La Cantaleta

Como cada año los Estados Unidos asustan a Colombia con su dato de cultivos de coca y producción de cocaína. El Gobierno de turno se apresura a dar declaraciones y los opinadores recurren a expedientes que ya se han ensayado en el país con poco éxito. Mientras tanto nuevos abordajes del mercado de drogas deberían emprenderse desde la perspectiva de derechos humanos. 

Pedro Arenas
Pedro Arenas
Promotor de derechos y de una política de drogas nueva que atienda a los seres humanos en salud y desarrollo.
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16 de Marzo de 2017

A Colombia de nada le sirve asustarse cada año por los datos y regaños de los gringos.

 

La Oficina de Drogas de la Casa Blanca ha dado a conocer el dato al que ya nos tiene acostumbrados en Marzo de cada año. Precedido de una visita del zar de drogas de los Estados Unidos, William Brownsfield a Bogotá, el número de hectáreas de la medición gringa nuevamente causa revuelo. El Ministro de Defensa Luis Villegas se apresuró a filtrarlo a la prensa para calmar las aguas diciendo que aunque esta es una cifra histórica no es grave pero sí representa un desafío para Colombia. Más allá de los reflectores de los medios hay que ver varios elementos alrededor de esta noticia.

En primer lugar debe recordarse que las 188.000 hectáreas de coca de 2016, representan un poco más de 1.000 hectáreas de diferencia con la misma medición del año 2001, fecha para la cual USA promovió por pedido de la élite colombiana de la época el inicio del Plan Colombia, que consistió en un paquete de medidas económicas y políticas a cambio de unos dólares que a la postre resultaron siendo apenas el 10% de todo lo gastado en dicho Plan, lo demás fue puesto por los contribuyentes nacionales. Lo interesante es que 15 años después de un gigantesco gasto en guerra, la cantidad de hectáreas sigue intacta. 

Aunque la cifra aludida mantiene la tendencia al alza que viene desde 2012, hay una desaceleración en dicho crecimiento. Según el mismo reporte del Gobierno norteamericano se observa que entre 2013 y 2014, el aumento fue del 39%, entre 2014 y 2015 fue del 42% y para 2016 es del 18%. Esto podría empezar a desvirtuar los argumentos de quienes vienen señalando al proceso de paz con las FARC EP como responsable de más siembras. De paso le abre espacio a la nueva visión que contienen los acuerdos de paz con esa organización.

Otro aspecto a considerar es que el dato sobre Colombia no puede verse aislado de Bolivia y Perú. Desde los años 80s estos tres países son sede de la producción de coca para cocaína y abastecen el mercado global sin dificultades a pesar de que hay matices entre ellos. La disminución de cultivos de un país se refleja en un aumento en otro. Hace cuatro años Perú tuvo más cultivos que Colombia, pero ahora las reducciones de Bolivia y Perú hacen que Colombia tenga más extensión sembrada. Y esto se debe a que el mercado global se mantiene y tiende a crecer.

La ilegalidad y la prohibición han hecho que el mercado de drogas sea muy rentable para quienes comercian con ellas. Las exageradas rentas logradas por los traficantes permiten corromper aduanas, policías, grupos armados de cualquier espectro ideológico y políticos. Y a pesar de que Estados Unidos sigue como el primer consumidor, los intermediarios se han abierto nuevos mercados más allá de Europa. Brasil, Sur y centro américa, México, África, Asia y Oceanía son destino de la cocaína. Los países que antes fueron solo de tránsito ahora son también consumidores. La cocaína es demandada y los productos agrícolas legales de economía campesina no cuentan con esa ventaja.

Seguir enfocándose en los cultivos y las poblaciones que los cultivan es errado si se hace desde políticas de seguridad, defensa y justicia. Poner el foco sobre el mercado podría ser más interesante. Pero de ello poco hablan los reportes de los Estados Unidos. Por el contrario, ese país presionó para que se liberalizara la economía colombiana desde principios de los años 90s, para desproteger la agricultura nacional y eliminar la institucionalidad que protegía y asistía al campo. Desde 2012, el Tratado de Libre Comercio de Colombia con US ha causado impactos negativos en la producción interna de alimentos, siendo los pequeños propietarios, los campesinos y los indígenas los más afectados. Igual ocurrió en México país que ahora es gran productor de amapola y marihuana.

Como en 2007, otra vez los discursos y titulares de prensa sugieren que la cifra es una vergüenza nacional y que el país está al borde del colapso. Ahora señalan que el proceso de paz estaría en riesgo ante la continuidad “de los cultivos” y unos poquitos aluden al narcotráfico. En aquel año, los cultivos habían crecido aunque se utilizaban más que nunca las fumigaciones. Ya no hay lugar a aplicar aspersiones bajo el supuesto de que con ellas se reducen las hectáreas. Y tampoco a pedir más mano dura porque el reciente reporte del Centro de Estudios Drogas y Derecho CEDD registró un aumento de la judicialización, criminalización y encarcelamiento en América Latina por delitos de drogas. Colombia no es la excepción. Más del 200% creció la población privada de libertad por este tipo de delitos llegando casi al 30% del total de presos del país.

Por ello para qué asustarse y reclamar de inmediato que se haga lo que ya se ha hecho sin éxito. Dejar la cantaleta y dedicarse a trabajar en la implementación de lo acordado sacando el debate de donde siempre lo han puesto en función de los intereses de quienes promueven más guerra a las drogas. Poner el énfasis en desarrollo rural integral, haciendo algo más que anuncios podría ser el comienzo.