Paz en construcción: lecciones del proceso colombiano

Discuto dos lecciones fundamentales del proceso de paz colombiano: 1) No todo lo que sirve para la negociación sirve para la refrendación y la implementación de unos acuerdos de paz y 2) el lado amargo del principio “de los colombianos para los colombianos”

Angelika Rettberg
Angelika Rettberg
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14 de Noviembre de 2016

Colombia transitó, en menos de un año, del cese de fuego unilateral de las FARC al cese al fuego bilateral (23 de junio), a un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC (26 de septiembre), a la victoria del “no” en el plebiscito del 2 de octubre, y a un nuevo acuerdo el 12 de noviembre.

En este periodo de tiempo, Colombia se convirtió en el caso de éxito que el mundo esperaba y, luego, en símbolo de las dificultades que enfrentan los países que buscan transitar hacia una paz duradera. A la luz de estos cambios vertiginosos, conviene discutir algunas lecciones aprendidas del pasado reciente. Estas deberán ser útiles tanto para quienes intentan comprender la situación específica de Colombia como para quienes estudian las transiciones de conflicto armado a una paz estable en cualquier parte del mundo.

 

No todo lo que sirve para la negociación sirve para la refrendación y la implementación de unos acuerdos de paz

El proceso de paz que llevó a la firma de un acuerdo el 26 de septiembre de 2016, liderado por el gobierno nacional con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha sido reconocido ampliamente por la calidad de su diseño.

Claramente se aprendieron y aplicaron las lecciones de procesos anteriores, en los que se había llegado a la mesa sin agenda definida, sin reglas para comunicar avances y sin roles claros para los garantes internacionales. Si hay un punto en el que hay consenso entre críticos y defensores del proceso de negociaciones ha sido la seriedad y el profesionalismo con el que los equipos negociadores de ambas partes se tomaron este proceso, el cuidado que prestaron a los detalles y la visión estratégica.

Sin embargo, poco de aquello pareció haber sido aplicado al proceso de refrendación al que se comprometió el gobierno. La campaña por el “sí” no tuvo un norte claro ni representantes convincentes y carismáticos con capacidad de contrarrestar—en corto tiempo—los temores y la desconfianza que gobierno y FARC despiertan en un alto porcentaje de los colombianos.

La labor destacable de Humberto de la Calle fue importante pero insuficiente para detener la cascada de críticas—atinadas y no—que llovieron sobre el acuerdo “mejor posible” y que explican el elevado número de personas que lo rechazaron en el plebiscito y nos devolvieron momentáneamente al “nada está acordado”.

De igual manera, parecía no haber claridad sobre el proceso de implementación que seguiría a la esperada victoria del “sí”. La ONU tenía un plan avanzado para el proceso de desmovilización y desarme. Varios proyectos de ley habían sido elaborados por los ministerios del Estado colombiano para su trámite fast track en el Congreso.

Sin embargo, la división de tareas, las competencias particulares y las instancias de coordinación, consulta y definición entre Ministerio de Posconflicto, otros ministerios, Policía Nacional, entidades territoriales, cooperantes, FARC desmovilizadas y organizaciones de la sociedad civil no aparecía clara. Más allá de una avalancha de leyes y nuevas entidades y oficinas, faltaba un mensaje claro sobre la forma que tomaría la gobernanza del posacuerdo. Aún en este momento, alcanzado ya un nuevo acuerdo, aún son inciertos los próximos pasos hacia la aprobación y la implementación.

En breve, la experiencia colombiana mostró claramente las diferentes necesidades de cada fase de un proceso de construcción de paz y de los obstáculos—posiblemente insalvables—de lograr que los aciertos procedimentales y sustanciales del proceso de negociación se trasladen a las fases subsiguientes, que requieren habilidades políticas, estratégicas y comunicativas fundamentalmente distintas y que implican un rango mucho más amplio de actores.

El reciente proceso de ajustes al acuerdo rechazado en el plebiscito así lo ilustra, pues mostró las demandas de la variopinta oposición nacional así como el igualmente diverso grupo de apoyos locales. Confluyeron ahí élites nuevas y tradicionales, cálculos electorales, principios morales y religiosos, sectores productivos, partidos políticos y jóvenes entusiastas.

Es importante recordar que, al fin y al cabo, la paz es una política pública. Como cualquier otra política pública, genera ganadores y perdedores a la hora de ser traducida en recursos y planes concretos. Requiere que se conformen alianzas con miras a la implementación, estrategias de comunicación y persuasión adecuadas, y que se prioricen estrategias y se mantenga la voluntad de alcanzar compromisos. Si la negociación de un acuerdo es sido difícil, la etapa posterior, en la que participan muchos más actores con intereses diversos, será distinta pero compleja también.

 

El lado amargo del principio “de los colombianos para los colombianos”

Una máxima del mundo de la construcción de paz es que las sociedades transicionales deben apropiarse de sus procesos de paz, para sentirse comprometidas (la literatura especializada se refiere a esto como local ownership). Sólo así, reza la literatura, se generará la legitimidad y el anclaje institucional necesarios para lograr el respaldo necesario a los costos que implica la implementación y la sostenibilidad de los cambios. Frecuentemente, se ha hecho alusión a países en los que un actor externo asume los costos de la negociación y de la implementación, impidiendo la apropiación de la paz por la sociedad afectada y generando una moratoria en la ejecución de lo acordado.

El ejemplo clásico es Guatemala, donde la ONU y un conjunto de países amigos promovieron y orientaron las negociaciones de paz y asumieron también gran parte del proceso de implementación, así como la responsabilidad de generar los recursos necesarios. Sin embargo, muchos guatemaltecos hasta hoy, veinte años más tarde, no sienten ese proceso como algo propio, sino como algo impuesto desde afuera.

Para contrarrestar el riesgo de que actores externos imprimieran agendas o compromisos no deseables a los acuerdos de paz, y para declarar firmemente la soberanía del Estado y la sociedad colombiana sobre el proceso de paz, gobierno, negociadores y múltiples organizaciones enfatizaron que este proceso sería “de los colombianos para los colombianos”.

Así se defendió también desde Presidencia la necesidad del plebiscito, como instancia en la que el pueblo colombiano tendría la última palabra.

Evidentemente, no esperaba el gobierno que esa palabra sería “no”. Más de seis millones de colombianos rechazaron, con toda suerte de argumentos, aquello que el gobierno había sometido a su evaluación.

No cabe entrar en debates sobre la calidad del ejercicio democrático que se realizó, ni caer en simplismos como que los del “sí” éramos todos unos castrochavistas vendidos al gobierno o los del “no” una horda de ignorantes enceguecidos por líderes fanáticos y recalcitrantes.

El asunto es que, con el resultado del plebiscito, Colombia le dio un matiz particular al principio del local ownership. Mostró cómo el sentimiento de pertenencia puede obrar en direcciones inesperadas. Paradójicamente, someter el acuerdo a la voluntad popular no redundó en el florecer de un sentimiento de responsabilidad colectiva sino en la apropiación del derecho democrático a rechazarlos. Y plantea la pregunta poderosa no de si involucrar a la población en estos asuntos, sino cómo hacerlo de la manera más constructiva posible.

El plebiscito mostró en qué tipo de sociedad se van a desmovilizar los miles de guerrilleros que aún esperan su tiquete a la civilidad.

Es una sociedad en la que coinciden (incluso conviven) personas que votaron “sí” y personas que votaron “no” con un montón de personas—muchas más que los primeros juntos—a los que el conflicto armado y su solución hace rato no les importa (porque no creen que haya solución o porque no sienten sus efectos gracias a los logros sostenidos en materia de seguridad y desempeño económico de los últimos años).

Quizás es ese el riesgo que debería ocuparnos hoy: lo que sea que resulte del proceso de renegociación y del nuevo acuerdo habrá que implementarlo en un país en el que hay una alta probabilidad de que la paz rápidamente desaparezca del radar de las prioridades del debate público y que por ello no se generen incentivos suficientes para cuidar su implementación y la gobernanza de la misma, con todos las implicaciones negativas que esto en el mediano plazo tendría.

Otros problemas como la continua actividad de organizaciones criminales en torno a economías ilícitas (como el narcotráfico y la minería ilegal de oro) generarán focos de zozobra y violencia y asuntos políticos, como las próximas elecciones presidenciales, la situación de Venezuela, la relación bilateral con Estados Unidos, coparán la atención.

En ese contexto, superar los legados del conflicto armado y atender las necesidades de las víctimas y de los grupos desmovilizados podrá convertirse en una preocupación secundaria. Sin el sentido de urgencia que le imprime la necesidad de llegar a un acuerdo con las guerrillas, “de los colombianos para los colombianos” podrá pronto significar simplemente que una minoría decreciente abogará por la implementación de los acuerdos y por el monitoreo del progreso.

 

Sal en la herida: Lecciones de nuestras propias investigaciones

Si algo marcó los días después del plebiscito fue un desconcierto colectivo, sobre todo en los círculos académicos. Al desconcierto se sumó un proceso profundo y doloroso de revisión de las prácticas investigativas.

¿Por qué confiamos tanto en los resultados de las encuestas, en vez de analizar si estaban bien diseñadas las muestras? ¿Por qué no estudiamos mejor aquellos sectores de la población más claramente afectados o privilegiados por los eventuales acuerdos, para derivar de ahí una mejor comprensión del “sí” y del “no”? ¿Por qué no prestamos más atención a los hallazgos de nuestras propias investigaciones, que hace años nos mostraban que los colombianos mayoritariamente querían cárcel y castigos severos para los terroristas? ¿Que sería difícil venderles la idea de la “restricción efectiva de la libertad”? ¿Que repudian a las FARC? ¿Y que entienden la reconciliación como el restablecimiento de relaciones sociales en contextos materiales propicios, y no como la oferta vaga de verdad y memoria que lleva desarrollando hace más de diez años el andamiaje de Justicia y Paz?

Como investigadores y académicos nuestro principal desafío de cara al futuro será el de desarrollar mejores herramientas y mejores investigaciones para comprender esta y otras sociedades transicionales.

Y es con esa nota optimista con la que quiero terminar este año 2016, definitivo para el logro de la paz en Colombia: La paz resultante de este proceso será tan buena o tan mala como los colombianos seamos capaces de diseñarla. Entre más y mejor intentemos anticipar los problemas que vendrán, mejor podremos prepararnos para estos desafíos y participar en los procesos necesarios para asumirlos, desde la academia o desde cualquier lugar en la sociedad.