Fuerzas Militares y Derechos Humanos

Quienes ligeramente afirman que a las Fuerzas Militares poco o nada les importan la protección de los Derechos Humanos en Colombia, desconocen de tajo más de 23 años de trabajo ininterrumpido y el tesón de 268 oficinas con dedicación exclusiva a estos asuntos.

José Obdulio Espejo Muñoz
José Obdulio Espejo Muñoz
Especialista en Derecho Internacional de Conflictos Armados - Coronel retirado del Ejército
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08 de Septiembre de 2017

En las sociedades de América Latina o de África, los vocablos fuerzas militares y Derechos Humanos (DD.HH.) están en permanente dialéctica, a tal punto que en muchos sectores académicos, políticos y sociales se considera que ambos son excluyentes y hasta disonantes.

Esta particular mirada -matizada quizá por tendencias ideológicas extremistas- pregona un natural divorcio entre los militares y los ciudadanos y sus derechos, casi que otorgándole a los primeros el rótulo de victimarios, pues, dicen quienes están a favor de esta conjetura, que en su naturaleza está intrínseca la violación de los mismos.

La negación de las condiciones del otro ha llevado casi que a institucionalizar y estereotipar a los militares con esta carga negativa. En este controversial atisbo, los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia no son la excepción a la regla.

Durante décadas, estos sectores contestatarios han pregonado que los militares colombianos son esencialmente violadores de Derechos Humanos si se observa su rol a la luz de la Declaración Universal de 1948 y las normas que el Sistema Interamericano y la Constitución consagran para su protección, promoción y difusión en nuestro país.

Tales presunciones desconocen, verbo y gracia, que en 1994 se aperturó en el comando de las Fuerzas Militares de Colombia la primera oficina de DD.HH. Para la época, nueve personas, entre uniformados y asesores civiles con formación profesional especializada, iniciaron el camino para proyectar su desarrollo en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Hoy, 23 años después, en las Fuerzas Militares funcionan 268 oficinas de DD.HH., de las que hacen parte un pequeño ejército de oficiales, suboficiales y funcionarios civiles.

En este tiempo, el objetivo de las oficinas no ha variado: intensificar las iniciativas encaminadas a la coordinación interinstitucional para permitir una comunicación adecuada, el seguimiento y el archivo actualizado de casos sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos, así como aquellos esfuerzos de capacitación, promoción y protección de los mismos.

 

El camino

La llegada del general Fernando Tapias Stahelin (q.e.p.d.) al comando de las Fuerzas Militares (1998-2002) supuso uno de los mayores impulsos históricos de los Derechos Humanos en el seno de las instituciones castrenses del país. El alto oficial convenció al entonces presidente Andrés Pastrana Arango y a su ministro de Defensa, Luis Fernando Ramírez Acuña, de la importancia de fortalecer las políticas de Derechos Humanos en las Fuerzas Militares.

Fue así como en 1998 se puso en marcha el primer Plan de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Esta carta de navegación centró los esfuerzos castrenses en varias aristas: la organización prioritaria de las oficinas de DD.HH.; el apoyo decidido a la difusión de los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el incremento de la capacitación e instrucción en los diferentes niveles.

El seguimiento de las denuncias presentadas por presuntas violaciones de DD.HH. atribuidas a miembros de la Fuerza Pública; la búsqueda de una acercamientos con ONG nacionales y extranjeras para realizar proyectos sobre la materia y el contacto permanente con miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), fueron otras tareas que fijó la estrategia.

Ese mismo año, el Comando General trazó la ruta para el comportamiento de las tropas frente los resguardos indígenas existentes en el país. El propósito de la medida, que continúa vigente, no es otro que velar por el respeto de los derechos constitucionales de estas poblaciones y la preservación del medio ambiente que los circunda.

Cuatro años después (2000) se recibieron del Gobierno, a través del ministerio de Defensa Nacional, directrices encaminadas a lograr que la totalidad de las operaciones militares se realicen a tono con los DD.HH. y el DIH.  Para lograrlo, los responsables del tema definieron dos caminos, a saber:

En primer lugar, el Comando General formuló su plan de acción bajo cuatro ejes orientadores: 1) defensa institucional; 2) organización del sistema de DD.HH. y DIH al interior de la institución; 3) capacitación, promoción y prevención y 4) denuncia de las infracciones al DIH y violaciones de los DD.HH. atribuidos a  los grupos al margen de la ley. 

En segundo lugar, se emitieron  el Plan de Integración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y del Derecho Internacional Aplicable en situaciones de Conflicto Armado (DICA). Estos conceptos fueron incluidos en los manuales de doctrina y formación militar con enfoques operacionales y de transversalidad curricular y gradual.

En el 2003, las Fuerzas Militares de Colombia reforzaron las políticas en materia de protección de los derechos de las comunidades Indígenas y otros grupos minoritarios y étnicos.

En este camino, uno de los mayores hitos tuvo lugar en 2008, cuando el ministerio de Defensa Nacional emitió la Política Integral de DD.HH. y DIH, la cual se apoya en tres propósitos fundamentales: 1) Articular el sistema de enseñanza de DD.HH. y DIH; 2)  Adecuar los métodos de instrucción en DD.HH. y DIH a las necesidades de la Fuerza Pública en el contexto actual y 3) Integrar todas las capacidades de que dispone la Fuerza Pública para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones en estas materias.

Desde ese año, el desarrollo de la política se materializa a través de cinco ejes estratégicos: instrucción, defensa, atención y cooperación. De ahí nacen, por ejemplo, el sistema de recepción de quejas y reclamos por presuntas violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH atribuidas a integrantes de las Fuerzas Militares y, un año después, las medidas contra la impunidad en casos de graves violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH.

En ambos casos, las Fuerzas Militares se obligan a aclarar los hechos en el menor tiempo posible, lo que lleva a crear los enlaces con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar, entre otras instancias del orden nacional.

 

Capacitación

Es tal la importancia de los DD.HH. en las Fuerzas Militares, que en la última década se han capacitado casi dos millones de sus integrantes en las escuelas de formación y capacitación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Más de 859 mil lo han hecho de manera curricular y 956 mil extracurricularmente.

En ambos casos, los oficiales, suboficiales y soldados han recibido  instrucción y lineamientos para un impecable ejercicio militar en contextos de conflicto armado, bien sea  de carácter internacional o no internacional, al igual que durante el ejercicio militar en tiempos de paz.

Pero quizá el hito más significativo en esta línea estratégica fue la creación de las pistas de Derechos Humanos. Esta herramienta pedagógica cuenta con siete estaciones o escenarios que representan situaciones donde se debe actuar aplicando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

De esta manera, los militares colombianos  saben qué hacer y cómo actuar cuando se encuentran con la realidad en el área de operaciones. Las pistas enseñan el buen trato al enemigo, la atención al herido en combate, los derechos del capturado, las normas para la defensa de la vida de la población civil, las reglas de enfrentamiento  y el respeto por las autoridades y la legislación indígena, entre otros tópicos.