Los efectos prácticos de los acuerdos de la Habana

Refundar el Estado colombiano a través de la creación de una nueva Constitución Política trae consecuencias mucho más prácticas y sensibles de lo que el pasante corriente cree. La huelga de Avianca es uno de ellos.

Rodrigo Pombo
Rodrigo Pombo
Abogado
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08 de Noviembre de 2017

La nueva Constitución Política colombiana, esa que surge del bloque de constitucionalidad de la Habana; esa que se originó en el robo antidemocrático del 2 de octubre del año 16; esa que según las partes (gobierno Santos y Farc) hace parte de un tratado internacional “especial”, prevé una curiosa figura y la eleva como derecho fundamental a rango constitucional. Se prohíbe, dice el acuerdo, “la estigmatización de la protesta”.

Nadie sabe qué significa ni qué alcance tiene ese concepto, por eso serán los jueces (cualquiera de los que cuenta nuestra república) los que asienten esa nobilísima expresión.

Por lo pronto se me ocurre decir que lo que están haciendo con el sindicato de pilotos de Avianca constituye una típica “estigmatización de la protesta social”, mucho más cuanto que el paro por ellos promovido ha sido pacífico y libre de actos subversivos.

Sobra advertir que yo estoy totalmente en desacuerdo con ese paro, con sus móviles y motivos y con los enormes perjuicios que ha traído. Pero en gracia de la igualdad y de la legalidad, lo cierto es que las afirmaciones del señor Efromovich (quien en justicia tiene toda la razón) hacen parte de eso que en La Habana dieron por llamar “la estigmatización de la protesta”.

Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y cuantos jueces se han pronunciado hasta el momento han pasado por alto la literalidad y la claridad de los Acuerdos que, recordemos, hacen parte de nuestra Carta Magna.

El Constituyente de 1991 fue burlado cuando trató de limitar la protesta y la huelga a toda actividad que involucrase servicios públicos esenciales bajo el entendido que la manifestación / paralización era peor que la enfermedad y que al servicio público se le debe respetar la continuidad y la eficacia en su prestación.

La justicia, las cárceles, la salud y la educación no pueden ser más públicos y más esenciales. Sin embargo, sobre ellos han recaído incesantes huelgas y paros y protestas y la justicia se ha encargado de declararlas “ajustadas a derecho”. Ahora, con el vago argumento según el cual el paro de pilotos afecta un servicio público esencial les ha dado por declararla “ilegal”, con todo lo que ello implica.

Pues bien, no solamente se ha desconocido el precedente jurisprudencial en materia de paros y protestas, sino que se ha desconocido la nueva regla constitucional que prohíbe, incluso, su estigmatización, como lo han hecho políticos, líderes de opinión, empresarios, gobierno y hasta el mismo Dr. Efromovich.

Total, les gustaron los acuerdos para robarse unas elecciones, pero no les gusta a la hora de aplicarlos.