relación de los uniformados con la comunidad, al considerar que gran parte “del éxito de su labor se basa en la confianza que se logre construir con la ciudadanía”.

Finalmente, está la propuesta de sacar la Policía del Ministerio de Defensa, pero se requiere más tiempo para madurarla y debe ser en el marco de la discusión sobre la gestión integral de la política de convivencia y seguridad ciudadana, que está por elaborarse.