Las armas de fuego en Estados Unidos también son nuestro problema

Cada vez que un Estado da un permiso o entrega un arma a un ciudadano está legalizando la pena de muerte en manos de los particulares y eso debe generar una responsabilidad legal.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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08 de Noviembre de 2017

Ante cada una de las masacres con armas de fuego que suceden en Estados Unidos, los presidentes de los demás países de las Américas y personas políticamente influyentes lamentan públicamente los hechos y se solidarizan con las víctimas, los familiares y con el gobierno de ese país, asumiendo una actitud como si el problema de acceso fácil e indiscriminado a armas de fuego en Estados Unidos no afectara a los países de la región de manera cotidiana, a través de la violencia y la delincuencia que se ejerce en las calles con armas adquiridas legal e ilegalmente en ese país.

Además de la declaración de solidaridad, los gobiernos, en especial de América Latina, deberían demandar mayores controles al mercado legal de armas en los Estados Unidos, el cual abastece de manera ilegal a las distintas organizaciones criminales que ejercen violencia y delincuencia, a través del contrabando, desde la frontera con México, pasando por los países Centroamericanos y llegando a algunos países de Suramérica.

Si se quiere reducir la violencia y la delincuencia, tanto en Estados Unidos como en los demás países, hay que rechazar que los ciudadanos comunes y corrientes tengan acceso a las armas de fuego y demandar que sean solo las instituciones legítimamente constituidas las únicas que puedan utilizarlas en el marco del Estado de Derecho, es decir respetando los derechos humanos y como último recurso de uso legítimo de la fuerza.

Es legítimo que los Estados comercialicen y adquieran armas para fortalecer los organismos de seguridad para que puedan cumplir con su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a las actividades del crimen común y organizado. Pero se debe rechazar que los países productores vendan y entreguen armas sin tener registros detallados, con códigos de identificación y sin saber a quiénes se les venden armas que luego terminan en las manos de los narcotraficantes, de los ejércitos mafiosos y de los ciudadanos, armas de última generación que no tienen las policías y fuerzas de seguridad y justicia que combaten a los criminales, quienes están mejor equipados.

Las víctimas de armas de fuego ligeras deberían ser indemnizadas por las empresas productoras de las armas que fueron utilizadas para cometer masacres, por el Estado que permitió que un loco las tuviera y por los funcionarios que autorizaron la tenencia o el porte de esas armas, porque cada vez que un Estado da un permiso o entrega un arma a un ciudadano está legalizando la pena de muerte en manos de los particulares y eso debe generar una responsabilidad legal.

Según las cifras de violencia homicida en las Américas, más del 70 por ciento de los homicidios son cometidos con armas de fuego y en poco tiempo el porcentaje podría ser mayor, sin que existan verdaderos procesos de control y restricción de las armas legales e ilegales en manos de los particulares.

En Estados Unidos y en algunos países de América Latina prevalece más el interés de los productores de armas, que el derecho que tienen los ciudadanos a tener seguridad y a que se les respete su vida e integridad.

Según Isabella di Carlo, que se dedicó a compilar información sobre las armas de fuego (Armas bajo control : cifras), el valor de las exportaciones autorizadas de armas al año es de 21.000 millones de dólares; hay 639 millones de armas ligeras en el mundo, una por cada 10 personas; cada año se fabrican 8 millones de armas y 16.000 millones de municiones, más de dos balas por cada hombre, mujer y niño del planeta.

Casi el 60 por ciento de las armas ligeras está en manos de civiles; cada año más de 500.000 personas mueren por el disparo de un arma convencional, una persona por minuto; en los conflictos armados se viola a mujeres y niñas a punta de pistola : 15.700 en Ruanda, 25.000 en Croacia y Bosnia, cifras más o menos parecidas en Colombia.

Cada año, los países de África, Asia, Oriente Medio y América Latina invierten un promedio de 22.000 millones de dólares en armas (la mitad de esta suma permitiría que todos los niños y niñas de estas regiones recibieran educación primaria); son los gobiernos más poderosos del mundo -que también son los principales proveedores de armas- los que tienen la mayor responsabilidad a la hora de controlar el comercio de armas; los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU -Francia, Rusia, China, el Reino Unido y EE UU- son responsables, en su conjunto, del 88 por ciento de las exportaciones mundiales de armas convencionales.

Datos y más datos que solo nos demuestran que si no se busca el desarme de los ciudadanos una bala nos espera a la vuelta de la esquina, disparada por un delincuente o por un “ciudadano de bien”, al final ciudadanos “bien armados” que tienen más poder que el común de los mortales.

Finalmente, hay que anotar que los mercados de armas y de drogas están correlacionados y en este campo. Colombia tiene la obligación de controlar los cultivos de coca, localizar y destruir los laboratorios, decomisar mayor cantidad de droga y detener, condenar o extraditar a los narcotraficantes y en un acto de corresponsabilidad.

Los Estados Unidos tienen la obligación de controlar la venta indiscriminada de armas de fuego que abastece a los ejércitos del narcotráfico. Se puede asegurar que mueren más colombianos con armas producidas en ese país, que ciudadanos norteamericanos con droga producida en Colombia. Por esto se requiere trabajo corresponsable entre los dos países para atacar estos mercados criminales productores de violencia y dolor.