El Alcalde no se puede quedar solo

Se puede asegurar que en algunos de estos grupos criminales han actuado abuelos, padres, hijos y nietos.

Hugo Acero
Hugo Acero
Experto en seguridad y convivencia
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10 de Noviembre de 2017

*Hugo Acero es asesor de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá 

Ya son varias las amenazas de muerte que ha recibido el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Desde el primer día de su gobierno, y como siempre, la Policía y la Fiscalía han estado ahí, mejorando su esquema de seguridad e investigando y persiguiendo a los criminales que las realizan.

Sin embargo, las acciones no se deben limitar a solo esto. Es necesario comprender que esas amenazas responden a la decisión del Alcalde de enfrentar de manera decidida a las bandas y grupos criminales, que por más de cincuenta años han actuado en las comunas y barrios de Medellín afectando de manera grave la seguridad y la convivencia ciudadana y por tanto se requiere del apoyo decidido del Gobierno Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de Hacienda y de las demás autoridades de seguridad y justicia para enfrentar estas amenazas que son contra el Estado en su conjunto, hoy en cabeza del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.     

Hay que reconocer que en Medellín no se está ante una delincuencia común y organizada de las que tradicionalmente hay que enfrentar en materia de seguridad en la mayoría de las ciudades. Se está ante una delincuencia estructurada que se ha mantenido desde los años 70 y 80 con el auge del contrabando y el narcotráfico, la presencia y accionar urbana de las guerrillas (ELN, Farc), paramilitares de los 90 y bandas criminales que aparecieron tras la desmovilización de las autodefensas desde comienzos de este siglo; grupos delincuenciales organizados que han permanecido y alimentado con varias generaciones de jóvenes, que de acuerdo con el dominio y control territorial de uno u otro grupo, se cambian de brazalete.

Se puede asegurar que en algunos de estos grupos han actuado abuelos, padres, hijos y nietos.

Por esto, no es de extrañar que detrás de las amenazas que hay se hacen nuevamente al alcalde esté el grupo delincuencial de “La Terraza” que era parte de las estructuras del narcotráfico de los años 80 y que permanece hasta hoy.

También hay que reconocer que estos grupos delincuenciales operan más allá de los límites geográficos de la Ciudad. Medellín es el epicentro más importante de la región noroccidental y parte del centro del país. No solo desde el punto de vista económico, social y político formal, sino también para quienes desarrollan actividades delincuenciales a través de narcotráfico, minería ilegal, contrabando, explotación ilegal de los recursos naturales, trata de personas, comercio de armas, extorsión, etc.

Estas actividades delincuenciales se desarrollan a través de siete áreas importantes de la región. La primera, medio y bajo Atrato, hasta la desembocadura en el golfo de Urabá; la segunda, hacia el Nudo del Paramillo; la tercera, pasando por Murindó hasta el nordeste, donde Dabeiba, Ituango, Peque y Anorí, unidos a Briceño, Toledo y San Andrés de Cuerquía, conforman un corredor de cultivos ilícitos; la cuarta, va desde El Bagre hasta Santo Domingo (nordeste); la quinta hacia el oriente antioqueño; la sexta el sudoeste y la séptima el Área Metropolitana, donde desde Bello, Itaguí y Envigado operan algunas cabezas y estructuras principales del crimen organizado.

Como se puede ver, se está ante estructuras complejas del crimen organizado que en su operar trascienden las fronteras de la ciudad de Medellín y sin la participación decidida del Gobierno Nacional, del Departamento, de las autoridades de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía y de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF del Ministerio de Hacienda, para perseguir y expropiar los recursos ilegales, va a ser muy difícil enfrentar los problemas de violencia y delincuencia de la ciudad, del Área Metropolitana, del Departamento y de la región noroccidental del país.

Con el concurso y liderazgo del Gobierno Nacional y de la Alcaldía, se requiere un plan bien estructurado en materia de inteligencia, investigación criminal y operatividad en contra del crimen organizado que opera en la ciudad de Medellín y en la región, a través de estructuras de apoyo lideradas por la Fiscalía General de la Nación, que debe asignar fiscales especializados en bandas criminales para que lideren los grupos de investigación criminal.

Hay que sacar adelante la propuesta de sometimiento a la justicia y se debe desarrollar un plan interinstitucional de intervención de los territorios donde por largos años han operado estos grupos criminales y han sometido, a punta de terror, a sus habitantes.

Además, hay que involucrar, respetando la independencia de los jueces, al Consejo Superior de la Judicatura para que vigile, más de cerca, los comportamientos de algunos de estos funcionarios que con sus decisiones están favoreciendo a los criminales.

Se requiere un plan de investigación criminal, inteligencia y operatividad de corto, mediano y largo plazo, que inclusive supera el periodo de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez. El Gobierno Nacional, no solo la Policía, debe involucrarse y asumir que este es un problema de la región noroccidental del país, donde Medellín es el epicentro desde donde operan las bandas criminales, un problema que supera las capacidades del alcalde y de las autoridades locales.