¿Hablan las regiones en las altas Cortes?

La renovación de una buena parte de la Corte Constitucional revive debates sobre los perfiles y criterios necesarios para garantizar un tribunal independiente, con idoneidad ética y altas competencias jurídicas. Uno de los criterios que menos ha recibido atención es la participación de las regiones; cuestión que debería extenderse a todas las altas Cortes.

Mario Alberto Cajas Sarria
Mario Alberto Cajas Sarria
Jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad Icesi, Cali.
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17 de Mayo de 2017

 

 

Comenzó la renovación de una buena parte de la Corte Constitucional. El Senado de la República acaba de elegir dos magistrados de las ternas que le presentó el presidente de la República. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia recién conformó una de las dos  ternas para que el Senado llene dos vacantes.

Con la integración de las ternas y la elección de los magistrados han revivido debates sobre los perfiles y criterios necesarios para garantizar un tribunal independiente, con idoneidad ética y altas competencias jurídicas. Hay voces que proponen una mayor participación de la mujer y de la academia legal en el tribunal constitucional. En parte, parece que esos clamores se han escuchado: el Ejecutivo le presentó al Senado una terna integrada solo por mujeres y los candidatos de sus dos ternas en su mayoría provenían del mundo académico. Por su parte, el Senado eligió a una mujer con destacada trayectoria profesional y a un reconocido académico para integrar la Corte Constitucional. En cuanto a la terna que conformó la Corte Suprema de Justicia, hay una mujer, un académico y un candidato con vínculos universitarios.

No obstante, otros criterios para conformar el tribunal constitucional han recibido menos atención de la opinión pública, de la academia jurídica y de quienes participan en la elección de los magistrados, como es el caso de la participación de las regiones en esa corporación; cuestión que debería extenderse a todas las altas Cortes.

Si bien la Constitución y la ley vigentes no exigen “cuotas regionales” en las altas cortes, y sería indeseable que así lo fuera si ello se entiende como sistema de “arreglo político”, esa diversidad jurídica regional es un criterio valioso. Hay suficiente literatura que justifica en la teoría y la práctica la diversidad de orígenes, ideologías y formaciones jurídicas de quienes integran las cortes, pues esto contribuye a mejorar la calidad de la deliberación y de las decisiones de los tribunales. Además, se trata de la conformación de órganos de cierre de las jurisdicciones de todo el país, o que administran la justicia o ejercen la disciplina sobre jueces y abogados en todo el territorio de la nación, o del tribunal que defiende la Constitución Nacional.

La cúpula judicial colombiana está compuesta en su mayoría por juristas bogotanos, egresados de pocas Facultades de Derecho de la capital del país, o que migraron desde las regiones a esa ciudad para desarrollar sus carreras profesionales varios años antes de aspirar a las altas Cortes. Estos datos son muy dicientes: según un informe publicado recientemente por Ámbito Jurídico, la mayoría de los magistrados son egresados de universidades de la capital, así: 8 de los 9 de la Corte Constitucional, 19 de los 23 de la Corte Suprema de Justicia, y 24 de los 30 del Consejo de Estado. Como si lo anterior fuera poco, tanto las dos ternas de las que el Senado eligió a los dos nuevos magistrados de la Corte Constitucional, como la que acaba de presentar la Corte Suprema de Justicia las conforman juristas provenientes de universidades bogotanas. Si bien esto puede tener relación con la alta calidad académica de las Facultades de Derecho de la capital del país, se debe tener en cuenta que tal condición también la reúnen instituciones ubicadas en las regiones. 

La historia colombiana muestra que las regiones no siempre tuvieron baja representación en las altas Cortes. En tiempos de la organización federal, por ejemplo la Constitución de 1863 estableció que en la Corte Suprema Federal no podría haber más de un magistrado por cada estado de la Unión. Incluso bajo la centralista Constitución de 1886 las regiones tuvieron peso en la cúpula judicial: entre 1910 y 1957, cuando el Presidente de la República presentaba al Congreso los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procuraba equilibrar la representación de los partidos políticos, así como de las regiones del país. En el Congreso también hubo alianzas interpartidistas para hacer respetar la representación de los departamentos en el máximo tribunal de justicia. Por último, se podría afirmar que hubo cierta diversidad regional bajo el sistema de cooptación, integración paritaria y de magistraturas vitalicias que ordenó el Plebiscito de 1957, y que estuvo vigente hasta 1991.

Sin duda la distancia que separa al centro y las regiones del país no solo está relacionada con las competencias sobre el territorio, o la disponibilidad de recursos económicos o la capacidad institucional, sino también con modos más invisibles de ejercer y distribuir el poder: ¿Cuántas regiones nunca han tenido voz en las altas Cortes? ¿Qué posibilidades tienen los abogados de las regiones para acceder a la cúpula judicial si no egresan de universidades capitalinas o se mudan a Bogotá?

El Posconflicto podría ser una oportunidad para escuchar a jueces, académicos y juristas de las regiones, en especial de aquellas más olvidadas del país. Por ahora esto no parece prioritario en las agendas políticas, pero tal vez la palabra la tengan la rama judicial y la sociedad colombiana.