Justicia: un largo camino por recorrer

La Jurisdicción Especial para la Paz, genera inquietudes y preocupaciones que son absolutamente válidas. La decisión está en manos del legislativo.  

César Castaño
César Castaño
Capitán (RA) Ejército Nacional.
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20 de Febrero de 2017

Hace tres años tuve la oportunidad de dialogar con el profesor Iván Orozco Abad abogado experto en derechos humanos y derechos de las víctimas, con una aproximación jurídica creativa ampliamente reconocida en el mundo académico

El tema a tratar era la justicia transicional y en particular su aplicación sobre agentes del Estado un término que, pese a tener una connotación muy amplia, históricamente se ha reducido al señalamiento de responsabilidades sobre militares y policías.  

El profesor Orozco abrió la conversación con una frase que apuntaba a mis preocupaciones: “En contextos de guerra larga y degradada, de transición hacia la paz, no resulta razonable que se centren las miradas responsabilizantes exclusivamente en el Estado, ni tampoco que se exija para sus agentes de forma automática una responsabilidad mayor. Hacer del Estado el único gran sifón por donde corre toda la suciedad de la guerra resulta equivocado”.

Y agregó: “Lo que dicen los grandes estudios comparados disponibles, a pesar del empecinamiento de muchos punitivistas humanitarios, es que debe haber distinción entre las transiciones desde la dictadura y las transiciones desde la guerra".  En el caso de Colombia – como apunta el destacado profesor Jean Carlo Mejía – desde un conflicto armado no internacional y no desde la perspectiva de una guerra civil, como lo han querido señalar algunos tratadistas.

Orozco Abad hizo especial énfasis al afirmar que: “Decir que el antónimo de la guerra es la justicia y no la paz es desconocer la realidad, tratar las guerras como si fueran procesos dobles de victimización vertical y tratar las transiciones desde la guerra como si fueran transiciones desde la dictadura, es un error que ha hecho carrera importante entre importantes sectores de la judicatura y del movimiento de derechos humanos”.

Estas valiosas reflexiones sumadas a tantas otras recogidas, por espacio de cuatro años,  me fueron de utilidad para explicar en no menos de un centenar de conferencias sobre el proceso la diferencia entre justicia retributiva y restaurativa, pero además la utilidad de la segunda si de resolver conflictos se trata.

Sin embargo a estas alturas del debate, las inquietudes no son sobre aquellas particularidades pues estas son hoy comprendidas por muchos a fuerza de ser explicadas y discutidas en espacios académicos, pero también por haber sido ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

Valga el ejemplo los militares internos en centros de reclusión, quienes conocen y estudian estos temas a profundidad. Muchos de ellos han adelantado estudios superiores, con las debidas autorizaciones, ampliando su posibilidad de comprensión sobre aspectos que entrañan dificultad por su alto nivel técnico – jurídico.

Igual sucede en la reserva activa donde muchos militares y policías se han convertido en verdaderos expertos. Un ejemplo de ello es Acore y la Mesa de Trabajo Permanente (integrada por 18 asociaciones de retirados), quienes han dedicado largas jornadas al estudio de cada tema, desarrollando foros, conversatorios y talleres con invitados nacionales y extranjeros. 

Por ello es válido todo aquello que relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz, despierte inquietudes y genere reflexiones que al final alimentarán la discusión en el legislativo.

Vale la pena entonces, recordar algunas de ellas:

 

  1. Nuestra Constitución Política, señala en el artículo 1º  “que Colombia es un Estado de Derecho, organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía”, significa lo anterior, que atendiendo a la tradición democrática de nuestras dos últimas constituciones políticas y siguiendo el modelo de la Declaración de los Derechos del Hombre, en los cuales se recalcó el principio de legalidad previa, no puede aplicarse en Colombia normas como la costumbre internacional; ya que nunca han tenido aplicación generalizada en nuestro país, siendo nuestro derecho penal escrito y estricto.

  1. El Estatuto de Roma reconoce que el juzgamiento por conductas constitutivas de crímenes internacionales corresponde en primer orden a las autoridades judiciales de los Estados Partes, con aplicación de las propias leyes internas (arts.17, 80, 88 del Estatuto de Roma).

  1. Si bien es cierto estamos obligados a tener en cuenta los tratados internacionales ratificados por Colombia, los cuales hacen parte de la legislación interna, se debe precisar que el “Estatuto de Roma” es residual y su artículo 28 igualmente; el cual habría de aplicarse cuando la justicia colombiana no actué. Así mismo el Control Efectivo, en consonancia con el Código Penal y las reglas operacionales de la Fuerza Pública (jurisdicción).

  1. Colombia no es ajena a sus compromisos internacionales, teniendo como referente la suscripción y aprobación del Pacto de Roma, como lo contempla el inciso final del artículo 93 de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2002, art. 1º: “La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él…” haciendo parte del bloque de constitucionalidad los artículos 6, 7, 8, 20, 19.3, 65.4; 68, 75 y 82. 4 del Pacto de Roma, no incluyendo el artículo 28 del Pacto de Roma.

  1. El artículo 80 señala con claridad meridiana: “Nada de lo dispuesto en la presente parte se entenderá en perjuicio de la aplicación por los Estados de las penas prescritas por su legislación nacional…” En una sana critica, se debe aplicar la ley penal nacional, que define el poder judicial.

  1. El legislador cuenta con un amplio margen de configuración y apreciación nacional para el diseño de la política criminal y el derecho penal y la única restricción o limitación se deriva de la Constitución y las normas que integran el bloque de constitucionalidad.

  1. De otra parte no es posible entender como puede hacerse referencia a un proceso de construcción de paz, sin comprender que debe existir un tratamiento especial y con plenas garantías de seguridad jurídica, cuando existen unas Fuerza Armadas que se encuentran bajo el amparo de la Constitución y la legalidad.

 

Finalmente vale la pena recordar que la obligación de los Estados Partes, de investigar, juzgar y sancionar estos crímenes, no significa que los Estados, tengan que derogar sus leyes y adoptar el Estatuto de Roma como código interno; como tampoco los Estados se obligan a redefinir sus leyes penales, amoldándolas a los exactos lineamientos y denominaciones del Derecho Penal Internacional.

Esperamos que el legislativo haciendo uso de su ponderación y del análisis juicioso de tantos argumentos expuestos, cumpla con aquellas responsabilidades que le han sido confiadas. No estamos hablando del presente, hablamos de un compromiso con el futuro que no puede aplazarse y que es necesario empezar a construir desde ya.