Participación de las víctimas vs celeridad: un falso dilema en la JEP

No es cierto que se deba elegir entre procedimientos rápidos o participativos

Juan Ospina
Juan Ospina
Abogado
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08 de Octubre de 2017

Durante la semana que acaba de terminar las comisiones primeras constitucionales del Congreso de la República debatieron sobre los diversos asuntos incorporados en el proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Uno de estos fue el de participación de las víctimas en el proceso penal, teniendo en cuenta que algunos artículos propuestos limitaban la posibilidad de recurrir las decisiones y otros requerían ser complementados con principios, razonables en leyes de esta naturaleza, que puedan ser determinados en detalle en la ley de procedimiento penal aplicable a esta jurisdicción, la cual debe discutirse con posterioridad. Las limitaciones a la participación se han justificado en la necesidad de adelantar los procesos con celeridad.

El asunto de la participación de las víctimas en la JEP ya había sido discutido por dichas comisiones primeras, en el primer trimestre de este año durante el trámite de aprobación del acto legislativo 1 de 2017, mediante el cual se reformó la constitución para incluir la creación de la JEP y se incluyeron tres elementos esenciales (artículo transitorio 12) sobre la participación de las víctimas en los procedimientos penales que se adelanten en dicha instancia: i) las víctimas tienen la calidad de intervinientes; ii) su intervención será conforme a estándares nacionales e internacionales; y iii) la participación incluye garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso.

Sin embargo, no sorprendieron las declaraciones en contra de la participación de las víctimas, la calidad de intervinientes, los estándares para regularla y las garantías que les corresponden, incluso por parte de congresistas que son víctimas del conflicto, las cuales no parecen responder a un simple olvido de los debates surtidos a comienzos del año sino al contexto político electoral.

De acuerdo con la Corte Constitucional (sentencia C-471 de 2016), la participación de las víctimas en el proceso penal es esencial y se edifica en tres premisas fundamentales: i) el reconocimiento como interviniente para la consecución de los fines del proceso; ii) la clarificación de la víctima como sujeto titular de los derechos a saber la verdad, a que se haga justicia y a ser reparada; y iii) la consideración de las normas que reconocen tales derechos como principios que ordenan la realización, en la mayor medida posible, de los objetos protegidos -verdad, justicia y reparación-.

Igualmente, en dicho pronunciamiento, la Corte señaló que dada la existencia de una obligación constitucional dirigida a reconocer a la víctima la participación en el proceso penal para materializar sus derechos, le corresponde al legislador su cumplimiento a menos que dicho reconocimiento: i) se oponga a una prohibición constitucional expresa; ii) desconozca competencias, facultades o derechos exclusivos de los otros sujetos; o iii) resulte incompatible con la estructura constitucional del proceso penal. Ninguna de estas circunstancias se presenta en la JEP.

Por su parte, el principio de celeridad hace parte del derecho al debido proceso según el cual “toda persona tiene derecho a un debido proceso púbico sin dilaciones injustificadas” y al derecho de acceso a la administración de justicia, que establece que “los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado” entendiendo que la administración de justicia debe actuar con prontitud. Así las cosas, la celeridad como lo ha dicho la Corte Constitucional (C-543 de 2011) “no es un fin en sí misma, sino un mecanismo para garantizar dos derechos fundamentales de suma importancia en el Estado Social de Derecho: el debido proceso y el acceso a la justicia”.

De acuerdo con lo anterior, la celeridad y la participación de las víctimas coexisten por esencia en el proceso penal, sin que exista un dilema, bajo una tendencia maniqueísta propia de nuestra cultura, pues ambos principios son necesarios para la debida administración de justicia y para la garantía de los derechos reconocidos constitucionalmente a las partes e intervinientes.

No obstante, también ha reconocido la jurisprudencia constitucional, que pueden existir tensiones entre la celeridad y la participación de las víctimas pues, por ejemplo, un término judicial breve recorta naturalmente las posibilidades de controversia probatoria o argumentativa (C-371 de 2011), en tal caso, debe tenerse en cuenta que, pueden limitarse tanto la celeridad como la participación con el fin de dar un mayor alcance a intereses públicos legítimos o a otros derechos fundamentales implicados, siempre que i) su núcleo esencial no resulte desconocido, ii) las limitaciones sean razonables y proporcionadas, y iii) no se desconozcan otros derechos fundamentales (C-648 de 2001). 

De esta manera se entiende que, en determinados momentos procesales y frente a una tensión entre los principios de celeridad y de participación de las víctimas, puedan adoptarse medidas que limiten cualquiera de estos, sin afectar su núcleo esencial.

Ahora bien, las tensiones que puedan existir en los procedimientos de la JEP deben ser resueltas en las normas de procedimiento que, una vez aprobadas por los magistrados de esta jurisdicción y presentadas al Gobierno, deben surtir su trámite en el congreso como ley ordinaria. En ese momento será importante, como lo es ahora, reconocer que las tensiones han sido acotadas con los elementos esenciales de participación incorporados en el acto legislativo 1 y los principios, que no sean contrarios a estos, incorporados en el proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Si las víctimas están en el centro del acuerdo, como se establece en varios apartes del punto 5 del mismo y ha sido repetido en diversos foros, no será difícil concluir que su implementación debe responder adecuadamente a las necesidades de las víctimas de contar con procesos judiciales agiles y, a la vez, participativos.