El liderazgo policial: posicionando la convivencia en el territorio

Basados en la transformación de la educación en la Escuela de Postgrados de Policía, para la formación oficiales líderes innovadores y efectivos. Se muestran algunos retos que un comandante debe afrontar para articularse con la institucionalidad local del Estado en el diseño de la política pública de convivencia y seguridad, por ejemplo en La Jagua de Ibirico.

Andrés Pérez Coronado
Andrés Pérez Coronado
Mayor Policía Nacional de Colombia
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04 de Septiembre de 2016

Con la construcción de paz en Colombia a puertas de ser un camino viable, existe la necesidad prioritaria de fortalecer la presencia del Estado como un ejercicio de consolidación del sistema político en el territorio, pensando en el fortalecimiento local, lo que supone, básicamente, un manejo adecuado de la convivencia y, en particular, la seguridad de los municipios del país. De esta manera, se supone que la gestión pública de la seguridad territorial deberá constituirse en un ejercicio de abajo hacia arriba, desde el accionar de todos los actores de paz hasta la política pública y decisional de sus gobiernos locales; al menos este es el fundamento que ha regulado y motivado la implementación de los Planes Integrados de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC).

Según el Ministerio del Interior (2013), un PISCC es un documento que contiene una serie de “estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que tienen como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia, delincuencia, crimen organizado e inseguridad que afectan a la ciudadanía (…).  [Además es] un insumo fundamental para determinar las inversiones que se realizarán en materia de seguridad y convivencia ciudadana (…) [y] una oportunidad para abordar integralmente los temas de seguridad y convivencia con el concurso de distintos actores y sectores”. En este sentido, requiere de la coordinación de diversos factores humanos y logísticos, que van desde la elaboración de un diagnóstico hasta la reunión y el consenso de diversas instancias institucionales y ciudadanas, y la implementación-evaluación de su contenido.

Por lo tanto, se supone que los PISCC orientan la toma de decisiones de gobierno hacia la superación de aquellos hechos sociales que más necesitan atención, en términos de seguridad y convivencia, lo que implica la actividad proactiva y coordinada de todos los actores en esta materia, en especial, las autoridades de policía. Esto obliga a reflexionar en torno al siguiente cuestionamiento: ¿Hasta qué punto la labor de las autoridades de los gobiernos municipales se ve legitimada o desprestigiada por la adecuada o débil implementación de los PISCC en sus respectivos territorios?

Este interrogante merece ser observado desde ejemplos locales concretos. En el presente artículo se ha elegido una experiencia de policía situada en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Este territorio, desafortunadamente, padeció a todos los niveles el conflicto armado interno, pues en él concurrieron paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, bandas delincuenciales y otros actores que afectaron a la población con asesinatos, desplazamientos selectivos, amenazas, desapariciones forzadas, y en general, produjeron millares de víctimas que hoy en día están en mira del Gobierno Nacional para su reparación. Actualmente, afronta problemas como hurtos, amenazas, violencia intrafamiliar, lesiones personales, entre otros, que afectan la convivencia y merecen ser tratados de manera integral, es decir, problemas ciudadanos en un contexto de postacuerdo, que hace que estos asuntos tengan unas características particulares en la respuesta del Estado.   

En este municipio, en principio llegó el Subteniente Edwin Fernando Arévalo Torres, egresado de la Escuela de Posgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” (ESPOL) del diplomado en Liderazgo Público y Paz Territorial, como requisito para acceder al siguiente grado policial. El nuevo comandante de policía de la estación de este municipio, utilizando las competencias recién adquiridas, detectó la inexistencia del PISCC y se asesoró con la ESPOL y a través del Teniente Carlos Enrique Isaza García, investigador de esta institución, se iniciaron acercamientos con la comunidad y los diferentes líderes locales. El Teniente realizó un ejercicio metodológico para identificar las necesidades reales de convivencia y seguridad ciudadana con el fin de formular los que serán estipulados en el Plan que en la actualidad se está diseñando para su adecuada implementación.

Cabe señalar que este trabajo metodológico coincidió con la citación de control político por parte del concejo municipal al comandante de estación. Allí se encontró una situación de descontento y desaprobación social por parte de varios sectores de la comunidad. El clima de inconformidad era tal que todos los actores señalaban constantemente a la Policía por el desorden social y la inseguridad, debido a que esperaban que todas las funciones públicas en materia de seguridad fueran ejercidas por este cuerpo-institución en dicho municipio y, ante la desinformación sobre este aspecto, expresaban su molestia con la Institución, argumentando la pérdida de confianza ante la comunidad.

En ese espacio democrático citado por el Concejo Municipal, se insistía en que la policía estaba siendo reprochada y desvirtuada. Los argumentos utilizados eran en algunos casos categóricos, como por ejemplo, que la policía allí había estado vinculada a casos de corrupción y negligencia procedimental; pero en otros, se basaban en prejuicios y pocas respuestas e información, por ejemplo, se pensaba que la policía podía trascender sus funciones de vigilancia y asumir el gasto público para solucionar dificultades con el alumbrado y otras condiciones que generan inseguridad, como el control de accidentes de tránsito, cuando se requiere por lo menos un plan local de seguridad vial para coadyuvar en las campañas educativas y de prevención, etc.

No obstante, el mencionado control político permitió proponer una adecuada delimitación de funciones y aprovechar el diálogo para superar el conflicto, apelando al consenso y la participación de nuevos actores para la solución coordinada de las problemáticas de inseguridad, que necesariamente requieren de un PISCC completo y enmarcado en la realidad. En este punto, se demostró que la Policía no es el único actor responsable de garantizar la convivencia y seguridad, sino que coadyuva a su cumplimiento mediante el trabajo conjunto con otras instituciones del Estado que, hasta el momento, han pasado desapercibidas en la aplicación de las medidas.

Si bien es cierto que la Policía Nacional en este municipio no desconoce que en el pasado se presentaron problemas de credibilidad institucional como los mencionados, el problema de fondo va más allá. Por eso el subteniente Edwin Arévalo enfatizó en que, sin la formulación e implementación ordenada de un PISCC como herramienta territorial, la convivencia y seguridad ciudadana se convierten en una misión difícil de alcanzar, debido a que se desconocen los roles institucionales, se sobreponen atribuciones a las autoridades, se desconfía del prójimo y se vive en un estado contrario al sosiego: la incertidumbre social.

Se espera que estas dinámicas se conviertan, a través de la estrategia y coordinación, en un futuro caso de transformación positiva de la convivencia del territorio y los oficiales que pasan por la capacitación de la Escuela de Postgrados sean un ejemplo continuo de liderazgo público, un ejemplo que inspire la actividad formativa para seguir aportando desde la academia a la construcción de la paz en Colombia en las décadas venideras.

Por lo anterior, la Escuela de Postgrados de Policía ha repensado y reformulado su método estratégico orientado a la transformación de la educación policial, a través de los diferentes encuentros de planificación educativa bajo la rigurosidad del análisis y como fruto de la aplicación de herramientas prospectivas. Esta institución educativa le apuesta a formar líderes para la innovación y efectividad del servicio de policía ante los retos de seguridad, convivencia y paz, de manera que se ha comprometido con la generación de competencias del ser (ser persona), saber (ser estratégico) y hacer (ser transformador) todo bajo el fundamento de la ciencia de policía.

Este compromiso se ha alineado con la coyuntura política del país, y la Institución ha encauzado su labor hacia la continua adaptación, análisis y visualización de los fenómenos sociales, y con ello, hacia la búsqueda de una paz fundamentada en la convivencia. La educación policial está generando el cambio, pero ¿Qué cambio debe generar el liderazgo de la institucionalidad del Estado en lo local?