La judicialización de la paz en Colombia

Un líder de las Farc acaba de solicitar a la Corte Constitucional la nulidad de la sentencia C-332/ 2017 (“Fast- Track”). Un actor del conflicto armado usa herramientas jurídicas para desafiar una decisión judicial: un modo de hacer "dejación de las armas".Un claro reflejo del tono judicial de buena parte del proceso de paz y de otras experiencias previas.

Mario Alberto Cajas Sarria
Mario Alberto Cajas Sarria
Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, Cali.
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11 de Junio de 2017

La semana pasada sorprendían a la opinión pública con una noticia que parecía un poco inusual: uno de los comandantes de las Farc, en un escrito firmado por dos abogados, le solicitó a la Corte Constitucionalidad la nulidad de la controvertida sentencia C-332 del 17 de mayo de 2017. Es decir, le pidió a la Sala Plena del tribunal anular su propia decisión que le impuso límites al “Fast Track” (acto legislativo 01 de 2016), que establece un procedimiento especial para la aprobación de reformas constitucionales, leyes y decretos para la implementación de los acuerdos firmados entre el gobierno y las Farc (cabe anotar que hasta ahora solo se conoce el del fallo). Según la información que se difundió, dentro de los fundamentos de la se menciona el presunto impedimento de uno de los magistrados que suscribió la sentencia.

El debate que produjo el fallo de mayo pasado, así como la reciente e inesperada intervención ciudadana refleja el tono judicial de buena parte del proceso de paz con las Farc, así como de otras coyunturas de transición política en la historia colombiana. En efecto, es innegable que tanto las negociaciones con las Farc como los acuerdos de paz y el proceso de implementación de los mismos han estado signados por el protagonismo judicial, en particular de la Corte Constitucional. Recordemos que ya desde el año 2013 en la sentencia C-579 el tribunal condicionó el “marco jurídico para la paz” (Acto legislativo 01 de 2012): las Farc rechazaron la reforma y el fallo porque consideraron que no propiciaba la negociación. Después, en la sentencia C-577 de 2014 la Corte se pronunció de nuevo sobre la reforma del 2012, respaldando la prohibición de participación en política y no elegibilidad a cargos públicos a quienes se hallare responsables de la comisión sistemática de crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Más adelante, con la firma de los acuerdos de paz en La Habana, las Farc renunciaron a la petición casi inamovible de llevar la refrendación a una asamblea Constituyente. Como alternativa de refrendación surgió el plebiscito, que en un principio tenía rostros de referendo. De nuevo la Corte intervino con la sentencia C- 379 de 2016 y precisó que el plebiscito tenía efectos políticos pero no jurídicos, que por ejemplo no podía reformar la Constitución y que los resultados solo vinculaban al Presidente de la República. Después vino la derrota del SI en el plebiscito del 2 de octubre de 2016: el acuerdo de paz parecía bloqueado jurídica y políticamente, mientras que el país se polarizaba sin precedentes en al menos los últimos cincuenta años. Entonces, para desbloquear el proceso, el gobierno apeló al Congreso, que finalmente ratificó los acuerdos. La Corte Constitucional volvió a la escena con la sentencia C-699 del 13 diciembre de 2016, declaró constitucional el acto legislativo 01 de 2016 (Fast Track), convalidando además la ratificación por el Congreso y poniendo punto final a las disputas jurídicas sobre los alcances de la derrota plebiscitaria.

Hasta ahí, con todas las críticas y las polémicas desatadas por cada fallo de la Corte Constitucional, parecía que el debate no se centraba en la idoneidad o la neutralidad de la corporación en la “judicialización” de la paz. No obstante, la tormenta perfecta parece que empieza a tomar cuerpo hacia finales del 2016, cuando en plena época preelectoral inicia la renovación de más de la mitad de los magistrados del tribunal. Primero, un poco a cuenta gotas con la elección por el Senado de un magistrado de la terna propuesta por el Consejo de Estado, quien por cierto había sido asesor del gobierno en el proceso de paz. Después, con la elección de dos magistrados más de ternas del presidente Santos, y luego con la de otra magistrada cercana al gobierno de terna propuesta por la Corte Suprema de Justicia, quedando pendiente otra vacante que deberá llenarse en breve. En suma, una renovación que define el perfil de un tribunal cuyo papel en la trayectoria del proceso de paz ha sido y será fundamental.

Tal vez todo esto en parte explicaría el tsunami que se produjo tras el fallo de mayo pasado que limitó el Fast-Track, cuando numerosas voces criticaron el papel que habría jugado un magistrado ternado por el presidente Santos, mientras que pocos hicieron el ejercicio de analizar la doctrina constitucional que deja ver la Corte Constitucional en su comunicado. Un tribunal constitucional “reconformado” en época preelectoral, más un gobierno interesado en sacar adelante un proceso de paz que polariza al país y que además cuenta con mayorías en el elector de la Corte, que es el Senado, parece agregarle todos los nubarrones posibles a las actuaciones de la corporación judicial. No parece, pues, un ambiente propicio para una paz que ha estado judicializada desde el inicio, lo cual debe llevarnos también a debates ulteriores a la actual coyuntura: ¿Es necesario modificar el diseño institucional de la elección de magistrados de la Corte Constitucional? ¿El sistema actual da garantías a las fuerzas políticas y a la ciudadanía? ¿Habría mejores diseños que el actual? Al menos desde 1991 no parece que nos hayamos tomado en serio ese tipo de preguntas. Tal vez la jurisprudencia progresista y valiente del tribunal ha contribuido a que estos asuntos estén en un segundo plano.

Regresando a la historia, la judicialización de la paz en las transiciones políticas tampoco es nueva en el país. Si hacemos un poco de memoria, los pactos de paz entre liberales y conservadores que condujeron a que la Junta Militar de Gobierno convocara al Plebiscito de 1957 también tuvieron una intervención judicial poco comentada, más bien discreta. La Corte Suprema de Justicia de la época tuvo la posibilidad de declarar inconstitucionales los decretos y con ello bloquear el plebiscito, pero no lo hizo al parecer en un fallo “consecuencialista”, pues faltando 4 días para la votación prefirió declararse inhibida para fallar, aunque con el voto disidente de 9 de los 19 magistrados. Tres décadas después, dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia del año 1990 también serían fundamentales para concretar el pacto de paz que suponía el proceso constituyente de 1991. De manera contemporánea, antes de los fallos sobre el proceso con las Farc, la Corte Constitucional también fue un actor clave para la configuración del marco jurídico de Justicia y Paz que se construyó a propósito de la desmovilización de los grupos paramilitares (por ejemplo con la sentencia C-370 de 2006).

De vuelta a la solicitud de nulidad de las Farc a la sentencia reciente de la Corte Constitucional sobre el “Fast Track, este episodio nos recuerda que este proceso de paz, como otros previos, se disputan en las arenas políticas y las jurídicas; que la paz se ha judicializado. Todavía quedan decenas de oportunidades en las que el tribunal tendrá que intervenir para ejercer el control sobre la normatividad que implementa lo acuerdos de paz. Todos esos serán momentos para evaluar sus posturas doctrinales: la comunidad interpretativa de juristas va a estar atenta, como también lo harán las fuerzas políticas y la opinión pública, favorables o desfavorables a la paz; todos serán jueces implacables de la Corte. Cuando esto pase sabremos si tendremos una justicia constitucional fortalecida, o debilitada, o tal vez un escenario de reforma. Es necesario garantizar que el tribunal decida con independencia, pero sin olvidar que los jueces son actores políticos, que actúan restringidos por los materiales jurídicos, es decir sin perder de vista la autonomía relativa del derecho de la política.

Pero más allá de los debates sobre el papel de la Corte en la paz, sin duda lo más valioso de esta coyuntura es ver a un actor del conflicto que ahora usa las herramientas jurídicas para desafiar una decisión judicial dentro del marco constitucional: ese también es un modo de hacer "dejación de las armas"; quizás esa sea una ventaja de la judicialización de la paz en Colombia.